El Gobierno tendrá que rectificar por enésima vez una de las cláusulas de un decreto ley. En esta ocasión deberá modificar uno de los requisitos exigidos a los autónomos para poder acceder a las ayudas sociales. En concreto, para acreditar su situación de vulnerabilidad y poder acceder a alguna de estas ayudas -como las moratorias de la hipoteca y el alquiler, el bono social energético o el rescate parcial de los planes de pensiones- los autónomos están obligados a presentar el certificado de baja censal emitido por la Agencia Tributaria que acredita el cierre de sus negocios. Pero esta cláusula no pueden cumplirla el 95% de este colectivo -como apunta la asociación ATA-, ya que para cobrar la prestación por cese de actividad con una pérdida de hasta el 75% de sus ingresos tienen que siguen dados de alta en la Seguridad Social y en Hacienda. Cuando estos trabajadores han acudido a tramitar sus peticiones, les han exigido el certificado por cierre de negocio emitido por la Agencia Tributaria, certificado que no han podido mostrar y, por tanto, sus solicitudes han sido denegadas.

Fuentes ministeriales han confirmado a LA RAZÓN que los técnicos que elaboraron esta norma están retocando de nuevo su redacción “para que no haya malas interpretaciones, todo quede claro y los autónomos que deseen pedir las ayudas lo puedan hacer sin tener que tramitar un cese de actividad total. Nuestro objetivo siempre ha sido que todo el mundo pueda acceder a las ayudas si las necesitan”. Con esta nueva redacción se podrán obtener estas ayudas sin tener que darse de baja de la actividad, por lo que podrán compaginarse con la prestación extraordinaria por cese de actividad a la que ya han accedido 920.000 trabajadores por cuenta propia. Casi con toda seguridad, esta rectificación se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) había alertado el pasado viernes de que el 95% de los autónomos podría quedarse sin ayudas si no presentaba ese certificado, y exigía al Ejecutivo una rectificación normativa que permitiera que aprobar la prestación extraordinaria por cese de actividad fuera suficiente para demostrar su situación de vulnerabilidad y, por tanto, poder solicitar estas ayudas sociales sin la obligación de cerrar el negocio y certificarlo ante Hacienda. “Parece que al final nos han hecho caso, aunque sea con una nueva rectificación. Deberían tener claro que el diálogo social no es sólo presentar los decretos que quieren aprobar, sino negociar, retocar y aceptar modificaciones que los mejoren”, explicó a este diario el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Esta enmienda y otras medidas fueron presentadas a la Mesa del Trabajo Autónomo integrada por representantes del Ministerio de Trabajo y las tres principales asociaciones de autónomos, ATA, UPTA y Uatae, que se ha reunido por primera vez para empezar a analizar las medidas que deben tomarse para la desescalada y la vuelta a la actividad de pymes y autónomos. En la reunión también se ha planteado la necesidad de nuevas medidas fiscales o económicas dirigidas a fomentar la digitalización en los pequeños negocios y pymes para acometer un cambio estructural de la economía de los autónomos. Con esta mesa se acelera la creación del Consejo del Trabajo Autónomo que el Ejecutivo de coalición se había comprometido a abordar en los próximos meses.