Menos empresas y altos cargos: el plan de ahorro de Mazón para el sector público valenciano

El ahora presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, hizo de la reducción del gasto político uno de sus emblemas durante la campaña electoral previa a las elecciones del pasado mes de mayo. Defendía que el Gobierno del Botànic había multiplicado de manera exagerada e innecesaria el número de asesores y altos cargos, así como los «chiringuitos», es decir, las empresas públicas.

Por ello, priorizó en su programa electoral las medidas encaminadas al recorte de esta «grasa», como él mismo dice, en el gasto público. Algunas de ellas ya las ha aplicado. La misma configuración de su Gobierno, con una menor cantidad de Consellerias y altos cargos, ya es una pequeña muestra del ahorro que Mazón pretende llevar a cabo en la Administración pública.

La pasada semana el presidente adelantó que en el pleno del Consell del próximo martes se aprobarán nuevas medidas en este sentido, encaminadas, seguramente, a la reducción de asesores y personal eventual.

Sin embargo una de las medidas más complejas de aplicar será la reducción de, como él mismo dice, los «chiringuitos», o empresas del sector público instrumental de la Generalitat.

El propio Mazón presentó su plan durante la campaña electoral. Una batería de medidas con las que el «popular» pretende ahorrar 100 millones de euros, a los que habrá que sumar la supresión de 30 altos cargos vinculados a estas empresas.

Lo tres pilares del plan

El proyecto de Mazón está conformado por tres pilares. En primer lugar, algunas de las actuales entidades de la Generalitat pasarán a formar parte de Consellerias, desapareciendo la marca de la empresa, pero no su personal, que pasará a estar adscrito a la propia Conselleria. Es el caso, por ejemplo, del Instituto Valenciano de Estadística (IVE), que formará parte del Departamento de Economía; la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que estará dentro de la Conselleria de Territorio y la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva. Estas medidas, según el plan de Mazón, supondrán un ahorro de cuatro millones.

En segundo lugar, se contempla la creación de «hubs» temáticos para agrupar a las empresas públicas que se dediquen a una misma temática, principalmente un «hub» cultural y otro de Transportes, de manera que se minimizarían costes y se optimizarían recursos. La creación del «hub» cultural supondrá la eliminación de 13 altos cargos y un ahorro de 5 millones de euros, mientras que el de Transportes equivaldrá a la supresión de 12 altos cargos y un ahorro de 54 millones.

Por último, el proyecto contempla la supresión de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una sociedad, dice el PP, cuya única función es recaudar el dinero de los Presupuestos de la Generalitat valenciana para transferirselo a la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación. Esta medida supondrá el ahorro de 20 millones de euros.

En total, 100 millones de euros de ahorro en gasto corriente, más el que supondrá la eliminación de unos 30 altos cargos.

Ahora bien, a diferencia de la reducción en el número de asesores, altos cargos de la Generalitat o personal eventual, la reestructuración del sector público es más compleja de ejecutar, sobre todo porque las sociedades dependen de diferentes Consellerias, que serán las que, previamente, deberán realizar una auditoría interna para confirmar que el plan de Mazón puede llevarse a cabo tal y como está diseñado.

El sector público instrumental ha sido, desde siempre, fuente de polémica y, sobre todo, difícil de manejar, dada su envergadura. Durante los últimos años, con el Gobierno progresista del Botànic, se han asumido un total de 12 nuevas empresas o fundaciones de carácter público, elevando así a 57 el númeto de entes que conforman el sector público instrumental de la Generalitat valenciana.

Algunas de ellas eran concesiones revertidas, como la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, la encargada de realizar las ITV a los vehículos, y otras eran empresas semipúblicas, como Feria Valencia y la Institución Ferial Alicantina, que ahora dependen por completo de la Generalitat.