Bruselas desmiente al Gobierno y asegura que no hay ningún acuerdo con España sobre la senda de déficit

La Unión Europea aún no ha pactado con España una nueva senda de déficit. Así lo aseguraron ayer en rueda de prensa de ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni y el vicepresidente Valdis Dombrovskis. La Comisión desmiente así las palabras de la portavoz del Gobierno español, María Jesús Montero, que aseguró el martes que estaba «satisfecha» con los nuevos objetivos, fruto del diálogo «constante y fructífero» con Bruselas. Una información que después fue desmentida por la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que apuntó que la UE no debe pronunciarse ahora sobre «ninguna senda». En este sentido, Bruselas no ha cambiado su postura y sigue esperando las cuentas españolas para poder pronunciarse.

La Comisión Europea indicó este miércoles que no ha llegado todavía a ningún acuerdo con el Gobierno español sobre la senda de déficit público para los próximos años y que se pronunciará una vez que reciba el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2020. "Estamos en discusiones con las autoridades españolas sobre la senda de déficit revisada y la preparación del presupuesto de 2020. No tenemos ningún acuerdo en este momento”, dijo Dombrovskis. El vicepresidente recordó que la institución “no tiene que dar su opinión sobre ninguna propuesta en este momento, sino solo cuando reciba el borrador presupuestario” que debe remitirle el Gobierno junto con la nueva senda de estabilidad.

Dombrovskis se pronunció así después de que este martes el Gobierno español anunciase que el viernes dará a conocer la nueva senda de déficit público para los próximos cuatro años, en línea con los principios de estabilidad que marca la Comisión. En un primer momento, esta información se interpretó en el sentido de que el Ejecutivo comunitario y el Gobierno habían llegado a un acuerdo sobre los objetivos de déficit y deuda públicos de aquí a 2024. Preguntados hoy a este respecto, tanto Dombrovskis como el comisario de Gentiloni señalaron que en este momento no hay un acuerdo, si bien el comisario italiano señaló que “confía” en alcanzar un pacto con el nuevo Gobierno. “Estamos contentos de tener un Gobierno con poderes presupuestarios plenos. Esto es bueno para Europa y para la Comisión y confiamos en que el Gobierno tendrá una propuesta que discutiremos juntos”, dijo el comisario socialista.

Déficit estructural

Los últimos objetivos de déficit nominal aprobados por las Cortes situaban el objetivo en el 0,5 % del PIB este año y superávit del 0,1 % del PIB en 2021, aunque el Gobierno ya había trasladado a Bruselas que el desfase alcanzaría el 1,7 % del PIB en 2020, el 0,4 % en 2021 y equilibrio presupuestario en 2022. El Gobierno tenía que elaborar una nueva senda para acompañar a los Presupuestos de 2020 y en las últimas semanas había indicado que mantendría contactos con Bruselas para garantizar que esta se ceñía a sus expectativas. Y es que, desde que España salió en 2019 del procedimiento comunitario por déficit excesivo, la Comisión ya no fija objetivos concretos de déficit nominal para cada año como hizo durante la década en que estuvo abierto el expediente. Ahora lo que vigila Bruselas es la corrección del déficit estructural. Para 2020, exige a España que lo reduzca en un 0,65 % del PIB, lo que equivale a un ajuste de unos 7.800 millones de euros, aunque las normas europeas dan margen para flexibilizarlo. Preguntado sobre este punto, Dombrovskis dijo que la Comisión podrá pronunciarse cuando reciban el borrador presupuestario, aunque añadió que “es importante continuar con el esfuerzo para reducir el déficit y la deuda pública” en España.

En paralelo, la Comisión Europea ha abierto la puerta a relajar las normas de déficit en el club comunitario, si bien es consciente de que pisa territorio minado. Por eso, antes de actuar, prefiere sumirse en la reflexión con el objetivo de recabar apoyos y no dar un paso en falso. La reforma de las normas fiscales europeas, auspiciada por la crisis económica ha tenido un efecto dispar. Por una parte, ha conseguido que los países europeos contengan el déficit, pero por otra ha lastrado las inversiones cuándo eran más necesarias y resultan de tal complejidad que a veces pueden ser aplicadas de manera arbitraria. Para poder paliar esta situación, la Comisión ha abierto una consulta con todos los actores implicados pero es consciente de las profundas diferencias que dividen a las capitales. Los países del Norte quieren aprovechar este debate para endurecer las normas y evitar cualquier margen de discrecionalidad del Ejecutivo comunitario en su aplicación, mientras que el Sur considera que la austeridad ha sido demasiada y que Bruselas debe alumbrar una nueva era.

Debido a esta profunda brecha, muy pocos creen que esta reflexión pueda llegar a puerto seguro. Existe el peligro de que los países de la divisa común se enzarcen una vez más en tensos debates con tímidos resultados, al igual que ha sucedido durante estos últimos años con las propuestas de reforma de la zona euro. A pesar de esto, se espera que el ejecutivo comunitario presente una propuesta detallada a finales de año dónde apueste por una u otra vía o por un equilibrio de consenso. Si es que éste puede alcanzase. “Las políticas económicas en Europa deben afrontar los retos de hoy, que no son claramente los mismos de hace una década. La estabilidad sigue siendo el principal objetivo, pero hay una igualmente necesidad para apoyar el crecimiento”, aseguró ayer Gentiloni, en su papel de paloma de la ortodoxia presupuestaria. Por su parte, Dombrovskis contrarrestó este mensaje, al menos en parte. “Asegurar la estabilidad financiera es una precondición para el crecimiento económico y la creación de empleo”, declaró. Una muestra de las diferentes sensibilidades también dentro de la Comisión Europea.

A pesar de la cautela de Bruselas a la hora de presentar iniciativas, esto no significa que no haya ideas sobre la mesa. Por una parte, el ejecutivo comunitario es consciente del esfuerzo ímprobo que supondrá el Pacto Verde (0 emisiones en el año 2050. Por eso, está dispuesto a que estas inversiones contabilicen de manera diferente a la hora de medir la reducción del déficit de los países europeos, pero todavía no se ha decantado por ninguna fórmula. En el horizonte también aparece la posibilidad de desechar el criterio de déficit estructural ( no sujeto a los vaivenes del ciclo económico) y que se aplica cuando un Estado ha salido de la lista negra del déficit por encima del 3% . Un criterio que el ejecutivo comunitario calcula según la variable de output gap que mide la brecha entre el crecimiento real y el potencial y que pretende que la reducción del déficit público no se deba a una coyuntura general favorable sino a los esfuerzos reales de un país. Unos cálculos con los que pocas capitales, entre ellas España, están de acuerdo.

En la recámara también está la posibilidad de que Bruselas renuncie a imponer sanciones multimillonarias, ya que la experiencia demuestra que nunca se aplican debido a que suponen un castigo extra a un país que ya atraviesa situaciones complicadas u opte por castigos menores para que éstas constituyan una “amenaza realista”, en palabras de fuentes europeas. España estuvo a punto de sufrir en sus carnes una multa de 2.000 millones de euros y la congelación de una parte de sus fondos europeos, pero el ejecutivo comunitario decidió, en el último momento, que esta multa tuviera carácter simbólico de 0 euros.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazo ayer a Bruselas con el objetivo de que el próximo marco presupuestario 2021-2027 no desemboque en una merca para los fondos agrícolas y regionales que recibe nuestro país. Sánchez se entrevistó con el presidente del Consejo, Charles Michel, antes de la cumbre extraordinaria del 20 de febrero.