La Audiencia acerca al banquillo a Villar por un desvío de 4,5 millones con los amistosos de la selección bajo sospecha

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Ángel María Villar está a un paso del banquillo por el "caso Soule". El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha procesado al exmandatario del fútbol español -que por esta causa ingresó en 2017 en prisión provisional, que eludió pagando una fianza de 300.000 euros- por haber ocasionado supuestamente un perjuicio de 4,5 millones a las arcas de la Federación entre 2007 y 2017 con la firma de varios contratos, entre otros para la celebración de partidos amistosos de la selección absoluta, que habrían beneficiado económicamente a su hijo Gorka, también procesado, al igual que el exvicepresidente de la RFEF Juan Padrón.

El instructor propone juzgarlos junto a otras cinco personas por delitos continuados de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.

En la resolución en la que acuerda la medida, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional explica que entre esos años Villar y Padrón se habrían aprovechado de los cargos que ocupaban para beneficiar a personas y empresas de su entorno mediante la adjudicación de contratos perjudiciales para la RFEF y, también, a través del desembolso de cantidades que no se correspondían con servicios prestados o estos no se realizaron en las condiciones acordadas. Unas prácticas que acarrearon un perjuicio a la Federación de 4.514.441,72 euros.

Según el relato de hechos del magistrado, al menos desde 2009 Villar, en connivencia con su hijo, habría impuesto algunas de las selecciones rivales de la selección absoluta para la disputa de partidos amistosos con el objetivo de beneficiar a Gorka a través de la empresa Sport Advisers SL, causando así un daño patrimonial a la Federación de al menos 366.583,08 euros.

El expresidente de la RFEF habría llevado a cabo esta actuación eludiendo el control y la intervención de todos los órganos competentes de la RFEF y atribuyendo a su hijo tanto la elección de los equipos rivales como la negociación de las condiciones de celebración de los partidos, a pesar de carecer de relación laboral o contractual con el organismo federativo. "Ello habría permitido a Gorka Villar Bollaín negociar y acordar no solo los rivales, sino también los términos económicos de la celebración de los partidos en función de su conveniencia y de la sociedad Sport Advisers SL, no obstante conocer que resultaban perjudiciales para la RFEF".

En estas condiciones se cerraron partidos amistosos contra la selección de Corea del Sur en dos ocasiones, otras dos con Chile, así como con Venezuela, Perú y Colombia. Los dos partidos con Corea -que se celebraron el 3 de junio de 2010 y el 30 de mayo de 2012- habrían supuesto, según el juez, un perjuicio a la RFEF de 630.000 euros. Así, por el partido de 2010 la RFEF únicamente habría percibido 700.000 euros (en lugar de un millón como se había convenido previamente) entre otras razones por "ceder determinados derechos audiovisuales" a la Confederación Coreana de Fútbol (KFA). El juez vincula este acuerdo a la firma por parte de Gorka Villar de un contrato de asesoramiento legal con la KFA por el que obtuvo 36.000 euros entre enero de 2010 y enero de 2011.

En 2012 se repite la historia y Gorka Villar firma el 31 de marzo con KFA un nuevo contrato de asesoramiento legal, pero "incrementando sus honorarios mensuales hasta 4.500 euros, excluidos los referidos a la asistencia en la organización de partidos internacionales de las selecciones nacionales" coreanas, obteniendo así 60.500 euros ese año. Con esas premisas se celebró el segundo amistoso con la selección coreana, "cediendo nuevamente los derechos audiovisuales" la Federación a la KFA, lo que habría supuesto que la Real Federación Española de Fútbol dejara de percibir 330.000 euros.

En cuanto a los dos amistosos con la selección de Chile (que se jugaron en 2011 y 2013), según el relato judicial se habrían dejado de ingresar al menos 3,2 millones, mientras que Sport Advisers se habría embolsado 176.000 euros

La supuesta dinámica delictiva consistía, explica De Jorge, en que Gorka Villar habría firmado contratos de prestación de servicios de asesoramiento legal con federaciones extranjeras de fútbol con el compromiso de la disputa de partidos amistosos entre las selecciones de ambos países fijando un caché menor del que podría haber obtenido la RFEF, perjudicando así los intereses de esta.

Pero el auto detalla otras presuntas irregularidades, como el pago a personas de confianza de Villar por servicios no prestados o la simulación de la jubilación de la secretaría de éste con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad, una actuación que le supuso a la Federación un pago de 235.443,04 euros.

De Jorge ha dictado otros tres autos acordando la conclusión de la instrucción de tres piezas separadas relativas a las federaciones tinerfeña, cántabra e interinsular de la Palmas, por las que propone juzgar a de once personas. En otras tres piezas -que afectan a la Federación Catalana y a las delegaciones territoriales andaluza y balear de la Mupresfe-, el instructor acuerda además la citación de cinco personas como investigadas.