Una treintena de organizaciones sociales defensoras de los derechos de las personas migrantes han exigido al Gobierno que de "manera urgente" dicte una instrucción a la Oficina de Extranjería de València para que se exima del requisito del empadronamiento a las víctimas de la dana para que puedan acogerse al proceso de regularización, que acaba el próximo 14 de mayo.

En un comunicado conjunto, las entidades sociales señalan que desde que el pasado 11 de febrero el Consejo de Ministros aprobó esta medida extraordinaria, han solicitado de forma reiterada que se admita la presentación de documentación alternativa al padrón que pruebe la residencia efectiva en alguno de los municipios afectados por la dana con anterioridad al 4 de noviembre.

Sin embargo, añaden, la Oficina de Extranjería ha insistido recientemente en que para resolver las solicitudes se debe estar empadronado actualmente en un municipio de la provincia de València.

Advierten de que si no se exime de este requisito, aproximadamente 14.000 vecinos y vecinas que disponen de pruebas de que residían en las zonas afectadas antes del 4 de noviembre (tarjeta sanitaria, certificados de escolarización, recibos de suministros, informes de servicios sociales, etc.), "quedarán condenados y condenadas a permanecer en situación administrativa irregular".

Señalan que pese a que es una obligación de los municipios empadronar a sus habitantes, las dificultades para acceder al empadronamiento "son numerosas y, en ocasiones, insalvables" para las personas que no disponen de permisos de residencia y trabajo.

Personas que, además, viven en habitaciones alquiladas, en bajos sin cédulas de habitabilidad, en infraviviendas o incluso "en situación de calle", y carecen de un contrato de arrendamiento o de permiso de los propietarios y propietarias para empadronarse.

Las organizaciones sociales reclaman que se dicten las instrucciones precisas para que todos los ayuntamientos de las zonas afectadas por la dana dispongan del modelo normalizado de informe de residencia efectiva y que se inste a las autoridades municipales a emitir estos informes teniendo en cuenta las pruebas de vecindad en el municipio que aporten las personas solicitantes de la regularización, más allá de si fueron usuarias o no de los recursos municipales.

También que se exima de la presentación del certificado de empadronamiento a quienes presenten los certificados de residencia efectiva o, en caso de que el ayuntamiento se niegue a emitirlo, aporten otra documentación que demuestre que residían en el municipio antes del 4 de noviembre.

Que se prorrogue el plazo para poder presentar las solicitudes, dado los problemas burocráticos existentes en diversos países de origen para obtener la acreditación de carecer de antecedentes penales, y que se inste a los ayuntamientos a facilitar el acceso al empadronamiento de sus vecinos y vecinas, incluida la modalidad de casos especiales de empadronamiento.

Realizan la petición una treintena de entidades, entre ellas Amnistía Internacional; València Acull; Casa Perú Valencia; Intersindical Solidaria; Aquarius Supervivientes; Colectiva Feminista Antirracista de Mujeres Migrantes (Camuma); Médicos del Mundo Comunitat Valenciana; CEAR; CIM Burkina; CESÁfrica; Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones; Rumiñahui; Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras; Red Acoge; Bombers Fénix; Regularización Ya; o Espai Obert El Marítim.