La labor de investigación que está desarrollando la jueza de instrucción de Nuria Ruiz Tobarra para determinar las responsabilidades en la gestión de la dana debe ir más lejos. Así lo considera la Fiscalía que solicitó el pasado 9 de abril una serie de diligencias en las que pregunta, principalmente, por la composición del Cecopi y la responsabilidad que tienen sus miembros. También requiere los informes que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y Aemet fueron emitiendo a lo largo del aquel 29 de octubre, pues se entiende que en base a ellos se procedió a la toma de decisiones.

El Ministerio Público, por tanto, solicita información de asuntos que se han puesto sobre la mesa a lo largo de estos últimos meses. Especial relevancia adquiere la pregunta sobre si se constituyó un comité de dirección dentro del Cecopi, que estaría integrado por el responsable de las emergencias en el ámbito autonómico- en este caso la ex consellera de Justicia, Salomé Pradas- y por otro del Ejecutivo central- la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Sobre esta misma cuestión, pregunta si se conformó un comité de seguimiento en el que deben estar presentes la CHJ y Aemet.

La ex consellera de Justicia, Salomé Pradas, y su número dos, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, así lo confirmaron en sus declaraciones, mientras que Pilar Bernabé lo negó. No obstante, la solicitud de información de la Fiscalía sobre esta cuestión, es anterior a sus comparecencias.

Hasta el momento, la magistrada ha dejado claro que considera que la Generalitat era la única responsable de proteger a la población, por lo que esta consideración del fiscal podría indicar que busca repartir responsabilidades. Solo así se explica que pida los nombres de todos aquellos que constituyeron el Cecopi indicando que se precise quién se conectó telemáticamente. Además, hace referencia a la parte de la reunión que solo continuó para aquellos que se encontraban en el Centro de Coordinación de L’ Eliana.

La Fiscalía además insiste en saber con detalle la documentación con la que contó el Cecopi para evaluar la situación de riesgo y sobre quién asesoró a Pradas a cerca de las medidas de protección a la población, especialmente en lo relativo al barranco del Poyo.

Con todo, y aunque la Fiscalía pregunta por asuntos relativos a la CHJ, rechaza la imputación de su presidente, Miguel Polo, y también la de varios altos cargos de Emergencias.

La CHJ debe evaluar

El catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València Javier Orduña afirmó ayer que en caso de emergencia de interés nacional como la dana la competencia fundamental en materia de seguridad pública o ciudadana la tiene el Estado, le «compete de forma exclusiva».

Según recoge EFE, el ex magistrado del Tribunal Supremo, hizo estas declaraciones durante una comparecencia como experto técnico en la comisión de investigación de la dana en el Senado e incidió en que declarar la emergencia incumbe al ministro de Interior. Durante su intervención, recordó que la dana fue una situación «absolutamente imprevisible» desde el punto de vista del ámbito técnico tecnológico, sobre todo con una precipitación que pasó de 170 litros por metro cuadrado previsibles a 700 litros, y por la duración del episodio, que fueron «casi 7 horas incesantes».

Preguntado por el papel que desempeñó la CHJ, destacó que al ser de titularidad del dominio hidráulico tiene que ejercer sus competencias y, en este caso, informar puntualmente de los caudales que se estaban registrando.

«En este tipo de emergencias, ya no basta con acudir a la página web y buscar datos, lo determinante es la valoración, gente experta que valore esos datos con acuerdo a la emergencia, no con otros datos u otros referentes posibles».