Castilla y León

Larga negociación

Casi cien medidas para favorecer la igualdad de sexos entre profesores, sanitarios y funcionarios

Junta de Castilla y León y sindicatos consensuan el primer plan para los empleados públicos que pretende aumentar el número de mujeres en puestos de responsabilidad o reducir la brecha salarial

Una profesora de infantil, en clase con sus alumnos
Una profesora de infantil, en clase con sus alumnosLuis DíazLa Razón

Buenas noticiaspara profesores no universitarios, sanitarios o funcionarios de la Administración autonómica. y es Junta y sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) han alcanzado un acuerdo para poner en marcha en Castilla y León el I Plan de Igualdad para los empleados públicos de la Junta, que consta de 94 medidas encaminadas a favorecer una igualdad real entre hombres y mujeres, y tendrá una vigencia de dos años.

Entre ellas, aumentar la presencia de féminas en puestos de responsabilidad y reducir su concentración en determinados puestos de trabajo de menor cualificación; disminuir la mayor temporalidad de las mujereso las diferencias retributivas entre sexos, pese a la realización de trabajos de igual valor.

Asimismo, el plan incluye otras medidas como garantizar el uso de un lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas; la implantación de sistemas objetivos de selección de personal; la puesta en marcha de acciones de sensibilización en las plantillas orientadas a la igualdad o acciones para impulsar la concurrencia de mujeres a puestos “masculinizados”.

También la creación de un estudio y posterior implantación de una bolsa de horas recuperables que facilite el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, así como la reducción de jornada por lactancia o por cuidado de personas dependientes que se podrá acumular en jornadas completas.

“Creemos que es un primer paso en esta lucha por la igualdad de sexos pero aún queda mucho camino por recorrer”, señalan desde los sindicatos, que reconocen que ha sido una “larga y dura” negociación la que han tenido que llevar a cabo con el Gobierno autonómico para alcanzar este acuerdo.

Que la prevención de riesgos laborales tenga un enfoque de género y visibilice el impacto diferencial que tiene en hombres y mujeres las evaluaciones de riesgos y la planificación de la actividad preventiva; la creación de un protocolo que garantice la carrera profesional y la movilidad de las empleadas púbicas víctimas de violencia de género y otro más específico de actuación ante el acoso sexual y por razón de sexo, son otras de las medidas que se han incluido en este primer plan de igualdad para empleados públicos que pretende “alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres”, según destacan fuentes del Gobierno de Fernández Mañueco.