La burocracia impide facturar los contratos públicos paralizados por la crisis del Covid-19

Si en circunstancias normales, la morosidad y los retrasos, especialmente de las de las administraciones públicas, es uno de los grandes problemas que se cierne sobre pymes y autónomos, en la actuales condiciones se convierte en toda una soga al cuello para estos emprendedores. Según datos de la Plataforma multisectorial contra la Morosidad (PMcM) los plazos no hacen más que dilatarse. En 2019, tardaron 70 días de media en abonar las facturas, más del doble del límite máximo que marca la Ley (30 días) y un 3% superior al dato del año anterior.

A los retrasos se une ahora, otro problema añadido. Y es que la PMcM alerta de que que la farragosa burocracia y falta de unidad de criterio impiden a pymes y autónomos facturar los contratos públicos paralizados por la crisis del Covid-19

Esta situación, tal y como explican, se está registrando porque, como indica la Ley de Contratos del Sector Público, para que se produzca una suspensión –total o parcial– de un contrato público es necesario que la Administración licitadora levante un «acta de suspensión», y esto «no se está haciendo en numerosos casos», alerta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Esta ausencia del acta de suspensión «impide a los contratistas tener acceso a las indemnizaciones por suspensión, que deberían facturarse como ‘‘facturas a cuenta’’, y cuya liquidación se produciría una vez que el contratista demuestre que ha incurrido en los gastos previstos por la Ley, entre ellos el mantenimiento de empleos», explica Cañete. «Sin un levantamiento del acta, el contratista no puede facturar y, por tanto, tampoco cobrar, y todo por una desorganización burocrática que se va a llevar por delante a muchas empresas», se lamenta.

De acuerdo con el artículo 34 del RDLey 8/2020 que se pronuncia sobre los contratos públicos, el hecho de que la Administración no diga nada sobre la solicitud de suspensión del contratista se entiende como desestimación, y «esto genera mucha inseguridad jurídica; parece muy poco coherente que con el caos que está habiendo, los pocos medios que habrá para resolver este tipo de asuntos y el escaso plazo que se concede, que el silencio sea en calidad de desestimación, y más cuando cabe la posibilidad de posterior revisión de las circunstancias alegadas», manifiesta el presidente de la PMcM. En su opinión, en algunos casos la situación es «todavía más kafkiana, especialmente en los considerados servicios esenciales, como los de atención domiciliaria a personas dependientes. Pymes y autónomos se ven obligados a mantener en plantilla el personal de un servicio que en muchos casos no pueden ofrecer actualmente por la crisis del Covid-19, ya sea porque los beneficiarios están enfermos o porque se han trasladado a convivir con algún familiar durante el confinamiento».

Liquidez necesaria

Asimismo, en la situación actual la liquidez para pymes y autónomos y empresas en general es fundamental, por lo que desde la PMcM reclama una modificación de la Ley de Estabilidad para los ayuntamientos puedan pagar facturas a sus proveedores. Actualmente los fondos que los ayuntamientos tienen depositados en entidades financieras ascienden a 28.341 millones de euros, según datos del Banco de España. Asimismo, la PMcM ha detectado que de éstos, según el informe «Haciendas Locales en cifras 2017» (publicado por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2019), cerca de 12.000 millones de euros corresponde a los remanentes, que actualmente no se pueden utilizar porque están retenidos en las cuentas por temas de estabilidad presupuestaria.

«Una parte importante de la cuantiosa liquidez que tienen los ayuntamientos está retenida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, impidiendo que los interventores autoricen utilizar estos recursos. Es toda una paradoja: las corporaciones municipales tienen la obligación legal de pagar sus facturas, pero aunque quieran hacerlo no pueden disponer de estos recursos para ayudar a las pymes y autónomos en un momento tan crítico. Ahora, más que nunca, necesitan esos fondos, Por este motivo, pedimos con urgencia que se modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para que se pueda liberar parte de ese remanente con el objetivo de inyectar liquidez al sistema», concluye Cañete.