Anticorrupción pide una pena de doce años de prisión para Carlos Fabra

La Fiscalía Anticorrupción de Castellón ha pedido una pena de prisión de doce años para el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, por presuntamente urdir una trama de ocultación patrimonial a través de diversas empresas y con la colaboración de su familia y de diversos empresarios para no hacer frente a los pagos reclamados por el juzgado tras haber sido condenado a cuatro años de prisión y una multa de 1,4 millones.

Le acusa de los delitos de insolvencia punible, frustración de la ejecución, blanqueo de capitales cohecho y pide además imponer una multa de más de tres millones de euros así como la adopción de “medidas cautelares contra los acusados, exigiéndoles fianza suficiente para asegurar el pago de las responsabilidades”.

Además, el fiscal acusa a su mujer de los delitos de insolvencia punible, frustración de la ejecución y blanqueo de capitales y solicita una pena de 7 años de prisión; para su hijo Borja pide una pena de prisión de 11 años y para su hija Claudia y su cónyuge pide 7 años de prisión.

La Fiscalía pide para Fernando Roig y su hijo, Fernando Roig Neguerola, penas de prisión de cuatro años y siete meses por los presuntos delitos de insolvencia punible y de frustración de la ejecución y por el delito de cohecho y para el empresario Enrique Gimeno, responsable de la empresa FACSA, una pena de prisión de nueve meses por un presunto delito de cohecho.

El escrito explica que Fabra fue condenado en 2013 por un delito fiscal a cuatro años de prisión y a una multa de 1,4 millones de euros. En 2020 la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón certificó que quedaba pendiente el pago de 1,03 millones de esta multa.

La Fiscalía Anticorrupción de Castellón señala que con “la finalidad de ocultar su patrimonio ante la Administración Tributaria y ante la Administración de Justicia”, Carlos Fabra, desde su encausamiento en 2004, “urdió y utilizó una amplia trama económica, financiera y contable contando para ello con la ayuda directa y habitual de su esposa, de sus hijos (Claudia y Borja), de su yerno, y de terceras personas” e hizo uso de diversas “sociedades pantalla”.

De manera “no habitual” han cooperado para dicha finalidad, según el escrito, Fernando Roig y su hijo Fernando Roig Negueroles.

El fiscal explica que “la aparente situación de penuria económica en la que aparece Carlos Fabra es notablemente discorde con el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 consta haber utilizado por un montante total de 2.696.994,73 de euros y con la intensa actividad bancaria por él organizada, con unos abonos bancarios brutos en conjunto superiores a los 26.000.000 de euros que a través de diversas operativas continuadas en el tiempo han impedido satisfacer la deuda pendiente de ejecución”.

Y relata numerosas operaciones bancarias para “satisfacer los intereses cambiantes en función de las circunstancias de Carlos Fabra”, su mujer y sus hijos con “ventas falaces”, “precios desorbitados e injustificados aumentos de valor” o “deudas inexistentes”.

Se refiere en concreto al préstamo personal con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual de Carlos Fabra en Oropesa, por valor de 1,4 millones de euros a cargo de una mercantil (NEROFER) cuyo “administrador único era Fernando Roig Negueroles, y anteriormente su padre”, sin que conste “devolución de importe alguno ni reclamación”.

De entre esa actividad económica, dice Anticorrupción, “cobra especial relevancia el abundante caudal de abonos en efectivo en cuentas de Carlos Fabra, que asciende a 2.696.994,31 euros de los que puede afirmarse su origen ilícito”.

Todo esto con las circunstancias de que Carlos Fabra “carece de actividad negocial que pudiera haberlo generado”, de que se concertaron “préstamos bancarios sin otra justificación que la de invertir el efectivo en su pago” y de que “se utilizaron complejas operativas de ingreso carentes de justificación con la sola finalidad de evitar los controles internos de las entidades financieras en materia de blanqueo de capitales”.

Estos ingresos en efectivo, añade el fiscal, “se hacían en billetes de alta denominación, especialmente de 500 euros, se utilizaba a personas como familiares, escoltas o conductores para ejecutarlos”.

Además, añade la Fiscalía, “existe constancia de la vinculación de Carlos Fabra con personas que le entregaron cantidades elevadas a fondo perdido en el mismo periodo de tiempo en consideración a su influencia política”.