Un diccionario jurídico para todos (y en internet)

La RAE presentó ayer la edición en línea del “Diccionario panhispánico del español jurídico”, primera enciclopedia de especialidad que realiza la Academia en toda su historia

Santiago Muñoz Machado, jurista y director de la Real Academia Española (RAE), fue el “padre” del “Diccionario jurídico del español”, un trabajo de envergadura con el que se cumplía la antigua deuda de aclarar y renovar el léxico procedente del Derecho. Ese enorme trabajo presentado en 2016 tiene su continuidad con el “Diccionario panhispánico del español jurídico” (DPEJ), que lo complementa y lo mejora añadiendo el español de América. Este nuevo diccionario fue presentado ayer en un encuentro digital en el que participaron presencialmente el propio Muñoz Machado, presidente de la ASALE, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes. Desde ese momento, su acceso es universal y gratuito quedó disponible para su consulta en línea. El acto contó además con la intervención de distintos juristas y académicos de América y con el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez destacó “la admirable labor de haber puesto en marcha en seis años una obra monumental” y subrayó que “no existe justicia sin lengua y su buen uso es la irrenunciable tarea a la que están abocadas las fuerzas civiles. La elaboración de una obra como el DPEJ es concluyente para que el entendimiento entre ciudadanía y representantes públicos haga avanzar a la sociedad”.

“El “Diccionario panhispánico del español jurídico” es una herramienta de gran utilidad que abarca el lenguaje jurídico de toda la comunidad hispanoamericana y enlaza directamente con las legislaciones de los distintos países que la conforman. Todos los estados miembros han aportado sus peculiaridades y desde ahí podemos conectar con el lenguaje jurídico particular de cada Estado”, afirma Muñoz Machado. Para él, “esta obra es muy importante porque es el primer diccionario de especialidad que hace la RAE en toda su historia, la primera compilación léxica especializada en derecho. Cuando se hizo el diccionario de autoridades (1726-1739) –explica– se pensó que igual había que hacer diccionarios de las diferentes especialidades científicas y técnicas, pero no se hizo nunca. Primó la voluntad de que el diccionario general lo incluyera todo”. Sin embargo ahora se ha acometido ese proyecto “porque las cosas han cambiado desde el punto de vista de las posibilidades técnicas para realizar este tipo de diccionarios especiales. Hemos comenzado por la lengua del Derecho, primero porque es la disciplina que más ha influido en la formación del español, y segundo, porque España dejó en América dos valores muy importantes, la lengua y la tradición jurídica” –afirma–. “El Derecho también fue una herencia importante española si se tiene en cuenta que la Constitución de Cádiz se aplicó tanto en España como en América y que la legislación española estuvo vigente en algunos países decenas de años después de que declararan la independencia. Y cuando hicieron, sus propias normas y códigos civiles –prosigue el director– los basaron en las mismas fuentes, principios y tradición”.

Para Muñoz Machado, “tenemos un sustrato cultural común que hemos cuidado poco y que ahora está presionado por los neologismos y otras invasiones, sobre todo del inglés de Norteamérica. Por eso, compilar todo el vocabulario español de España y de América y ponerlo en una obra a disposición de todos los legisladores, jueces, jurista en general, es recuperar y fortalecer un patrimonio que nos interesa mucho”. Y como coordinador de este extraordinario trabajo enfatiza: “Desde el punto de vista cultural, creo que esta la obra más importante que tiene España ahora mismo, no se ve a ninguna institución actual que esté haciendo nada semejante. Esta es una obra de una relevancia enorme y de un inmenso valor jurídico”.

Por otro lado, Muñoz Machado señala su gran utilidad, dirigido no solo a juristas, sino a toda la sociedad. “En la historia del derecho se han hecho muchos diccionarios recogiendo palabras y organizándolas, son diccionarios de la ciencia del derecho que explican para los expertos de la materia –aclara-. Pero este no es de la ciencia, sino de la lengua del derecho y, por tanto, ordena el conocimiento por palabras que define brevemente, apenas con un renglón, usando la máxima brevedad y la máxima información para que pueda entender cualquiera además de los juristas y legisladores, su objetivo es ser útil y claro para cualquier persona que lo necesite, una herramienta lingüística y jurídica que complementa el diccionario general. Tras esta breve explicación de un concepto, hay una segunda capa de información y mediante un simple cliqueo se entra en las legislaciones particulares de cada uno de los estados miembros. Esto presenta un universo infinito de entradas complementarias, es como un libro lleno de ventanas a través de las cuales se puede alcanzar una información universal, infinita, sobre cualquier problema que se plantee”, explica el director. Y concluye: “Con él se abre una etapa de diccionarios especializados. El diccionario general representa a una gran parte del lenguaje (unas 90.000 palabras), pero no es todo el lenguaje. Incluyendo las especialidades podemos tener más de 200.000 palabras. El general se ha dejado fuera todo esto que ahora por medios digitales podemos recuperar”.

El DPEJ en cifras

  • En el diccionario general hay 6.000 palabras marcadas como Derecho y en este más de 40.000 términos.
  • Han participado 450 personas entre tribunales y las 72 universidades.
  • Ha necesitado 6 años de trabajo.
  • Aproximadamente, un 90% del vocabulario del diccionario es común a España y América, el resto son particulares de los distintos países