El Gobierno cental adeuda a la Comunitat Valenciana un total de 3.000 millones de euros en materia de Dependencia desde el año 2012. Cabe recordar que es obligación del Ejecutivo hacerse cargo del 50 por ciento de este gasto -el resto corresponde a la comunidad autónoma- algo que no sucede, por lo que, año tras año, se acumula una deuda de 250 millones, de la que se hace cargo la Generalitat.

Así lo explicó ayer la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, al ser preguntada por el escrito remitido por el Gobierno central a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, en referencia a la llamada ley de la Concordia presentada por PP y Vox.

Durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Camarero criticó que la «estrategia» del Gobierno de España durante los últimos días es «hacer oposición» a las comunidades autónomas «en vez de dedicarse a lo importante», como la financiación autonómica o la deuda en materia de Dependencia que, en el caso de la Comunitat, asciende a 3.000 millones de euros.

En esta misma línea se manifestó el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quien pidió al Gobierno de Pedro Sánchez que en vez de «estar buscando cartas, relatos y montando patines para ver si -según dijo- nos llama fachas a los demás todos los días» se dedique a cumplir con leyes como la de Dependencia.

Añadió que su gobierno ha incorporado 2.100 dependientes más y «en estos momentos hay 154.896 personas dependientes en la Comunitat Valenciana que están deseando y están clamando por que el Gobierno cumpla la Ley de Dependencia».

Mazón exigió al Gobierno central que «cumpla con la gente con discapacidad y con los derechos para retransmitir los Juegos Paralímpicos con Radiotelevisión Española».

Deuda en financiación

La de Dependencia no fue la única deuda sobre la que se habló ayer en la Comunitat Valenciana. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, recordó que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez adeuda a la región un total de 1.000 millones de euros solo en lo que va de año. De dicha cifra, 450 millones corresponden a las entregas a cuenta mensuales que está remitiendo el Gobierno, que se sitúan 90 millones de euros por debajo de lo que el Gobierno anunció a las autonomías antes de que se prorrogaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El resto, 550 millones, son la diferencia entre la financiación autonómica que recibe la región y la que debería de percibir para situarse en la media española.

Merino realizó estas declaraciones antes de mantener una reunión con el consejero murciano de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, en el marco de las jornadas sobre financiación autonómica organizadas en Valencia por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE).

Ambos exigieron la necesidad de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica de forma urgente, la actualización de las entregas a cuenta y un fondo de nivelación para las regiones infrafinanciadas.

En este sentido, la consellera valenciana recordó que dicho fondo puede aprobarse por normativa aunque los Presupuestos Generales del Estado se hayan prorrogado. «Solo serían necesarios 3.000 millones de euros para solucionar los problemas de financiación de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia», apuntó el consejero murciano, quien recordó que, en el caso de esta autonomía, la deuda del Ejecutivo en materia de financiación asciende a 1.000 millones de euros anuales. «La diferencia entre los que recibe un murciano al año y lo que percibe un ciudadano de la comunidad mejor financiada es de 726 euros».