El PP fuerza al PSPV y a Compromís a mostrar su apoyo al plan de Sánchez para las empresas catalanas

La aprobación de benficios fiscales para promover el regreso de empresas catalanas a su comunidad autónoma, así como las sanciones a aquellas que no lo hagan, supondría un menoscabo al derecho a la libertad de empresa, al principio de igualdad y a la libre competencia. Así se refleja en la iniciativa parlamentaria presentada ayer por el grupo parlamentario del PP en Les Corts, una PNL en la que exige al Gobierno de Pedro Sánchez que no ceda ante los intereses independentistas y no aplique finalmente ninguna de estas dos medidas.

Con la presentación de esta propuesta parlamentaria, los populares fuerzan a los propios socialistas y a los socios de Gobierno de Sánchez -Compromís forma parte de la coalición Sumar- a pronunciarse sobre una medida, como es la de motivar el regreso de las empresas catalanas, que está incluida en el pacto de investidura firmado entre Pedro Sánchez y Junts per Catalunya.

En concreto, en el acuerdo se establece que «se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años».

La aprobación de estas medidas, señaló ayer el síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina, tendría consecuencias «fatales» para los intereses económicos de la Comunitat.

En este sentido, recordó que entre 2017 y 2020, más de 700 empresas trasladaron su sede social de Cataluña a nuestra Comunitat «huyendo de la deriva secesionista y del clima de inseguridad jurídica que provocó la declaración unilateral de independencia y todas las actuaciones relacionadas con el llamado ‘procés’ llevado a cabo en 2017. Entre ellas las únicas dos grandes empresas del Ibex 35 que tienen su domicilio social en la Comunitat», en referencia a CaixaBank y Banco Sabadell.

Mientras tanto, el expresidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig, evitó pronunciarse sobre los beneficios fiscales en Cataluña, y únicamente se refirió a las posibles sanciones a aquellas empresas catalanas que no regresen a su lugar de origen.

Puig señaló que no tiene «ningún sentido» ni «ninguna razonabilidad» la propuesta de Junts y recordó que «es imposible de hecho, en el marco europeo no se puede pretender un direccionismo económico de esas características». Además, apuntó que las empresas que vinieron a la Comunitat Valenciana lo hicieron entre otras cosas porque «aquí había un marco de estabilidad, de seguridad jurídica y de confianza». Por ello, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que mantenga dicho clima.

También la dirigente de Compromís y portavoz adjunta de Sumar, Águeda Micó, se mostró el pasado martes en contra de la medida «punitiva» planteada por los independentista, aunque también esquivó el asunto de los beneficios fiscales pactados entre Sánchez y sus socios catalanes.

En cualquier caso, la votación en Les Corts de la PNL planteada ayer por el PP obligará a los dos partidos de izquierda a pronunciarse sobre una medida ya pactada por Sánchez.