Sánchez incumple su promesa y congela las pensiones hasta formar Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un Real Decreto que recoge medidas en materia tributaria, catastral y de Seguridad Social en el que se apunta que las pensiones subirán un 0,9% una vez haya Ejecutivo.

Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, tras celebrarse el último Consejo de Ministros del año, donde ha resaltado también que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se elevará conforme a lo que acuerden sindicatos y patronal en el diálogo social cuando se forme Gobierno.

En concreto, sobre las pensiones, Celaá ha explicado que únicamente se hará una única revalorización del 0,9% “en el momento preciso” y no dos, una del 0,25%, y otra con el 0,65% restante por el gasto que supone no solo de coste, sino de infraestructura logística.

La ministra portavoz ha recordado que las pensiones están recuperando poder adquisitivo gracias a la subida del 1,6% que se aprobó para 2019 y ha dejado claro que la subida del 0,9% tendrá carácter retroactivo al 1 de enero de 2020 una vez se apruebe. Celaá ha reconocido que tanto la subida de las pensiones como del salario mínimo tiene “mucho interés social” y ha asegurado que espera que haya una respuesta práctica en ambas materias en beneficio de la gente “muy pronto”.

“El compromiso del Gobierno fue la subida de las pensiones en relación con el IPC y este es el 0,9% y, en relación con el SMI, en nuestra propuesta electoral se incluye la subida de este al 60% del salario medio en España, como indica la carta social europea, en una legislatura”, ha dejado claro Celaá. En esta línea, ha indicado que en 2020 el SMI se ajustará atendiendo a la conversación con agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, y “redundará en el beneficio de la gente como en otras ocasiones”.

Además, ha señalado que la subida del salario mínimo también se aplicará de manera retroactiva. El Real Decreto aprobado este viernes también incluye la prórroga de la cláusula de salvaguarda de las pensiones, que permite a trabajadores despedidos antes de la reforma de agosto de 2011 acceder a una jubilación con las condiciones establecidas antes de la reforma y que afecta a unas 26.000 personas.