La Sindicatura de Cuentas detecta un "grave desequilibrio" en el patrimonio de la Generalitat valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha recibido hoy el primer informe de la Cuenta General elaborado por la Sindicatura de Cuentas, y referente al año 2022. El Síndico mayor, Vicent Cucarella, ha entregado el documento, en el que se analizan las cuentas valencianas del año 2022.

El informe destaca un "grave desequilibrio" en el patrimonio de la Administración valenciana, con un patrimonio neto negativo de 46.815,5 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que deben cubrirse mediante el recurso al endeudamiento.

La deuda financiera del balance asciende a 57.698,9 millones de euros.

La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado negativo de 2.795,5 millones de euros y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 1.143,8 millones de euros.

El remanente de tesorería no afectado tiene un saldo negativo de 4.998,6 millones de euros y el fondo de maniobra es negativo por 12.811,2 millones de euros.

En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, en 2022 ha aumentado el desequilibrio negativo hasta alcanzar los 3.382,3 millones de euros.

Por lo que se refiere a la evolución de los ingresos, en 2022 se ha roto la evolución positiva de los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 8 de 2017 a 2021 con un decremento del 7,4%, principalmente porque se reducen los ingresos extraordinarios para paliar los efectos de la COVID-19.

En relación al gasto, en 2022 el aumento porcentual alcanzó el 3,2%. Cabe decir que su evolución viene creciendo desde 2017, destacando los aumentos del 7,3% en 2020 y del 9,3% en 2021 debido a las medidas de lucha contra la pandemia.

Los acreedores por operaciones meritadas y vencidas (cuenta 413) suponen una cuantía de 1.516,2 millones de euros, un 57,9% más que en el ejercicio anterior. Se han aprobado 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, por un importe conjunto de 1.357,7 millones de euros, que se mantiene en niveles muy elevados.

A 31 de diciembre de 2022 había 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobación de las cinco concesiones sanitarias, cuyos importes estimados (411,1 millones de euros en julio de 2023) pueden sufrir modificaciones, por lo que se desconocen sus importes definitivos.

La infrafinanciación y sus consecuencias

Como en otros ejercicios, la Sindicatura dedica un apartado de su informe a analizar la infrafinanciación autonómica y sus consecuencias. En esta ocasión, se destaca que la Comunitat Valenciana sufre dos causas principales de endeudamiento ligado a la infrafinanciación: el originado por la discriminación respecto a la media en términos de población ajustada y lo que acontece por la infrafinanciación respecto a las necesidades reconocidas por el modelo y no satisfechas debido a la crisis económica. Sin embargo, la Sindicatura advierte que en las negociaciones actuales sólo se está prestando atención a la segunda causa, obviando la parte de la deuda que es consecuencia de la discriminación en el modelo vigente y que sólo sufren unas pocas comunidades autónomas, entre las que destaca la Comunidad Valenciana.

Por todo ello, se indica que, además de avanzar en el diseño de un nuevo modelo de financiación, la Comunitat Valenciana deberá seguir exigiendo un resarcimiento de la parte de la deuda acumulada durante los últimos años a causa de la infrafinanciación , tanto del componente compartido con otras comunidades de régimen común como del específicamente valenciano. Asimismo, la Sindicatura insiste en la conveniencia de implantar de inmediato un mecanismo transitorio que resuelva esta infrafinanciación durante el tiempo que transcurra hasta que se apruebe el nuevo modelo.

El PP ha asegurado que el último informe de la Sindicatura de Comptes "viene a confirmar que la administración valenciana en el periodo del Consell de Ximo Puig fue un auténtico caos", mientras que para el PSPV y Compromís, el documento avala la gestión y refleja las consecuencias de la pandemia.

Así se han pronunciado los síndics de las diferentes formaciones después de que el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, haya hecho entrega a Les Corts, y posteriormente a la Generalitat, del informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2022, el último año completo del gobierno de Botànic.

El síndic del PP, Miguel Barrachina, ha asegurado que el informe "viene a confirmar que la administración valenciana en el periodo del Consell de Puig fue un auténtico caos", pues el 37 % de los expedientes "han incumplido la ley y más de 1.300 millones fueron adjudicados de forma ilegal".

Según Barrachina, para el PSPV, Compromís y Podem "la ley era un obstáculo que se saltaban diariamente, como se ha visto en el 37 % de los casos en los que los expedientes estaban adjudicados directamente a dedo y sin presupuesto".

El nuevo síndic de Vox, José María Llanos, ha señalado que, según parece, en el ejercicio 2022 hubo "graves incidencias en las contrataciones por parte de la administración del Botánic", aunque ha dicho que tienen que estudiar el informe a fondo y no pueden "hablar a priori".

El síndic del PSPV-PSOE en Les Corts, José Muñoz, ha explicado que el informe “avala las cuentas públicas valencianas de Ximo Puig” y ha señalado que “demuestra que hay más gestión, más transparencia y que se ha hecho todo conforme a la legalidad”. Además, ha remarcado que “las conclusiones a las que se llegan reflejan también las consecuencias de la pandemia cuando vivimos una situación extraordinaria” y ha insistido en que “valoramos positivamente el informe”.