Política

El Síndic denuncia los contratos irregulares del Botànic a los bomberos autonómicos

Afea al anterior Consell que usara una encomienda de Tragsa para cubrir estas plantillas

Un bombero trata de sofocar un incendio en Valencia
Un bombero trata de sofocar un incendio en ValenciaCPBVCPBV

El cambio climático ha provocado que los bomberos forestales sean hoy en día -al menos en algunas zonas, como la Comunitat Valenciana- tan importantes como el personal sanitario, es decir, no se puede prescindir de ellos durante un periodo determinado de tiempo. Antiguamente, cuando los incendios forestales eran solo cosa del verano, los cuerpos de bomberos forestales podían nutrirse de manera específica durante estos meses del año, pero recordemos que el último incendio forestal que se declaró en la Comunitat Valenciana fue el pasado 2 de noviembre.

Pues bien, el Consell actual, a través de la Conselleria de Justicia, dirigida por Elisa Núñez, tuvo que enviar al paro el pasado 26 de octubre a un total de 300 bomberos forestales, trabajadores de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), al no contar con un informe preceptivo de la Conselleria de Hacienda para poder ampliar el contrato de estos empleados.

Según denuncia la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana en uno de sus últimos informes, lo que venía sucediendo durante los últimos años de Gobierno del Botànic es que estos informes preceptivos, en los que se pide a Hacienda presupuesto para ampliar los contratos, no se solicitaban.

El síndic señala en su informe que la SGISE utilizaba «incorrectamente» un encargo realizado e la empresa pública estatal Tragsa, para nutrirse de empleados, en este caso bomberos, utilizando sus servicios para mucho más que la encomienda en cuestión.

De hecho, según el documento, se tiene constancia de que la sociedad pública autonómica contaba con autorización de la Conselleria de Hacienda para llevar a cabo un máximo de 80 contratos temporales anuales, aunque realmente se formalizaron 167 altas derivadas de bolsas de ocupación en el año 2022. Se han detectado, asimismo, cuatro altas que se produjeron antes de la autorización de la Conselleria.

La Sindicatura señala que la inadecuada gestión de la bolsa de empleo temporal por SGISE ha determinado que su personal haya ido enlazando contratos temporales de forma continuada, lo que ha implicado que prácticamente la totalidad del personal laboral temporal de Tragsa, que en abril de 2019 se incorporó a SGISE, haya conseguido desde su incorporación hasta la actualidad, mediante sentencia judicial, que se le reconozca la condición de personal fijo discontinuo de SGISE y pasar a formar parte de su plantilla.

Por ello, el órgano fiscalizador establece en sus recomendaciones finales que la empresa SGISE no debe prolongar en exceso el encargo ordenado a Tragsa, ya que al finalizar la fase VI del mismo habrán transcurrido 4 años y 8 meses, sin que SGISE haya adoptado los medios para asumir las competencias del servicio de bomberos forestales desarrolladas por TRAGSA a través del encargo. «SGISE argumenta una serie de circunstancias para la prolongación del encargo que no se consideran justificadas», señala.

Por ello, se recomienda una reorganización y redimensionamiento suficiente del departamento de contratación, en el que es fundamental que se establezcan mecanismos de control interno que permitan revisar la adecuación de los trámites realizados a la legalidad vigente y que eviten que se produzcan incorrecciones significativas y errores que no sean detectados por el personal del departamento.

Por otra parte, el presupuesto que la Generalitat valenciana destina a la SGISE para el año que viene, lejos de aumentar para poder asumir estas nuevas responsabilidades contractuales, disminuye un 18 por ciento, al pasar de los 70 millones con los que contaba en 2023 a los 57,4 para el año que viene.

En concreto, el Capítulo I de su presupuesto, el responsable de los gastos de personal, disminuye en nueve millones de euros, desde los 51 millones de este año a los 42 para 2024.

La consellera de Justicia ha pedido tranquilidad a los trabajadores y ha explicado que la empresa buscará soluciones a la temporalidad de los trabajadores a lo largo de los próximos meses, que vendrán de la mano de un plan estratégico diseñado por el nuevo equipo directivo.