Un informe técnico decidirá el estatus de los diputados tránsfugas de Ciudadanos en el Parlamento valenciano

Los grupos de Les Corts han aplazado la decisión sobre el estatus de los cuatro diputados tránsfugas de Ciudadanos hasta que reciban un informe técnico encargado al servicio jurídico de Les Corts que aclare la situación en que deben quedar.

La síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, ha insistido en que no puede permitirse que los tránsfugas adquieran los mismos privilegios que el resto de diputados. La base de esta argumentación va más allá de lo que podría considerarse una pataleta. La portavoz de la formación naranja ha defendido que en la anterior legislatura, cuando otros cuatro diputados de Ciudadanos abandonaron la formación para conformar los «Agermanats», aún no se había actualizado del Pacto Antitransfuguismo firmado en el ámbito estatal en noviembre de 2020.

Merino ha argumentado que los tránsfugas no pueden tener privilegios, más allá de sus derechos parlamentarios avalados por el Tribunal Constitucional. En varias sentencias recoge su derecho a mantener el acta aunque abandonen la formación parlamentaria por la que concurrió a las elecciones. Por tanto, el salario base de un diputado, que supera los 35.000 euros, es indiscutible, así como las indemnizaciones que les correspondan por desplazamiento y exclusividad.

Sin embargo, hay otras cuestiones, como la portavocía en las comisiones o la asignación que podrían recibir para asesores, que no están protegidas por ninguna ley y aquí es donde Merino insiste. «Mantener unos privilegios a los tránsfugas por costumbre supone dar alas a este tipo de corrupción y tirar por tierra los acuerdos alcanzados en materia de antitransfuguismo en Les Corts».

A la espera del informe del letrado que aclare todas estas cuestiones, parece que existe unanimidad en el resto de fuerzas políticas y que se acordará reducir al máximo los privilegios.

El pacto

El pacto antitransfuguismo indica que la persona que abandona su partido no puede recibir «privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular». Añade además que «no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente».

De no respetarse estos principios, Ciudadanos sería el principal perjudicado. Al bajar de 18 a 14 diputados vería reducida la asignación que reciben para su propio funcionamiento.

De momento, han pasado a ser la cuarta fuerza política y harán sus intervenciones después de Compromís. Un detalle que marca un primer cambio para Cs.