“Por esto hay tantos festivales que solo duran una edición: es la ruina”

El día 5 está marcado en rojo en el calendario. El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, presentará a los diferentes sectores de la cultura un ansiado paquete de medidas específicas dirigidas a paliar la crisis en que ha desembocado la emergencia sanitaria para las diversas industrias. Los museos, el cine u el audiovisual, el teatro, el arte, el mundo editorial y la música tanto grabada como en directo han sufrido las consecuencias, aunque de modos diferentes. Todos esperan medidas concretas y cuantificables mañana. Quieren que les guste tanto la música del mensaje del ministro (las intenciones) como sobre todo la letra (y los números) de la canción que Cultura presente ante una situación que para algunos es grave y para otros es un rescate en toda regla. Todo con el laberinto de la devolución de entradas de fondo.

Para la música en directo, especialmente los festivales, esta situación es dramática. Hay empresas en España, algunas modestas y otras de muchos millones de euros participadas por fondos de inversión o socios industriales extranjeros que se juegan todo su capital (unos cientos de miles o millones de euros) en pocos días. Todo o nada a un fin de semana de verano. Hay otros promotores que plantean un ciclo de conciertos durante varias semanas para público adulto y artistas no masivos que hacen contorsionismo con el presupuesto. Todos, de gran ciudad o localidad periférica, se juegan el presupuesto en cuatro días. Ninguno, salvo sorpresa, podrá celebrar sus eventos este verano. Y han vendido miles de entradas.

El plan de desescalada anunciado por el Gobierno implica mantener el estado de alarma, que finaliza el 9 de mayo, hasta por lo menos el mes de junio. El Ejecutivo de Pedro Sánchez podría conseguir la primera prórroga, pero la tensión política sube y podría fracasar en los siguientes intentos. Lo haga o no, parece imposible que, un mes después de que el aforo máximo para un concierto sea de 800 personas, se autorice un evento de 25.000 por noche. Los festivales están fuera de toda lógica de ser eventos autorizados, ya sea por el Ejecutivo central en caso de estado de alarma o por los autonómicos y autoridades locales, que serían los competentes si éste se levanta. Pero eso es algo que ya no está en discusión: todos los grandes eventos han asumido la realidad a estas alturas. Los espectáculos masivos tardarán en regresar.

Las giras de artistas individuales han sido acomodadas en nuevas fechas. Pueden o no celebrarse, pero las dificultades de la cancelación o un aplazamiento del evento de un solo artista no se acercan a las de un festival, con un centenar de nombres en el cartel, generalmente en los que se trabaja (y se paga) con más de un año de antelación. Es norma general que los organizadores de estos festivales paguen adelantos a los artistas (habitualmente los internacionales y de más peso) que quieren contratar al año siguiente. “La realidad es que cuando se hace un evento enorme como estos, hay una parte de presupuesto que se dedica a pagos: la mitad del caché de este, aquel y el otro artista. También se paga, digamos, la mitad del alquiler del recinto y una primera campaña de publicidad. Después van llegando más pagos según pasa el tiempo. Equipos, producción, logística, más campañas de publicidad... Y ya, al final, completas los pagos del resto. Seguridad, cachés y una logística enorme. ¿Sabes cómo van haciendo los pagos? Con el dinero que van recaudando con la venta de entradas. Lo normal es tener un colchón económico, algo de liquidez para hacer frente a pagos si eres una empresa grande, pero si eres pequeña, o has vendido pocos tickets anticipados, no te quiero decir cómo te ves”, comenta a este periódico una veterana del sector que trabaja en una gran promotora de eventos. La cuestión es que llega marzo y la hucha está vacía.

Es España más que en el resto de países del mundo, las entradas se compran en el último mes. Y en la última semana. Somos, de los países occidentales, las más impulsivos y menos previsores a la hora de adquirir un ticket. Así que, como dice esta profesional, “si tienes una ayuda fuerte de un ayuntamiento o autonomía, vaya. la cosa cambia. Pero el negocio del promotor es súper arriesgado sin eso. Por eso hay tantos festivales que duran solo una edición, porque el que los organiza, se arruina. Por esa misma razón, un promotor hace muchos conciertos, porque salen mal casi todos, pero con uno das el pelotazo y te mantienes -explica-. Piensa que, en muchos casos, tanto en festivales como en conciertos, se obtiene el beneficio del último porcentaje de entradas y del consumo en barras. El que más arriesga resulta que es el último en cobrar. Que la gente se ponga en su lugar sería importante".

Nadie quiere hablar al micrófono desde el sector de festivales. Mantienen un perfil bajo a la espera de los pasos del Gobierno. Han tenido paciencia, han presentado reclamaciones concretas y, dicen, similares a las que se han tomado en el resto de Europa, aunque las posiciones del sector han ido oscilando. Primero apoyándose en el estado de “fuerza mayor”, reclamaban no estar obligados a devolver las entradas bajo nueva ubicación del evento en el calendario, fecha para la que las entradas seguirían vigentes. Después, también ante una situación de fuerza mayor, y a la vista de lo aprobado en otros países de Europa, las demandas han pasado a una prórroga en el plazo para la devolución del importe ya satisfecho por los consumidores. El sector pide una moratoria, una excepcionalidad similar a la reducción de aforos o la prórroga de los contratos de alquiler de viviendas. Algo análogo a la moratoria del pago de cuotas de autónomos anunciada, por muy restrictiva que sea para su beneficiarios. De acuerdo con la excepcionalidad de la situación buscan una respuesta excepcional.

La asociación de consumidores Facua recordaba estos días que el Gobierno ha aprobado un protocolo para las reclamaciones por la compra de productos y la contratación de servicios que “resultasen de imposible cumplimiento” por el estado de alarma. Está recogido en el artículo 36 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, que establece que tras la presentación de la reclamación, la empresa tiene un plazo de 60 días para ofrecer una propuesta alternativa a la devolución del dinero. En el momento en que el usuario conteste indicando que no la acepta porque necesita recuperar el importe, éste deberá ser reembolsado en el plazo máximo de 14 días. Por esta razón, de forma preventiva, algunos festivales se reubicaron a finales de agosto o en octubre, a sabiendas que sus posibilidades de celebrarse eran mínimas. Buscaban ganar tiempo.

Por su parte, la Asociación de Festivales de Música (FMA) ha solicitado al ministerio de Cultura y Deporte y al de Consumo que autorice diversas opciones para que público pueda decidir o bien mantener su entrada para la nueva fecha de celebración del evento o disfrutar en algún momento posterior canjeándolo por otro espectáculo o festival cuando sea posible mediante la creación de un vale canjeable. “Cuando ninguna se las dos opciones sea posible, el consumidor siempre podrá reclamar la devolución del importe pagado y que ésta sea ejecutable en un periodo de hasta 18 meses a partir del anuncio de la cancelación”, explican.

La FMA agrupa a algunos de los principales festivales en España como el FIB, el Sonar o el BBK Live, declarados en su mayoría como eventos de interés general por los respectivos ayuntamientos y comunidades autónomas en los que se celebran. Según sus estimaciones, tales eventos musicales generan un impacto económico superior a los 500 millones de euros, dan trabajo directo a 45.284 trabajadores a través de 6.534 empresas nacionales, y generan una asistencia global de 3,1 millones de personas, según sus datos.

MEDIDAS EN EUROPA