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Contracultura

¿Realmente es «progre» subir los impuestos?

Los expertos ven el impuesto temporal de Pedro Sánchez, con el que espera recaudar 7.000 millones de euros, algo que «contribuirá a agravar los problemas de inflación»

Las empresas subirán precios para quitarse el impuesto de encima y revertirlo al ciudadano
Las empresas subirán precios para quitarse el impuesto de encima y revertirlo al ciudadanoRober SolsonaEuropa Press

Anunciaba Pedro Sánchez en el primer debate sobre el estado de la Nación celebrado en siete años –nunca antes con él como Presidente del Gobierno– para anunciar varias medidas económicas. Entre ellas, un impuesto temporal con el que espera recaudar 7.000 millones de euros en dos años y que gravará los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas. Otro, a las entidades financieras por la subida de los tipos de interés. ¿Son justas estas medidas? ¿Servirán para arreglar la situación actual, para reducir la inflación? ¿O solo conseguirán que estas medidas acaben afectando a los precios? Afirma la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que la norma prevé la prohibición de que este gravamen se traslade al precio final, para evitar que sea el ciudadano quien soporte estos nuevos impuestos.

«Decir que se pretende prohibir que el impuesto se traslade a los precios es una tontería», afirma Santiago Álvarez, Profesor Titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo. «Nadie puede controlar cómo se forman los precios en un mercado, a no ser que el Gobierno pretenda intervenir los mercados como en Venezuela o en Cuba. En sectores como la energía o los servicios financieros, en lo que existe un oligopolio en la oferta, y la demanda es muy poco sensible a los precios (la demanda es muy inelástica), la mayor parte de los impuestos son trasladados a los precios, por lo que acaban siendo soportados por los consumidores, lo que a su vez provocará un aumento de la inflación y penalizará especialmente a las personas con menores rentas. La parte del impuesto que no se pueda trasladar a los consumidores será soportada por los trabajadores de estas empresas, que contratarán menos o subirán menos los sueldos para mantener sus beneficios. También es probable que en algunos sectores como el energético se reduzcan las inversiones, en un momento en que son especialmente necesarias en el caso de las energías alternativas, al aumentar el coste de uso de capital por estas empresas».

Para el economista y articulista Daniel Lacalle, esta no se trata de una medida progresista ni efectiva, sino una «ridícula y populista que no va a funcionar». «Está demostrado históricamente», afirma Lacalle, «que este tipo de medidas siempre perjudican a los consumidores. Se traducen en peores servicios, menos inversión y mayores comisiones».

¿Realmente es «progre» subir los impuestos?
¿Realmente es «progre» subir los impuestos?jules rebsLa Razón

Lo que mañana pagaremos

Así lo cree también el economista Carlos Sunyer, quien señala que «medidas como esta buscan atajar un problema agravándolo. Queda bien ante el electorado ir de justiciero. Félix Ovejero, en su libro “Sobrevivir al Naufragio”, que publicó en 2020, señalaba cómo los bancos centrales deben su nacimiento a que los gobiernos, con fines electorales, gastan más de lo que deben a costa del ciudadano del futuro. Esto, a otra escala, se parece un poco: hoy nos parece bien lo que mañana tendremos que pagar. Pero esto que plantean no va a solucionar el problema». «Solamente van a contribuir a agravar los problemas de inflación que tenemos», tercia, por su parte, el profesor Álvarez.

«Si nos fijamos en la estructura del mercado en el que participan las empresas gravadas», apunta Sunyer, «en este caso, energéticas y banca, veremos que las dos se caracterizan por ser oligopolios de manual. Cuando eso pasa, es decir, cuando la concentración de mercado sube y unas pocas empresas se reparten el pastel, los precios tienden a subir por encima de lo que lo harían en una situación de competencia, perjudicando así al consumidor y reduciendo el excedente total. Esas prácticas anticompetitivas, cuando hay muchas empresas en el mercado, es más difícil que ocurran. La solución inteligente sería la de fomentar la competencia, ayudar a que nuevas empresas entren en el mercado. La opción del Gobierno parece haber sido un razonamiento que podríamos resumir en: si las empresas extraen rentas de los ciudadanos, nosotros podemos ir, extraerles sus rentas y, como Robin Hood, devolver el dinero al ciudadano. Cuando se incurre en este razonamiento, el remedio es peor que la enfermedad, porque no has solucionado el verdadero problema, que es la disfuncionalidad del mercado ya comentada, por lo que las empresas siguen siendo capaces de subir precios, es decir, de quitarse el impuesto de encima y revertirlo al ciudadano».

«Lo que debería hacer el gobierno es bajar los impuestos sobre el consumo», indica el profesor Santiago Álvarez, «para contribuir a que se reduzcan los precios, e indexar el IRPF en función de la inflación para aumentar la renta disponible de las familias. Durante estos meses los verdaderos “beneficios llovidos del cielo” los ha percibido el gobierno por el gran aumento de la recaudación provocado por la inflación. Al mismo tiempo, debería reducir el gasto público superfluo para compensar el efecto que pueda tener en la demanda agregada de la economía el aumento del consumo privado y así contribuir a moderar la subida de precios».

El ciudadano asume

«Todo apunta, efectivamente, a que una gran parte de este impuesto no lo van a pagar ni los bancos ni las empresas energéticas, sino que va a ser el propio ciudadano el que lo asuma», resume Sunyer. “Por lo tanto, parece que no va a ayudar a solucionar el problema de la economía familiar, más bien parece que incluso lo agravará. A no ser que el gobierno consiga, como ya ha anunciado, que el impuesto no se transfiera; pero seguimos a la espera de cómo lo hará. Y eso obviando que la banca en España, en realidad, está compuesta de dinero público (con intervenciones valoradas en 73.138 millones de euros), por lo que, anunciando que vas a gravarles con un impuesto especial y, por tanto, bajando su valor en bolsa, como se puedo comprobar esta misma semana, en realidad lo que estás haciendo es pegarte (pegarnos) un tiro en el pie. Luis Garicano apuntaba, muy certeramente, que si un 16% de Caixabank es del FROB, el simple anuncio de Sánchez tuvo un coste para las arcas públicas de 380 millones de euros. Hay que incidir en esto de nuevo: la solución es incrementar la competencia, atacar la raíz del problema». «En definitiva», concluye Sunyer, «habría que evaluar resultados, no intenciones. La economía es compleja y las soluciones más intuitivas son, muchas veces, las peores».