Cónclave de las autonomías infrafinanciadas tras la prometida reforma de Montero: "Da vergüenza ajena este Gobierno"

Hace una semana, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera una reforma del sistema de financiación autonómica en dos meses, a finales. Ayer, Montero retrasó esa fecha a lo largo del primer trimestre de 2026, es decir, hasta marzo.

Ahora, de nada sirven los plazos a quienes saben de las promesas incumplidas de Hacienda. Los consejeros de Hacienda de la Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Castilla La-Mancha y Galicia han coincidido hoy en Valencia en que no se creen esas fechas. "No podemos fiarnos de la ministra Montero. Nos ha mentido directamente en numerosas ocasiones", defendió ayer la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que hizo de anfitriona a sus compañeros.

Merino dijo ser muy "escéptica" y "casi pesimista" en que tan siquiera llegue a presentar esa reforma del sistema: "Aunque estén en modo electoral, con la falta de apoyos que tienen tan evidente, va a ser muy difícil que apruebe cualquier cosa", ha asegurado, algo en lo que ha coincidido su homólogo murciano. "No podemos darle credibilidad", ha aducido Luis Alberto Marín González, consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la Región de Murcia.

Marín ha sugerido que incluso el retraso a marzo puede estar motivo por un "cálculo político" para presentarlo a las puertas de la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas, donde Montero será la candidata del PSOE. "La última ocurrencia, si me lo permite calificarlo así de la ministra Montero fue la condonación de la deuda y ¿sabe cuál es la comunidad autónoma más beneficiada con la condonación? Andalucía. ¿Casualidad? Mire, yo creo en la causalidad, no en la casualidad. Por tanto, mucho me temo que en una esa propuesta exprés Andalucía resulte nuevamente especialmente beneficiada", ha indicado.

Los consejeros han rechazado a su vez haberse enterado por los medios de comunicación del pacto del Gobierno con Cataluña para que el nuevo sistema de financiación se aplique el principio de ordinalidad no recogido en la ley. Este mecanismo garantiza que una comunidad autónoma mantenga su posición en el ranking de generación de riqueza una vez se haya producido la redistribución de recursos. Es decir, poner un límite a la solidaridad para asegurar que las comunidades con más renta lo sigan siendo aún después de contribuir a la financiación de las de menos rentas.

El más contundente ha sido precisamente Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla La-Mancha y del PSOE. "No entendemos como desde una postura socialista se puede defender que aquellas comunidades autónomas que manifiestan una mayor capacidad económica tengan derecho a mayor financiación, porque es lo mismo que decir que aquellos que tienen mayor capacidad económica tienen derecho a una mejor prestación de los servicios públicos", ha criticado, y ha puesto un ejemplo meridiano: "Estamos trasladando así a la ciudadanía que quien paga más impuestos sobre la renta de las personas físicas, pues tiene prioridad, por ejemplo, para la sanidad".

En ese sentido, Molina ha dicho que "hay una negociación bilateral en algo que eh debería ser multilateral porque lo que es de todos debemos negociarlo entre todas las comunidades autónomas".

Imposible cumplir con el déficit

Sus declaraciones han sido en el marco de las XIII Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (Rifde) que se celebran este miércoles y jueves en Valencia bajo el título "¿Son sostenibles las trayectorias de gasto?".

Ayer mismo, el comisario de Economía de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis dijo que España “está en riesgo de incumplir el crecimiento máximo recomendado del gasto en 2026″ del 3,5% y dijo que "el hecho de que desde hace ya varios años España no esté enviando sus planes -presupuestarios- es un motivo de preocupación".

"A mí me da muchas veces vergüenza ajena que un país como España tenga este Gobierno al que Bruselas tiene que estar tirando de las orejas", ha reclamado la consellera de Hacienda.

Uno de los principales retos han dicho es cómo atenerse a la regla de gasto del 3,5% marcada por la Unión Europea y cumplir con el déficit del 0,1% marcado para el periodo 2026-2028, algo de lo que han dicho que es "imposible" de cumplir. "El déficit ya no es la regla fiscal. La regla objetivo que ha diseñado la Unión Europea es el nivel de gasto. Por eso, la ministra cuando está diciendo que ofrece una décima más de déficit es un trampantojo, no vale para nada. Si el nivel de gasto es el 3,5% sobre el año anterior, puedes poner una décima, dos décimas, tres décimas, cinco décimas que no vale para nada", ha remarcado el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos López-Prado.

El consejero gallego ha recordado que en primavera de 2024 se aprobó la normativa europea y "el gobierno de España todavía no la ha transpuesto a la normativa nacional", algo que ha reclamado que es necesario "para tener las reglas claras y saber un poco a qué aterrarnos en nuestras políticas de gasto".

Aún así, el gallego ha dicho que ese 3,5% es un reto cumplirlo ante el crecimiento de algunos gastos como la sanidad, prevista para crecer un 6% en el conjunto de las comunidades autónomas ante el envejecimiento de la población, y máxime cuando los servicios fundamentales de educación, sanidad y servicios sociales ocupan ya un 80% del gasto autonómico.

Estos consejeros defienden así los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 que introducen un déficit del 1,1% desafiando las reglas de Montero. La consellera de Hacienda ha incidido hoy en que es "imposible de alcanzar" el 0,1% del déficit previsto por el Gobierno nacional. "Evidentemente vamos a tener mayor déficit porque tenemos un déficit estructural por la falta de ingresos. Sin embargo, sí estamos en disposición de de cumplir con la regla de gasto", ha dicho, algo que según ha dicho es una "paradoja", de ahí que haya exigido a la ministra "un mayor margen y y que tengan en en cuenta las circunstancias particulares de las comunidades" en cuanto al déficit en la futura reforma.