Las facturas en los cajones del Botànic crecieron hasta los 1.516 millones en 2022

Las antes llamadas «facturas en los cajones», es decir, el gasto que se realiza fuera del presupuesto, se recoge desde hace unos años en la conocida como cuenta 413. Según el informe de la Cuenta General elaborado por la Sindicatura de Cuentas referente a 2022, la Generalitat cerró aquel año con un montante de 1.516 millones de euros en este apartado, lo que supone un aumento de 555,7 millones de euros, el 57,9 por ciento más que el año anterior.

Esta es una de las conclusiones del documento presentado ayer por el Síndic, Vicent Cucarella, tanto a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, como al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón.

El informe refleja que el Consell del Botànic cerró el año 2022 con un resultado presupuestario negativo de 3.382 millones de euros, un 57,1 por ciento superior al del año anterior y el peor de los últimos seis ejercicios.

El fondo de maniobra, que refleja la capacidad de la administración de afrontar gastos a corto plazo, fue negativo por valor de 12.811 millones de euros, mientras que el remanente de tesorería (liquidez al cierre del ejercicio), fue igualmente negativo por importe de 4.998,6 millones de euros. Ambos indicadores empeoraron respecto a 2021, lo que evidencia las dificultades financieras y tensiones de liquidez para atender los vencimientos de deuda a corto plazo.

Según el órgano fiscalizador, el resultado de su auditoría muestra el «grave y creciente desequilibrio económico-financiero, patrimonial y presupuestario de la Administración de la Generalitat a 31 de diciembre de 2022, con una alta dependencia de los ingresos del endeudamiento», después del sostenido incremento del gasto llevado a cabo por el anterior Consell y por la insuficiencia de recursos del sistema de financiación autonómica.

Entre los principales incumplimientos de la normativa de la gestión de los fondos públicos en los que se incurrió el anterior Consell en 2022, la Sindicatura destaca el excesivo recurso a los Expedientes de Resarcimiento por Enriquecimiento Injusto (EEI).

Ese año se tramitaron 611 expedientes de este tipo por valor de 1.357,7 millones de euros. Ello representa el 37,1 por ciento de las obligaciones reconocidas en el capítulo 2 (Gastos de funcionamiento), que es el capítulo en el que se generan la práctica totalidad de estos expedientes. Es decir, que más de un tercio de los gastos de funcionamiento contabilizados en 2022 por el Botànic se realizó se realizaron sin crédito adecuado y suficiente o sin contrato ni el procedimiento legal correspondiente.

Entre las conclusiones del informe, llama la atención que a cierre de 2022 había 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobación de las cinco concesiones sanitarias, cuyos importes estimados (411,1 millones de euros en julio de 2023) pueden sufrir modificaciones, por lo que se desconocen sus importes.