Dónde y cuándo solicitar el ingreso mínimo vital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el ingreso mínimo vital será aprobado por el Consejo de Ministros la próxima semana, comenzará a cobrarse en junio y beneficiará a cerca de 850.000 hogares. Sánchez lo ha indicado durante una comparecencia en la Moncloa, en la que ha cifrado en 3.000 millones de euros anuales el coste de esta nueva prestación que correrá a cargo de la Seguridad Social. El presidente del Gobierno ha recordado que prestaciones similares existen en otros países europeos y que servirá para amparar a 4 de cada 5 personas que en España sufren pobreza severa.

Asimismo, ha indicado que aproximadamente la mitad de los hogares que percibirán este ingreso cuentan con niños a cargo y ha lamentado que en España más de dos millones de niños sufren situaciones de pobreza. Sánchez ha indicado que podrá cobrarse desde junio, según vayan siendo aprobadas las solicitudes. Ha explicado que la cuantía del ingreso dependerá del número de miembros de cada hogar, ya que se analizarán las rentas en conjunto de cada familia. Se fijará por tanto un mínimo por familia y el ingreso servirá para complementar la diferencia.

Requisitos

El ingreso mínimo se articula como una prestación de Seguridad Social, que será la que efectuará el reconocimiento y el abono de la prestación, pero se trabaja en un acuerdo con las CCAA, los ayuntamientos y el Tercer Sector para que puedan ser receptores de la solicitud, que deberá resolverse en tres meses. El silencio administrativo será negativo. Se establecerán cinco canales de solicitud: ayuntamientos, Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), comunidades autónomas, Tercer Sector, y una aplicación telemática. La solicitud se acompañará de una declaración responsable que deberá ser verificada por la Seguridad Social posteriormente. Aunque los trabajadores receptores de la solicitud no tendrán que ser trabajadores sociales, sí tendrán que tener esta condición los que tengan que ejecutar el seguimiento de los itinerarios. En estos momentos, según explican las mismas fuentes se trabaja, con respeto a la Ley de Protección de Datos, para detectar aquellos casos que son urgentes, que se estiman en unos 100.000, a los que se les podría otorgar de oficio la prestación, dado que hay muchas familias que no saben dónde tiene que acudir. El ingreso mínimo vital será un pago mensual y se recibirá al mes siguiente de la solicitud.

Beneficiarios

Según el documento sobre el que trabaja el Ministerio de Seguridad Social, estas ayudas se concederán a la unidad familiar o por hogar de convivencia, no a título individual, y los beneficiariosdeberán tener más de 23 años y menos de 65 -existe la posibilidad de que sea a partir de 21 años, o de 18 años si tienen hijos-. Además, deberán estar en búsqueda activa de empleo y demostrar que ha solicitado todas las prestaciones posibles de los diferentes niveles de la Administración. Habrá un complemento especial para las familias monoparentales- y se tomará como referencia para otorgarla los ingresos declarados de 2019, por lo que ya se han cruzado datos con la Agencia Tributaria.

Para calcular si se puede optar al IVM se tendrá en cuenta la renta (rendimientos capital mobiliario, inmobiliario, pensiones no contributivas contributivas) y el patrimonio (con un máximo de 330.000 euros), pero no computará la vivienda habitual ni las subvenciones finalistas. Los beneficiarios están obligados a realizar la declaración del IRPF. Además, se tendrán en cuenta las pensiones de alimentos. Como ya se ha adelantado, la cuantía para un hogar formado por un adulto sería de 461,53 euros y se iría incrementando en función de los miembros en adultos y en menores, así como un complemento en familias monoparentales.

Cuánto se cobrará

La cuantía final se decidirá según el número de menores y personas dependientes a cargo -se estaría diseñando sobre un mínimo de 461,53 euros y un máximo de 1.015 euros- y se podrá solicitar a partir del mes de junio, una vez aprobado oficialmente este mes de mayo como ya anunció el propio Escrivá en su última comparecencia en el Senado. Allí explicó que pretende que esta prestación sea permanente, complementaria y subsidiaria a las rentas de inserción que ya existen en las comunidades autónomas, para garantizar que todas las familias lleguen a un umbral mínimo de ingresos. Pretende el Gobierno que el 20% de los hogares más pobres de España -aquellos en situación de pobreza extrema- se beneficien de estas ayudas. En sus previsiones calculan que pueden llegar a cubrir hasta el 40% siguiente en la mediana y hasta el 50% de los hogares con niños podrían asimismo acceder al futuro Ingreso Mínimo.

Pagas

Los expertos están divididos sobre la necesidad de estas ayudas. Una parte cree que esta herramienta no hace falta, que la solución pasa por ampliar las coberturas sociales preexistentes y fomentar, en mayor medida, la creación de empleo, porque un sueldo decente es un verdadero ingreso mínimo. Sin embargo, otros como el presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño, sí se posiciona a favor de esta medida.

«Hoy nos enfrentamos a una crisis sin antecedentes y con trágicas consecuencias para la salud pública, la economía y la sociedad, y especialmente con los más vulnerables. La pandemia está colocándonos ante situaciones nunca antes vistas. Y esto solo lo superaremos si somos capaces de tomar medidas sin precedentes. En este sentido, disponer de un ingreso digno es un derecho fundamental para la vida y el bienestar humano, para el desarrollo individual y familiar, y es un requisito para que las personas puedan participar en la sociedad en la que viven. Además, así se recoge en la recomendación de la Comisión Europea sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. «Esta situación actual es muy grave, y entiendo que la aplicabilidad de esta ayuda se plantea como respuesta a la circunstancia de necesidad de las personas ante una pérdida de recursos y ante una situación alarmante del crecimiento de la pobreza», admite Pedreño.

El responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, también opina que «la fuerte caída de renta disponible que implica a corto plazo la crisis por el Covid-19 hace que esta política de rentas para evitar el riesgo de pobreza severa sea ahora más necesaria». Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, se muestra a favor pero con matices. . «No cabe duda de que se debe dar asistencia a los más desfavorecidos», pero, añade que «en un momento con tanta tensión como el actual, en el que no tenemos claro qué va a pasar, plantear modelos permanentes y universales puede tener un punto de demagogia y de frivolidad peligrosa».

Coste

Es terreno pantanoso, y el Gobierno lo ha pisado de lleno. En un principio, el vicepresidente Pablo Iglesias, líder de Podemos, afirmó que se trataría de una medida transitoria. Y, poco después, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le contradijo afirmando que será permanente. De hecho, esta herramienta social no ha surgigo con esta crisis, ya se incluía en el programa de Gobierno. Y como el ingreso mínimo vital ha venido para quedarse, tendrá que ir evolucionando a lo largo del tiempo. Según Doménech, «como herramienta permanente debe diseñarse muy bien para maximizar sus beneficios, minimizar sus costes, y reducir efectos no deseados. Será necesario evaluar periódicamente el funcionamiento de la renta mínima y cambiar su diseño para mejorar su eficiencia, si es necesario». Precisamente, cuando Escrivá era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), este organismo planteó una renta mínima similar a la que ahora se propone y calculó cuál sería el coste anual para el estado si se le diera la ayuda a 1,8 millones de hogares: 3.500 millones de euros tras eliminar duplicidades.

¿Se puede España permitir ese gasto en un momento en el que la deuda, según el Fondo Monetario Internacional, se dispará hasta el 114% por culpa de la crisis derivada de la pandemia? El coste de la ayuda, explica Pich, «es inmenso, lo que resulta especialmente preocupante en un contexto en el que nuestro déficit, sin ser pesimistas, podría irse este año por encima del 12% del PIB. No cabe duda de que se debe dar asistencia a los más desfavorecidos, pero convendría acotar cantidades y colectivos, porque en este tipo de debates resulta mucho más fácil saber cómo se empieza que cómo se acaba».

A favor

Eso sí, los que están a favor de la medida creen que no solo hay centrarse en su coste, sino también en los beneficios. Por ejemplo, serviría para reactivar la economía porque, al ofrecer ingresos, se incentivaría el consumo. Para Pedreño, los beneficios del ingreso mínimo vital «son mayores que sus perjuicios, sobre todo porque va dirigido a mejorar la situación de las personas; porque son prestaciones que fortalecen a las personas y les permiten salir de situaciones de pobreza antes de convertirse en crónicas; porque es un derecho subjetivo a la protección; porque debe considerarse una inversión y no un gasto; porque sin duda servirá como instrumento de inclusión y cohesión social y, por último, porque la prestación se reconoce cuando no es posible el acceso a otros mecanismos de protección».

En definitiva, el coste que se afrontería tendría ventajas sociales, más que repercusiones económicas. En el mismo rumbo apunta Doménech: «Fundamentalmente los beneficios serían la reducción de la desigualdad y de la pobreza más severa de algunos hogares, lo que contribuye también a mejorar la salud e incluso la educación de los hogares con niños y jóvenes, con el consiguiente efecto positivo sobre la igualdad de oportunidades. Además puede incentivar a que sus beneficiarios acepten su participación en programas de formación y mejore su empleabilidad. Todo ello contribuye a reducir el riesgo de desafección con el sistema por parte de los colectivos más vulnerables y la polarización social».

En contra

No obstante, la medida también tiene su contraprestación económica. La que más preocupa es el aumento tributario. «Obviamente la renta mínima supone un coste fiscal que hay que financiar con impuestos», admite Doménech. Aunque él no está de acuerdo con otro de los argumentos en contra, la inflación. Los analistas que sí lo defienden creen que, al incentivarse el consumo y crecer la demanda, podrían subir los precios. De esa manera, el efecto de la medida se reduciría porque con el ingreso mínimo daría para menos gastos que los concebidos en un principio.

Pedreño subraya que hay que tener mucho cuidado a la hora de estructurar la medida porque, de hacerlo mal, «podría desincentivar el interés por abordar proyectos laborales. Considero que deben estar ligados, en la medida de sus posibilidades, a proyectos de inserción sociolaboral, a actividades de formación, con el objetivo de mejorar las competencias de las personas en esa situación y, en definitiva, a participar de todas las medidas de apoyo que incentiven a las personas a mejorar su situación laboral y a ir abandonando progresivamente la utilización de la renta mínima vital. Activar como único requisito “estar vivo”, como planteó Alaska cuando creó su Fondo Permanente de 1.800 euros mensuales, generaría con toda seguridad efectos absolutamente nocivos en la sociedad».

Evitar la cronificación

Igual que Pedreño, Pich manifiesta que «hay que hacer un esfuerzo para integrar, en la medida de lo posible, a los más desfavorecidos en el mercado laboral y evitar así que su situación se cronifique». Por lo tanto, resulta necesario evitar que los beneficiarios de esta prestación dependan exclusivamente de ella durante un largo periodo de tiempo. Y Doménech culmina el consenso sobre que el ingreso mínimo vital sería menos eficiente sin estan vinculado a políticas actidad de empleo «para evitar generar trampas de pobreza y ayudar temporalmente a las personas a mejorar su capacidad para vivir de su trabajo, y a que alcancen niveles de renta por encima del que otorga esa renta mínima».

Experiencias

Además del de Alaska, otro ejemplo de experiencia de un ingreso mínimo vital fue el de Finlandia. En el país nórdico se escogieron a 2.000 personas con ingresos mínimos, desempleados, y se les entregó 560 euros al mes. Los resultados demostraron que esta medida mejora el bienestar de los subsidiarios. Sin embargo, este abono mensual no les ayudó a entrar en el mercado laboral. Es decir, el objetivo más importante que se perseguía con la medida no se cumplió. En España, ya tenemos experiencias similares a esta medida. Básicamente, lo que cambia es la definición. En Andalucía, el 1 de enero de 2018 entró en vigor la Renta Mínima de Inserción Social, que sustituía al Ingreso Mínimo de Solidaridad. Pero ambas herramientas tenían el mismo objetivo de ofrecer a los más vulnerables unos ingresos extra.