La invasión más vergonzosa de la historia

Una de las claves del nuevo totalitarismo es cambiar el significado de las palabras, crear una «neolengua» que diría Orwell. El dominio será completo cuando todo concepto sea resignificado, porque lo decisivo es controlar las mentes, la percepción de la realidad. Es lo que está pasando con el término «democracia». Fue la paradoja del siglo XX, cuando las dictaduras tomaron el adjetivo «demócrata», como la República Democrática Alemana, o cuando Franco designó a su régimen como una «democracia orgánica». Ahora está pasando de nuevo en la izquierda con Venezuela.

Julio Anguita, nuevo santo laico de la izquierda, afirmaba que lo de Castro en Cuba o lo de Maduro en Venezuela no eran regímenes dictatoriales. En esta línea siguen Monedero, Pablo Iglesias o Errejón, en cuya tesis doctoral, hablando de Bolivia, afirma que el «proceso constituyente» en dicho país es «parte de un proyecto regional bolivariano cuya locomotora sería Venezuela y su estación de llegada Cuba». La oposición boliviana en 2009 hizo una campaña contra la «cubanización» del país; es decir, su conversión en un país satélite de Cuba, con una economía socialista y una política tiránica.

Los motivos no eran solo patrióticos o partidistas, ni siquiera de amor a la libertad y a la democracia pluralista, sino la certeza de que la dictadura comunista solo comporta odio, represión y pobreza, como en Venezuela. Chávez, aquel dictador por cuya muerte los de Podemos derramaban «Orinocos de lágrimas», dijo el 1 de enero de 2009: «Por Cuba estamos dispuestos a morir». ¿Qué proporcionaron los Castro a Chávez para tal devoción? Un sistema y equipo cualificados para asegurar su dictadura. El personal cubano de inteligencia se colocó en el palacio presidencial de Miraflores, en la administración y empresas públicas –esas mismas con las que Iglesias quiere llenar España–, y en el ejército, las fuerzas de orden público, la educación y la información.

Cuba ha montado en Venezuela un «Gran Hermano» para conocer a cada ciudadano y colaborado para hacer imposible allí la libertad y el pluralismo en igualdad de condiciones, que son las bases de una democracia. A cambio, el chavismo mantiene la economía de la Isla: petróleo a precio preferencial y cinco mil millones de dólares anuales por los trabajadores cubanos en Venezuela.

La deriva autoritaria fue paulatina, como pasa siempre que llega al poder el populismo. Las últimas elecciones libres a la Asamblea Nacional fueron en 2015. Ganó la oposición con el 56% de los votos y Maduro dio una vuelta de tuerca al autoritarismo, como se cuenta en «La invasión consentida». La Asamblea quedó desautorizada, el referendo revocatorio fue bloqueado y las elecciones a gobernadores fueron suspendidas. La oposición marchó al exilio o se escondió. Mientras, 2017 cerraba con una caída del PIB de 18,6% y una infla­ción récord del 799,9%. Para entonces, los asesores españoles del «proyecto regional bolivariano» ya estaban en España y habían montado con éxito su partido: Podemos.

Nuestro país estaba en el momento populista que esperaban. Es claro que los totalitarios crecen en tiempos de crisis con su discurso de odio y soluciones fáciles. Aprovechan la legalidad democrática para influir en la opinión pública hasta tomar el poder. En ese momento se creen con la legitimidad para cambiar las reglas de juego. Es cuando desaparecen las elecciones libres e imparciales, la separación de poderes y la protección a los derechos de expresión, reunión y propiedad. Ese nuevo régimen guarda la apariencia de una democracia, pero ya no lo es.

Se trata de una dictadura para una oligarquía, como la que tiraniza a Venezuela. La hegemonía política consiste en ser quien proporcione a la gente lo que Kant llamó «esquematismo trascendental»; es decir, un conjunto sencillo de explicaciones para interpretar el mundo. La izquierda se dedica a esto porque al definir la «realidad» y la moral adquiere una ventaja sobre sus adversarios. Eso han hecho con los conceptos de democracia y dictadura. Han inoculado a la gente que no es democracia si hay desigualdad material, que no hay libertad si no está todo reglamentado, que la ley no es nada frente a la voluntad de la mayoría, que el control parlamentario y judicial al Gobierno es un obstáculo al «cambio», que la oposición es antidemocrática, antipatriótica y enemiga del interés general, que cada parlamento es constituyente si hay voluntad, que el progreso es el logro de los objetivos de su ideología y que la legitimidad está en las intenciones declaradas. Luego intentan que ese régimen no sea visto como una dictadura, sino como una democracia, pero no lo es.

• «La invasión consentida» (Debate), de Diego G. Maldonado, 360 páginas, 19,90 euros.