El empresario Febrer anotaba las reuniones, las mordidas y los regalos

El empresario detenido en la operación Azud, Jaime María Febrer, está colaborando con los investigadores más allá incluso de las luces que su declaración ante la UCO arrojó sobre el tema.

La minuciosidad con la que Febrer anotaba en sus agendas ha servido de guía a la Guardia Civil para seguir el rastro de las mordidas y los avances de las actuaciones urbanísticas que eran desarrolladas a golpe de soborno. Ser ordenado y meticuloso puede no ser una virtud cuando se trata de corromper a políticos y funcionarios y sin duda, las agendas de Febrer serán una importante prueba de cargo contra alguno de ellos.

En las agendas del empresario constructor que pagaba las mordidas para desbloquear proyectos o modular a su gusto los pliegos de condiciones, está todo apuntado. Citas, reuniones, comidas como la que juntó en la mesa a Pepe Cataluña, José Luis Vera, Rafael Rubio y Jaime Febrer en un restaurante y a partir de la cual el concejal socialista empezó a ver con mejores ojos las actuaciones del constructor y a criticar menos a Alfonso Grau.

En las agendas también se reseñan los obsequios que un generoso Jaime Febrer enviaba a todo el mundo. A todos. Autoridades de uno u otro color, asesores, funcionarios y hasta secretarias, porque nada más efectivo que adorar al santo por la peana.

Estos obsequios, cuyo conste superaba en ocasiones las tres cifras, como es el caso de los relojes de lujo, conllevan una responsabilidad distinta según quién sea su receptor, ya que en el caso de ser funcionarios o cargos públicos podríamos estar ante un delito de cohecho.

En Urbanismo

Por otra parte, un grupo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudió ayer a una de las sede del Ayuntamiento de Valencia, concretamente la del edificio de Tabacalera, para reclamar documentación relacionada con iniciativas urbanísticas en el marco de la causa conocida como Azud que investiga el Juzgado de Instrucción número 13.

Según han confirmado fuentes del Consistorio, los agentes acudieron a las oficinas municipales ubicadas en la calle Amadeo de Saboya, donde se encuentra el área de Urbanismo.

Los agentes podrían haber retirado información relativa a expedientes del año 2007.

En esta causa, que está bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales, la mayoría entre 2004 y 2011.

Las cinco personas que están en prisión permanecerán en ella hasta que haya desaparecido el riesgo de destrucción de pruebas, nunca antes de que se materialicen varias comisiones rogatorias cursadas a países tanto europeos como extracomunitarios reclamando información y el bloqueo de fondos.