Estas son las medidas con las que el Gobierno va a intervenir el mercado del alquiler

El Gobierno quiere fomentar el alquiler en España como medida para solucionar el problema del acceso a la vivienda. Pero, a decir de los expertos, las propuestas de corte intervencionista que está anunciando van en sentido contrario. Hoy, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha anunciado a través de Twitter que el Ejecutivo aprobará mañana un real decreto ley que establecerá una moratoria frente a los desahucios hipotecarios de cuatro años. Iglesias ha explicado que el decreto también aumentará el número de hogares que podrán acogerse a esta moratoria, «ampliando los supuestos considerados de vulnerabilidad como, por ejemplo, las familias monoparentales que tengan hijos a cargo».

Prohibir desahucios por impago

Además, Iglesias ha anunciado que se introducirán cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos para poner en marcha «medidas concretas para frenar los desahucios por impago del alquiler», que, según Iglesias, «ya son la mayoría de los que se producen en nuestro país». A este respecto, el líder de Podemos ha asegurado que se ha acordado «prohibir desahucios por impago del alquiler en zonas de mercado tensionadas y en casos que tengan relación con fondos buitre que hacen negocio con un derecho básico».

Limitar las subidas

Para delimitar las zonas de mercado tensionadas, el Ejecutivo utilizará el Índice de Referencia de los Precios del Alquiler que está preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y que anunciará antes de finales de mes. Este indicador servirá de referencia a las comunidades autónomas y ayuntamientos para acotar la subida de precios también en aquellas zonas del mercado tensionadas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció hace un par de semanas en el Congreso que antes de verano estará lista la ley que habilitará a las comunidades y ayuntamientos a limitar las subidas si así lo desean. Algunas, como la Comunidad de Madrid, ya han asegurado que no restringirán el precio de los alquileres.

Venta de promociones públicas

En su intervención parlamentaria, el ministro de Transportes también anunció que se articularán medidas para para “evitar la enajenación del parque público de vivienda” como ocurrió en el pasado, en clara alusión a la operación ejecutada años atrás por el Ayuntamiento de Madrid.

El sector, indignado

Según Iglesias, las medidas del Gobierno «van a aliviar la situación de miles de familias que a día de hoy no estaban viendo garantizado su derecho constitucional a la vivienda». Según el sector, lo único que harán será laminar el ya escaso mercado del alquiler español. Antonio Carroza, consejero delegado de Alquiler Seguros, aseguró que si se limitan «per se» los desahucios, se contraerá la oferta y subirán los precios, especialmente si se va contra los grandes tenedores de vivienda.

Mikel Echavarren, consejero delegado de la consultora inmobiliaria Colliers Internacional, ha asegurado que la ofensiva contra los fondos es «demencial». «Si alguien no me paga el alquiler, le tengo que echar. Y si el Gobierno no quiere que le eche, que me pague la renta el Gobierno. Pero no puedes decir que con mi bien privado tengo yo que mantener a alguien que no me paga», ha dicho. A su juicio, el anuncio del Ejecutivo es un «error de bulto que solo se explica porque este tipo de medidas dan votos y no le cuestan al Gobierno ni un euro en el presupuesto», ya que su efecto negativo será que se reduzca la oferta, «justo lo contrario de lo que necesita el mercado» de la vivienda, según informa Efe.

Los expertos pronostican que, en la medida en la que están percibiendo incertidumbre, las inversiones de aseguradoras y particulares de largo plazo se retirarán. Otras fuentes del mercado aseguran que hay inmobiliarias que ya toman medidas para evitar desahucios en casos de familias en situación de vulnerabilidad, como bajos ingresos con menores, personas enfermas o mayores. En estos casos, pactan alquileres sociales por debajo de mercado u otro tipo de ayudas «con escaso apoyo del sector público», se quejan.