Luz verde a la batalla «antipiratería»

Después de varias semanas de falsas alarmas, el Consejo de Ministros ha aprobado la norma. El texto da más poder sancionador a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Después de varias semanas de falsas alarmas, el Consejo de Ministros ha dado luz verde hoy a la esperada Ley de Propiedad Intelectual que viene a frenar la sangría que la industria cultural española está sufriendo desde los últimos años. El nuevo texto sustituye al aprobado el 12 de abril de 1996 y que se venía solicitando de manera reiterada por las múltiples transformaciones que ha experimentado el sector debido a la irrupción de internet y otras actualizaciones de los modelos de negocio. El Ejecutivo argumenta esta modificación también por el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la copia privada. Dichas modificaciones van encaminadas a adaptar la vía juridisdiccional para que se mantengan como cauce ordinario para la solución de conflictos de derechos de autor también en el entorno digital. Para ello se considerará «responsable como infractor quien induzca dolosamente la conducta infractora; quien coopere con la misma» y quien, «teniendo interés económico» cuente con «la capacidad de control sobre la conducta infractora». El texto dota a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual de mecanismos más eficaces de reacción frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de los contenidos protegidos que les formulen. La nueva norma incluirá también a los prestadores de servicios que vulneren derechos de forma significativa al facilitar la descripción o localización de obras y prestaciones a través de índices sin autorización y que no se limiten a la mera intermediación técnica.

El Gobierno ha estudiado en estos meses sanciones contundentes para aquellos que tras haber sido declarados infractores no retiren los contenidos protegidos. Serán consideradas infracciones administrativas graves que serán sancionadas con multas de entre 30.000 y 300.000 euros. El mercado español sigue devastado por la «piratería»; así, el mercado discográfico, uno de los que más ha sufrido los envites de este fenómeno. Según hizo público recientemente el sector, agrupado en Promusicae: los españoles gastaron 141 millones en comprar música a lo largo de 2012, una cifra un 5,08 % inferior a los 148,6 millones que se habían registrado en el caso de 2011. Se trata del undécimo retroceso anual consecutivo en un sector que llegó a superar los 626 millones de ventas en el primer ejercicio del nuevo siglo. Dicho de otra manera: el descenso acumulado desde 2001 es del 77,5 %. Según el último «Observatorio de la piratería», 32 de cada 100 españoles «piratean» música, 43 de cada ciento lo hacen con las películas, un 7 con los videojuegos y un 12 con los libros. Más concretamente, se estima que el 86% del valor de los contenidos se «piratea», es decir, más de 15.000 millones de lucro cesante para el sector. Actualmente, la industria de contenidos en España emplea a 57.358 empleos directos, pero se calcula que un escenario sin «piratería» podrían contratarse hasta cerca de 25.000 personas más. En un tiempo de crisis económica, las arcas públicas dejan de ingresar cerca de 250 millones en concepto de IVA y lo mismo en concepto de IRPF.

El 15% del PIB de los países suele corresponder a la lengua. Por ejemplo, el sector del libro mueve en nuestro país 5.400 millones de facturación anual, lo que supone la décima parte del superávit de la balanza comercial española. Cierto es que el Ejecutivo no ha sido sordo a las reiteradas peticiones del sector. Por primera vez se ha modificado el código penal para facilitar la persecución delictiva de las vulneraciones; la ley de enjuiciamiento civil y ahora es posible que los agraviados puedan reclamar daños y prejuicios.

El propio secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle admitió que «la Comisión no funcionaba todo lo bien que debería, ya que existen obstáculos en cuanto al trabajo y al funcionamiento cotidiano». Avanzó así que estudiaban una mejora «sobre la base de la experiencia que estamos acumulando. La tramitación se hará de manera pública, por lo que todos tendrán conocimiento de cómo se va a orientar el modelo que tratará de superar las ineficiencias que se han ido percibiendo a lo largo de estos meses», añadió.

El proyecto también contempla un mayor control de las entidades de gestión después de escándalos como el de SGAE. De hecho, prescribe que por infracciones muy graves se revoque la autorización para una entidad o multa de entre el 1 y el 2% de la recaudación obtenida durante un año. A cambio permiten a estas entidades de derechos de gestión colectivos demandar en los pleitos relacionados con la vulneración de propiedad intelectual. Hasta ahora era el propio autor o aquellos que pudieran demostrar que tenían cedidos los derechos de las obras que denunciaban haber sido objeto de fraude en la red. Ahora se podrá señalar el uso indebido de catálogos enteros, lo que agilizará los trámites.

«La gran familia española» ha copado casi el 30% de las transacciones entre los títulos que están en estreno en Wuaki.tv. El filme compite en la plataforma legal con éxitos de taquilla a nivel internacional como «Asalto al poder», «El mayordomo», «Elysium» y «Guerra Mundial Z».