Los sindicatos justifican que la subida del salario mínimo fomente la economía sumergida

Son daños colaterales. Los efectos negativos “puntuales” que han afectado a sectores como el empleo doméstico o la agricultura se han visto compensados “con creces” por los beneficios de la media, ha afirmado CC OO. Así ha justificado Comisiones Obreras el aumento del número de trabajadores irregulares y las horas extra no pagadas a consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Estos efectos perniciosos, que ya auguraban ciertos organismos, fueron confirmados ayer por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, que reconoció la existencia de “problemas” derivados de elevar el salario a 900 euros.

“La subida de 2019 ha permitido reequilibrar parte de esta diferencia” que nos separa de los países de nuestro entorno, “sin generar efectos negativos sobre el empleo”, afirma Comisiones Obreras. El sindicato ha alegado en un comunicado que el aumento de la economía sumergida en el empleo agrícola que observa el Gobierno “está condicionado por componentes estructurales de estas dos actividades, que facilitan la existencia de la economía sumergida”. Por esta razón, cualquier incremento en las condiciones de trabajo o la protección impacta sobre su empleo, explica CC OO. “La manera de abordarlo no es renunciando a extender las mejoras laborales a sus trabajadores, sino con más inspección de trabajo”, opina el sindicato.

Los empresarios se han pronunciado contra la pasividad del Gobierno. Si ayer Granado afirmó que no parecía necesario una nueva regulación como la de 2005 para luchar contra estos problemas, hoy el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha reclamado medidas para poner freno al aumento de la economía sumergida. En declaraciones a los medios en el marco de un encuentro empresarial CEOE-Cepyme, el dirigente empresarial se ha referido al efecto negativo que ha tenido el aumento del SMI en el empleo agrícola, donde casi 70.000 trabajadores “ya no están en la economía”. En cuanto a las 13.000 empleadas domésticas que han sido sustituidas por personas en situación irregular, Garamendi ha remarcado la necesidad de que formen parte del sistema. “Que estén en la economía sumergida es un error que habría que resolver, repensar y pensar, porque la gente tiene que estar en el sistema y pagar unos impuestos”.

En este sentido, el presidente de la CEOE ha recordado que “el gran problema de España”, la economía sumergida, supone el 24% del PIB español, frente al 13% de Europa. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) advirtieron en enero de 2019 que la falta de personal dedicado a combatir estas prácticas fraudulentas no es suficiente. Además, en el caso de que España consiguiera reducir los casi 10 puntos porcentuales que le separan de la media europea, se podrían recaudar unos 38.000 millones de euros anuales entre impuestos y cuotas de la Seguridad Social defraudados.“Cuando se habla de que presión fiscal de las empresas españolas es menor que la de otros países es por la economía sumergida, pues la presión fiscal es lo que se paga por el número de habitantes. Cuanta más gente haya en la economía sumergida parece que hay una menor presión fiscal”, apostilló Garamendi. En cuanto a una nueva posible subida del SMI en enero de 2020, ha pedido al Gobierno que piense “muy bien las cosas” y tenga en cuenta el contexto de desaceleración económica.