Zaplana llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia para el inicio del juicio por el caso Erial

El exministro y expresident de la Generalitat con el PP Eduardo Zaplana acaba de llegar hace unos minutos a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde está citado junto a catorce procesados más en el caso Erial, para el inicio del juicio pero la ausencia por enfermedad de su principal abogado, Daniel Campos, podría ocasionar un nuevo retraso, incluso una suspensión.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia decidió mantener la fecha del juicio, a las diez de la mañana, pese a que la representación legal de Zaplana ya ha solicitado formalmente un aplazamiento ante la dolencia cardíaca que sufre el citado letrado.

En caso de acordarse una nueva fecha sería el segundo aplazamiento de esta macrocausa, que debería haber empezado el pasado 9 de enero pero se pospuso por la baja del fiscal anticorrupción.

El calendario contempla un total de 40 sesiones y la comparecencia de más de 200 testigos.

En el caso Erial, cuya instrucción finalizó el pasado mes de octubre, están investigadas veinte personas, entre ellas los expresidentes de la Generalitat Eduardo Zaplana y José Luis Olivas y la familia del fallecido expresidente de Les Corts Valencianes, exvicepresidente del Gobierno valenciano y ex director general de la Policía, Juan Cotino, además de colaboradores del expresident y exministro y varios empresarios.

La causa afronta su fase final casi seis años después de la detención de Zaplana (el 22 de mayo de 2018), que estuvo en prisión hasta el 7 de febrero de 2019, aunque permaneció ingresado en La Fe por una enfermedad oncológica desde el 18 de diciembre de 2018 al 11 de febrero de 2019.

Las peticiones de condena

La Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de 19 años de prisión para Zaplana como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales que se inició con la privatización de las estaciones de ITV valencianas.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público pide el decomiso de 20,6 millones de euros -de los cuales 6,7 ya han sido transferidos a la oficina de recuperación de activos ORGA-, cantidad de la que supuestamente se apropiaron tanto Zaplana como otros catorce procesados, en una operativa de mordidas que se desviaron a paraísos fiscales.

Junto a Zaplana, el fiscal dirige su acusación contra sus colaboradores Joaquín Barceló (al que pide 8 años), Francisco Grau (8), Juan Francisco García (14), Mitsouko Henríquez (8); los empresarios Vicente y José Cotino (14); y el expresident José Luis Olivas (6).

También contra Saturnino y Elvira Suances (5), Francisco Pérez López (7), Pedro Romero (5), Robert Bataouche (5), Ángel Salas (5) y Carlos Rodríguez (5), y las empresas Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales, Turnis Sylvatica y Dobles Figuras.

Los presuntos delitos que cita el fiscal en su calificación son los de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

El origen de los fondos ilícitos que supuestamente manejaba Zaplana está en los concursos que la Generalitat lanzó para privatizar las ITV y las concesiones de parques eólicos.

Se diseñaron con "condiciones subjetivas" para que determinadas sociedades se hiciesen con las licitaciones "en perjuicio de otros competidores", siempre según el fiscal; y para que eso fuese posible, se crearon las condiciones necesarias en los "órganos políticos del más alto nivel".