Un trasvase, dos recursos y cero unidad política

Un trasvase, Tajo-Segura, y dos recursos ante el Tribunal Supremo, el de la Generalitat Valenciana y el de la Diputación de Alicante. Ambos coinciden en considerar inaceptable la reforma del Plan Hidrológico del Tajo, aprobada por Real Decreto del Gobierno central, ya que de hecho supone la reducción progresiva del agua que se trasvasará de esa cuenca a la cuenca del Segura. La razón es el aumento progresivo del caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez.

Es precisamente en el caudal ecológico donde hay fricción y no cabe entendimiento alguno; por lo que el Tribunal Supremo tendrá que estudiar dos recursos diferentes para después pronunciarse sobre las medidas cautelares que en ellos se solicitan.

Mientras el recurso de la Diputación de Alicante pide que se paralice el trasvase desde la primera elevación del caudal ecológico en un metro cúbico por segundo -de 6 a 7 m3/s-, el de la Generalitat recurre los caudales ecológicos de los siguientes escalones. En concreto, el aplicable desde el 1 de enero de 2026, fijado en 8 metros por segundo, y el de 2027, de 8,65 metros cúbicos por segundo.

De esta forma, el escrito de la Generalitat avala la primera subida del caudal; hay que tener en cuenta que los planes hidrológicos del Tajo anteriores (2009-2015) y el segundo (2015-2021) fijaban unos caudales mínimos, pero no ecológicos. En el caso de su paso por Aranjuez es de 6 metros cúbicos por segundo.

Al mantener posturas encontradas, la Diputación de Alicante y la Generalitat también difieren en las medidas cautelares que solicitan en sus recursos. Así, y tal como ha explicado el propio Carlos Mazón, la institución provincial pide la suspensión cautelar e inmediata del primer aumento del caudal ecológico, alegando los daños irreparables que causa en la economía y el medio ambiente de la provincia de Alicante.

“Este primer hachazo al trasvase Tajo-Segura supone, solo en la provincia de Alicante, una pérdida de actividad económica de 84,9 millones de euros, unido a la destrucción de más de 2.400 puestos de trabajo en todos los sectores”, sostiene Mazón.

En cambio, la Generalitat solicita esta suspensión, también por los efectos negativos para la provincia, pero a partir del segundo recorte del caudal previsto para 2026. Algo que cuestionan en la Diputación, con el argumento de que el Tribunal Supremo puede tener dudas para acordar una medida cautelar para algo que se plantea a tres años vista.

La guerra del agua

A la hora de presentar los recursos, los tiempos cuentan y mucho. Aquí la Generalitat tomó la delantera y lo hizo el 22 de marzo, y la Diputación, el 4 de abril. Más allá de cuestiones hidrológicas, están las siglas de los partidos que gobiernan en las instituciones de las que han salido los escritos en contra del Plan de Cuenca del Tajo. De hecho, al recurso de la Generalitat se han adherido ahora -el plazo expiraba el pasado martes- ocho municipios de la comarca de la Vega Baja, ubicada al sur de la provincia en la cuenca del río Segura, y Elche; en total nueve ayuntamientos gobernados por alcaldes del PSOE.

Los ayuntamientos que se han sumado al recurso del Consell son Orihuela, Guardamar, Dolores, San Fulgencio, Benferri, Rafal, San Miguel de Salinas y Los Montesinos. Fuentes de la Generalitat explican que “los principales municipios afectados por la conducción secundan la acción de la Generalitat en defensa de los regantes alicantinos”. Su escrito se acumula y se sumará a la causa abierta en defensa del mantenimiento del acueducto Tajo-Segura.

Por esa misma regla de tres, los gobiernos de Murcia y Andalucía, del PP, se han coordinado sus recursos con la Diputación de Alicante, cuyo presidente es también del PP valenciano y aspira a convertirse en el de la Generalitat Valenciana. Un documento jurídico al que también se ha sumado

el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura, Scrats, por ser más exigente en sus demandas. Su presidente, Lucas Giménez, elogió la unidad demostrada por los Gobiernos murciano y andaluz, la Diputación de Alicante y su sindicato, si bien lanzó dos avisos a navegantes. El primero, que el plazo para resolverlo oscila entre el año y el año y medio y el segundo, que es muy difícil ganar un recurso al Estado.

De una u otra forma, es unidad de acción es precisamente la que no se ha visto entre Generalitat y Diputación; dos recursos y un mismo fin.