Tribunales 2021: un año con más archivos que condenas para los políticos valencianos

Durante el año que ya acaba la denominada burbuja de las corrupción se ha ido desinflando con el archivo en muchas ocasiones de las causas más mediáticas, muchas de las cuales ayudaron a los partidos de la oposición en los años en los que surgieron estos procesos, a ir subiendo peldaños hacia la moqueta de lo que hoy es el Govern del Botànic.

Sin duda, el máximo exponente de la judicialización de la vida política ha sido el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ya lleva archivadas ocho causas de las nueve que se le han abierto. Este año también ha cosechado varios archivos. Otras, como Consuelo Císcar, también ha visto como los tribunales le exoneraban en la causa de la compra de obra póstuma de Gerardo Rueda, después de condenarla, eso sí, por beneficiar a su hijo con fondos y recursos del museo que entonces presidía su madre, el IVAM.

Pero sin lugar a dudas, el archivo más sonado sería en de los 50 “pitufos” (sería más exacto hablar de 47) que tras seis años de acusación de blanqueo en los fondos con los que el PP afrontó las campañas electorales de 2007 y 2011, han visto como su causa se archivaba en un visto y no visto en cuanto salió de Instrucción y llegó a la Audiencia, bien es cierto que con un minoritario voto particular en contra de una magistrada.

Mes a mes

Pero vayamos por partes, el año 2021 empezaba con el auto de procesamiento abreviado que una de las piezas de la causa Taula, concretamente la relativa a Thematica Events que procesaba, cómo no, al yonki del dinero, Marcos Benavent. Aún faltaban unos meses para que el principal procesado admitiera que en el resto de piezas que se abrieron por su testimonio, declaró lo que le dio la gana.

Apenas trascurrido unos días de este año marcado por la pandemia, el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta fue “dimitido” por colarse en el turno de vacunación de la por entonces ansiadísima vacuna covid.

Corría aún el mes de enero, y el diputado nacional Joan Baldoví (Compromís) fue absuelto de la acusación de delito urbanístico durante su época de alcalde de Sueca.

No tuvo la misma suerte el denominado “hombre de los dos mil tumores” que en el mes de febrero fue condenado a dos años de prisión y a devolver el dinero que había cosechado gracias a la buena intención de miles de personas que se apiadaron de su supuesta enfermedad.

Y de nuevo en el fango político, el auto decretó juicio oral en la causa Alquería el 24 de febrero contra el ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez (PSOE).

Un mes más tarde se dictaba también el procesamiento de las causas Imelsa y Ciegsa por los delitos de prevaricación malversación, falsedad...

También se procesó al actor porno Nacho Vidal, por la muerte de una personas afectada por los efluvios de una novedosa droga, el sapo bufo, durante la celebración de un ritual donde el dotado actor oficiaba a modo de chamán.

El mes de mayo, además de las flores, trajo la sorprendente detención del entonces subdelegado del Gobierno, Rafael Rubio, adelantada por LA RAZÓN, lo que suponía el comienzo de la “segunda parte” de la causa Azud que se abrió en 2019 con la detención del excuñado de Rita Barberá, José Luis Corbín. Ahora, en esta nueva entrega, también fue detenido y pluriimputado exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que permanecería seis meses en prisión, y varios empresarios, presuntamente corruptores, en una trama de cobro de mordidas con el trasfondo siempre presente de un urbanismo fétido.

En el terreno de las archivos, comenzaron a caer muchas de las piezas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción , cuando se encontraba al frente de ella el hoy magistrado del TSJ aupado a este plaza por el acuerdo Botànic en Les Corts Valencianes. Así, el 19 de abril se archivó la causa de la visita del Papa a Valencia.

Un mes más tarde se dictaron los procesamiento en la pieza de los “zombies” y del “Call Center”, ambas en el cuerpo global de la causa Imelsa.

Saliendo del fango político y volviendo al devenir luctuoso de los sucesos, el 26 de mayo fueron condenados a 22 y 17 años de prisión la pareja, entonces sentimental, que asesinó al marido de ella en un garaje del barrio de Patraix. El alegato sobre el juicio paralelo en los medios de comunicación que realizó el abogado de la condenada no restó un ápice de credibilidad ni de veracidad a las puñaladas que su amante propinó a su marido tras urdir ambos un macabro plan.

Otro de los casos que provocó gran revuelo mediático y que deterioró irremediablemente la imagen del PP, también en Alicante, se quedó en dos multas. Se trataba de la causa Brugal y la pieza relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. La exalcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, se preguntó entonces quién iba a reparar tanto daño. La respuesta sigue en el viento.

Con los calores de agosto llegó la condena a Consuelo Císcar por beneficiar a su hijo e incipiente artista, a cargo del erario, concretamente, del Ivam que dirigía su madre.

Y en septiembre, la Guardia Civil se mete de lleno en la causa del cobro de subvenciones fraudulentas a los hermanos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y pide numerosas documentación. La investigación sigue abierta.

Otra condena que dio que hablar: el TSJ ratifica los cinco años de prisión al exmarido de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, por abusar de una menor que tenía a su cargo en un centro. Se confirmaba la pena impuesta en marzo por la Audiencia. La sentencia arremetía con dureza contra la Conselleria de Igualdad, que preside aún Oltra y para la que trabajaba su exmarido. La cuestión aún colea políticamente y ha supuesto una carga de profundidad en la imagen cada vez más marchita de la otrora reivindicativa política.

Otra mal llamada “viuda negra”, esta vez la de Alicante que mató a su marido minusválido compinchada con el cuidador de éste y que fueron condenado a 23 años de prisión. Corría el mes de octubre.

Unos días después, el director general de Política Lingüística era absuelto de su periplo judicial a raíz de una denuncia del PP por falsedad en documento al afirmar que las ayudas que recibieron los hermanos del presidente Puig habían sido supervisadas con rigor.

Todavía en octubre, el pintoresco autodenominado “yonki del dinero”, Marcos Benavent, dijo algo que ya muchos sabían, que las acusaciones vertidas sobre sus excompañeros del PP y que habían dado lugar a diversas causas, eran en buena parte, inventadas.

A raíz de la nueva entrega del sainete Benavent, otros procesados como Eduardo Zaplana pidieron que declarara en su causa, denominada Erial, y que surge, según la Guardia Civil, de un papel considerado “hoja de ruta” en una trama de cobro de comisiones ilegales por adjudicaciones de la Generalitat, que obraba en poder de Marcos Benavent después de que se lo diera un sirio vinculado con los servicios secretos españoles, y que residió en la misma vivienda que Zaplana, unos años después. Y, casualidades de la vida, Zaplana había olvidado ese valioso papelito junto a la caja fuerte cuando abandonó dicha vivienda en la que estuvo en régimen de alquiler. Dicho papelito y el devenir de la causa, acabó con Zaplana entre rejas durante meses.

Ya en noviembre, se archivaron las piezas de la Fórmula 1 relativas al contrato de suministros y al aval a la empresa Valmor. Camps seguía sumando sobreseimientos.

También en noviembre el Supremo exonera a Juan Soler de responsabilidad en el chapucero y pretendido secuestro de Soriano (expresidente del Valencia) y se abronca a la Policía Nacional por utilizar a delincuentes como confidentes.

Seguíamos en noviembre cuando las evidencia hacen prolongar durante dos años más la prisión provisional del presunto asesino de Marta Calvo. Sólo falta hallar el cuerpo del delito.

Hacia el final de año vuelve a reavivarse el interés por una pieza que nunca se cerró, el crimen de las niñas de Alcàsser. Una asociación de lucha contra el delito pide nuevas pruebas y diligencias que aclaran, de momento, muy poco sobre el paradero de Antonio Anglés.

Ya en diciembre, se confirma la pena de cincuenta años de prisión para los padres de Godella que asesinaron a golpes a sus dos hijos. Él irá a la cárcel, la mujer, por el mismo tiempo, al psiquiátrico.

Y el 14 de diciembre se adelantó el regalo de Navidad de los cincuenta exaltos cargos del PP en el Ayuntamiento de Valencia: la Audiencia archiva de forma contundente la causa del pitufeo que tanto embarró la vida política en Valencia y que salpicó de lleno el prestigio de la exalcaldesa Barberá, que ahora el PP quiere rehabilitar por todos los medios, después de repudiarla

También Consuelo Ciscar recibió en diciembre el archivo de la causa en la que se le acusaba de malversación por la compra de obra póstuma del escultor Gerardo Rueda.

A final de año la Audiencia Nacional archivó la causa Bellver que imputaba al cúpula del extinto Banco de Valencia y a la familia Calabuig.

Por último, hace apenas una semana, la Audiencia de Valencia condenaba a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público a Rafael Blasco, una sentencia con valor simbólico pero sin ninguna repercusión práctica.

El TSJCV y las medidas covid

Y a falta de nuevos sobresaltos de ultimísima hora, este fue el devenir judicial del año que ya acaba. Un año marcado por la pandemia donde el coronavirus también pasó por los tribunales, cerrando sedes y haciendo que los jueces legitimaran medidas restrictivas a petición del Gobierno de la Generalitat. El TSJ no solo respaldó las medidas propuestas por el Consell, sino que exoneró a éste de la responsabilidadde no haber repartido material de protección entre los sanitarios en los primeros compases de la maldita pandemia, algo imposible de hacer, porque no lo había.

Un año en el que siguieron creciendo los desahucios, pese a que algunos prometieron “aturarlos”, y que vio repuntar todos los indicadores de litigiosidad y de comisión de ilícitos, en comparación con el año anterior y su durísimo confinamiento.

Feliz año nuevo, señorías.