Contra la amenaza de una memoria única

El pasado lunes 4 de junio era aprobado el proyecto de Ley de Memoria Democrática por la Comisión Constitucional del Congreso, gracias al apoyo de Bildu, tras la introducción de varias enmiendas exigidas por esta formación. Entre ellas, aumentar el límite temporal de 1978 a 1983, lo que permitiría abordar el inicio de los GAL. Esto abre la puerta a reconocer y reparar a aquellos que fueron objeto de la «guerra sucia» contra ETA «por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución del 78 y el 31 de diciembre de 1983». Que además coincida esto en el tiempo con el aniversario tanto de la liberación de Ortega Lara como de la ejecución de Miguel Ángel Blanco, cuyo asesinato, además, Bildu sigue empeñado en no condenar, resulta lacerantemente paradójico.

Teo Uriarte, miembro de ETA desde 1963 hasta 1977, condenado a muerte en el Proceso de Burgos en 1970, constitucionalista convencido y referente cívico en el País Vasco, considera más que curioso que «una ley que se asienta en la Constitución esté pactada, precisamente, con los adversarios de la propia Constitución. Una ley de esta naturaleza, que quiere la reconciliación, debe ser una ley inclusiva y debiera ser pactada con los que se consideran, en principio, críticos con las posiciones que desde la izquierda se plantean. Yo creo que es una ley de naturaleza frentepopulista, que deja de lado el marco donde se debiera de dar el encuentro de los valores de convivencia».

Preocupante y peliagudo

José Antonio Pérez, doctor en Historia Contemporánea y profesor en la Universidad del País Vasco, es, además, investigador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda y coordinador de «Historia y memoria del terrorismo en el País Vasco», rigurosa trilogía sobre este periodo de nuestro pasado. Considera «preocupante y peliagudo» el apoyo de Bildu a la ley, pero cree que la formación abertzale está en realidad vendiendo humo. «Humo para su parroquia», explica, «en un momento donde están teniendo fuertes tensiones internas, sobre todo, por sectores muy jóvenes de una escisión izquierdista que les está poniendo también a ellos frente al espejo de sus propias contradicciones, de cómo están apoyando a un Estado contra el que han luchado desde el final de la dictadura hasta ahora. Y se debe leer también dentro de esa clave de tensiones internas: necesitan presentar ante su gente algunas pequeñas victorias. Y creo que esta no lo es, sinceramente, porque lo que están planteando va a tener muy poca materialización práctica».

Javier Elorrieta, vicepresidente de la Fundación para la Libertad, por su parte, aborda la cuestión de cómo esto puede suponer una paradójica derrota de los vencedores en lo referente a la memoria y la historia del terrorismo vasco. «Somos muchos», indica, «los que pensamos que no era posible una verdadera una victoria contra el terrorismo si no había una victoria sobre su proyecto político totalitario: un proyecto de régimen único en un territorio previamente separado de la nación, de carácter étnico y tribal, antidemocrático y contra todo tipo de valores cívicos de ciudadanía. Por eso estábamos a favor de la vía Nanclares y nos parecía fundamental que se incidiese en el hecho de la petición de perdón, de la manifestación explícita de arrepentimiento y de la condena al terrorismo. Pero Bildu, todo esto, no lo ha hecho. Es desesperanzador».

Para Pérez, «lo más complicado es, efectivamente, el apoyo de Bildu. La ley tiene algunos párrafos bastante contundentes sobre lo que supuso la transición de la dictadura a un régimen democrático y ahí no han podido hacer nada con eso. Pero son buenos propagandistas y están vendiendo su historia a los suyos, que van a conseguir impugnar el relato hegemónico de la Transición modélica. Pero en absoluto».

Para Uriarte, se trata esta de una ley reactiva «y lo importante de estas leyes es que sean leyes para la memoria. En este caso, esta ley es un gesto político de naturaleza revanchista que tiene como fin revisar la transición e, incluso, la Constitución. Es una ley para el enfrentamiento, que intenta minusvalorar la ley de víctimas del terrorismo y legitimar al mundo de HB. Se vuelve al fantasma del franquismo, que es una necesidad de este PSOE porque sin franquismo no es nada. Con esta obsesión por desenterrar el franquismo se corre el riesgo de desenterrar también el enfrentamiento civil en España. Pensábamos que lo habíamos dejado atrás con la Constitución, la reconciliación nacional, la transición democrática, la ley de amnistía».

Rentabilizar el mensaje

El profesor José Antonio Pérez, a propósito de la enmienda introducida por Bildu, una de sus exigencias para otorgar al PSOE su apoyo, que alarga el ámbito cronológico de la ley hasta 1983, explica que «manda un mensaje que el mundo abertzale rápidamente va a rentabilizar [ya lo ha hecho], y es que el franquismo siguió perviviendo cinco años después de aprobarse la Constitución. Es materia compleja, evidentemente, porque, como sabemos, no se depuraron los cuerpos policiales. Pero Bildu, como HB en su momento, lo utilizará para seguir justificando que ETA actuase contra la democracia. Por una parte, el alcance de lo más novedoso es que va a reconocer a víctimas de violencia policial o de violencia de grupos parapoliciales de extrema derecha con vínculos estrechos con elementos de las fuerzas de orden público, entre el final de la dictadura y los primeros años de la transición. Ahí el problema está en la cronología. Hablamos fundamentalmente de trabajadores tiroteados en manifestaciones, gente que, en su mayor parte, ni tenía que ver con el terrorismo de ETA ni con la organización ni nada. Si el asunto se centra en reconocer a víctimas que sufrieron terribles abusos policiales [decenas de personas que murieron durante esos años en controles de la Guardia Civil, manifestaciones en las que fueron tiroteadas, personas que pasaban por allí...], debería ser asumido perfectamente por un Estado de Derecho. Eso ocurrió. Lo preocupante es eso otro que dice Bildu de que conseguirán impugnar el relato de una Transición ejemplar. Dentro del mundo académico no existe tal impugnación: hay corrientes diferentes que concurren e interpretan la Transición de una manera u otra, pero eso ya se está haciendo desde hace muchos años, hay investigaciones y trabajos académicos al respecto. Hasta ahí, nada que temer. ¿Pero dónde podría estar el límite de la ley? ¿Hasta los primeros años 80? Eso es lo complicado. Y lo preocupante es que llegue hasta el 1983, porque sabemos la lectura que se va a hacer de ello, y que se está haciendo. Ahí empiezan los problemas: que se consiga sacar adelante esta ley con el apoyo de una organización como Bildu que no deja de ser el heredero del brazo político de ETA y que todavía no ha condenado expresamente el terrorismo de ETA».

Para Teo Uriarte, esta ley «es el resultado final de una maniobra política de exaltación del enfrentamiento, superando la reconciliación que se consiguió con la transición y la constitución, legitimando a HB y, con ello, también a ETA. Es el resultado de no querer, mediante leyes de carácter inclusivo, fomentar la convivencia, la no repetición de los errores del pasado, y poner en valor la Constitución del 78. Esta ley es una erosión del sistema político que ya empezó con Zapatero pero que Sánchez se está encargado de derribar», apunta. «Me parece un error», remarca Pérez, «negociar una materia tan sensible con una fuerza como Bildu, la heredera del brazo político de ETA que, a día de hoy, sigue sin condenar el terrorismo de esta organización. Bildu no va a controlar eso que llaman el relato y mucho menos la historia. No puede hacerlo. Ni siquiera el gobierno puede, ni este ni ningún otro, en un sistema democrático. Pero se corre ese enorme riesgo y la imagen que difunde es preocupante». «Una cosa es que sea legal negociar con Bildu esta ley», concluye Elorrieta, «y otra cosa distinta es que sea legítimo desde el punto de vista de soporte moral».