El Gobierno valenciano resucita la ley del Botànic para unir cultivos

El tamaño medio de una explotación agraria a nivel nacional en 2020, en términos absolutos, es casi 4,5 veces superior al de una explotación en la Comunitat Valenciana, con un porcentaje de crecimiento del 8,9 por ciento a nivel nacional, frente al 7,4 por ciento de crecimiento en región durante el periodo 2009-2020.

Es uno de los datos que figura en el informe que recientemente aprobó el pleno del Consell, a propuesta de la Conselleria de Agricultura, con el objetivo de poner en marcha la figura de la Iniciativa de Gestión en Común (IGC).

Se trata de una medida incluida en la Ley de Estructuras Agrarias aprobada en el año 2019 por el anterior Gobierno del Botànic, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios de Les Corts, pero que nunca llegó a implementarse.

La IGC tiene como objetivo fomentar la unión de cultivos de manera que estos alcancen una mayor extensión para garantizar a los agricultores unas explotaciones agrarias rentables y frenar el imparable abandono de cultivos en la Comunitat.

El informe aprobado por el Consell señala las particularidades de la agricultura de la Comunitat Valenciana, caracterizada por un pequeño tamaño de explotación que hace casi imposible acometer los cambios estructurales necesarios para que las explotaciones tengan una rentabilidad adecuada.

Este documento también recoge que en los últimos 30 años se han reducido tanto el número de explotaciones como el de la superficie agraria utilizada en la Comunitat Valenciana.

Ante la inacción de la anterior Conselleria de Agricultura, el interés y objetivo de los actuales responsables de la cartera es frenar el abandono de explotaciones mediante la creación de explotaciones con tamaños adecuados y garantía de viabilidad económica y que redunde sobre todo en los agricultores, incluso en aquellos que por sí mismos no pueden alcanzar un tamaño adecuado.

Una IGC puede formarse por un conjunto de personas físicas o jurídicas que ya son titulares de una explotación y voluntariamente desean poner en marcha un plan de gestión para la explotación en común.

Algunas entidades ya han comenzado este camino de gestión en común, que permite alcanzar una mayor viabilidad técnico-económica, pero es necesario potenciarlo, para lo cual, desde la Generalitat, se van a iniciar las actuaciones necesarias para constituir un Registro de Iniciativas de Gestión en Común donde se den de alta, baja o modificación dichas Iniciativas.

Asimismo, se propone incentivar la creación de este tipo de entidades mediante tres vías: concediendo ayudas con fondos propios para el apoyo a la gestión administrativa y técnica del Plan de Gestión de cada Iniciativa de Gestión en Común; el establecimiento de una prioridad en el acceso a determinadas ayudas de la Conselleria de la misma forma que ocurre en la actualidad con los agricultores profesionales; o a través de la promoción de la reestructuración de cultivos o la modernización de los regadíos mediante planes colectivos a aquellos planes de gestión que lo requieran.

Banco de tierras

La norma del Botànic proponía también la creación de un «banco de tierras» en el que se pusiera en contacto a los compradores con los vendedores, así como descuentos fiscales en estas transacciones para facilitar la compraventa. Entre 2019 y 2023 solamente se puso en marcha un proyecto de latifundio, concretamente en el Rincón de Ademuz, a petición de un grupo de agricultores, que solicitó la reparcelación de un terreno que afectaba a 500 hectáreas.

Récord histórico de abandono de cultivos

Mientras las leyes no se aplican, va pasando el tiempo, y el deterioro del campo valenciano avanza implacable. Según los datos de la encuesta Esyrce elaborada todos los años por el Ministerio de Agricultura, durante el año pasado en la Comunitat Valenciana se abandonaron un total de 2.290 hectáreas de cultivo, alcanzándose una cifra récord de 173.676 hectáreas dejadas de cultivar en toda la región. De cada cinco hectáreas disponibles para realizar un cultivo agrícola o un pasto hay ya una que está abandonada. De esta forma, la Comunitat Valenciana sigue siendo líder en abandono de tierras, por detrás de Castilla-La Mancha y Andalucía.