Mazón destaca que los préstamos bonificados ahorran 23 millones a autónomos y pymes

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que la Generalitat, a través de los préstamos bonificados puestos en marcha desde el Institut Valencià de Finances (IVF) y Afín SGR, “ha aprobado 580 operaciones de financiación a coste cero en las que autónomos y pymes se han ahorrado 23 millones de euros”.

El jefe del Consell ha incidido en “la firme apuesta por dotar al tejido productivo de instrumentos que faciliten su reactivación, no le supongan cargas financieras y atiendan a sus necesidades para que puedan efectuar las inversiones para la recuperación de instalaciones, maquinaria, equipos y reponer el stock perdido”.

En concreto, se han aprobado 76 operaciones de la línea IVF por un importe total de 45 millones de euros que han supuesto un ahorro en costes financieros de 7,6 millones.

En el producto financiero Afín SGR, las actuaciones autorizadas ascienden a 504 por un montante total de 116,4 millones de euros y un ahorro de intereses de 15,4 millones, según fuentes de la Generalitat.

Mazón ha explicado que se trata de "instrumentos excepcionales que se ofrecen al 0% de interés, con amplías carencias y sin comisiones de ningún tipo, evitando que las empresas tengan que aportar fondos propios en un momento complejo debido a los daños causados en sus negocios".

La Generalitat ha habilitado 350 millones de euros en líneas de crédito, con una aportación directa de 65 millones para cubrir los intereses. “Se trata de una iniciativa pionera que permite cubrir hasta el 100% de las inversiones necesarias para la recuperación de empresas y autónomos damnificados por las inundaciones”, ha indicado Mazón.

La línea gestionada por el IVF está dotada con 200 millones de euros y ofrece préstamos de entre 200.000 y 3 millones de euros para empresas, con plazos de hasta 10 años y con hasta tres de carencia, y en operaciones para la reposición de existencias, hasta cuatro años con uno de carencia.

Por otra parte, Afín SGR ha puesto en marcha una línea de financiación también a coste cero dotada con 150 millones de euros. Este instrumento financiero se dirige a autónomos y pymes, a los que se ofrecen préstamos de entre 25.000 y 1.000.000 euros, con plazos y carencias similares a los ofrecidos en la línea IVF.

En este sentido, Mazón ha reclamado al Gobierno central más agilidad en los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros y ha instado a implantar una política de “fiscalidad cero y reducción de trámites” para acelerar la llegada de todas las ayudas.

El jefe del Consell ha subrayado que los préstamos bonificados se enmarcan “en un conjunto más amplio de medidas impulsadas por la Generalitat para respaldar a los sectores productivos de las zonas afectadas por la riada.

Estas actuaciones incluyen ayudas directas sin burocracia, inversiones para la reconstrucción de infraestructuras e incentivos fiscales, “con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad económica y fomentar la generación de empleo”, ha asegurado.

En este sentido, cabe señalar la ampliación de las ayudas destinadas a compensar la pérdida de vehículos provocada por las inundaciones, que ahora abarcan no solo turismos, sino también autobuses, camiones de más de 3.500 kg, tractores, caravanas y autocaravanas, remolques y maquinaria automotriz y remolcada, entre otros. Además, estas ayudas se extienden a personas jurídicas, incluyendo empresas y entidades.

Asimismo, ha recordado otras líneas de apoyo como los 100 millones de euros para autónomos con empleados y empresas, gestionados por la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y los 90 millones de euros dirigidos a autónomos sin asalariados, a través del servicio de empleo Labora.

Estas iniciativas se complementan con el Plan ‘Ara Empreses’, dotado con 127,4 millones de euros, orientado a la recuperación y reactivación de pequeñas y medianas empresas del sector industrial, comercial, hostelero y de servicios, así como la línea de 10 millones de euros, destinada a impulsar la internacionalización de las empresas afectadas por las riadas, reforzando así su capacidad de competir en los mercados exteriores.