El Gobierno tapa el agujero de la Seguridad Social con dos créditos por 30.500 millones

El Consejo de Ministros quiere taponar la hemorragia que ha supuesto a la caja de la Seguridad Social el impacto de la crisis sanitaria y ha aprobado dos créditos, por un importe global de 30.502 millones de euros, para sellar el agujero derivado de la pérdida de ingresos por cotizaciones sociales –tanto por las exenciones de cuotas como por el menor número de cotizantes– y por el aumento exponencial de los fondos dedicados a prestaciones –por desempleo, bajas laborales, cese de actividad, pago de las prestaciones asimiladas a los ERTE, entre otras– derivadas de la crisis sanitaria. «Los ingresos de la Seguridad Social se van a ver reducidos y los gastos se han incrementado. Para mantener el equilibrio presupuestario y seguir con este esfuerzo es necesaria la aportación de un crédito extraordinario del Estado», justifico María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según detalló, se ha incluido en este decreto un crédito extraordinario por importe de 14.002 millones de euros para hacer frente a los menores ingresos del sistema por las medidas de protección adoptadas, y otro crédito, por un máximo de 16.500 millones sin intereses, para afrontar el pago del mayor número de prestaciones por desempleo que ha causado la pandemia. «Es evidente que los ingresos del sistema se van a ver reducidos respecto a lo previsto, por lo que estos créditos reflejan el compromiso del Gobierno». También se han incluido dos suplementos de crédito complementarios –motivados por la doble prórroga presupuestaria– de 99 y 272 millones de euros, para completar prestaciones no contributivas y la prestación por hijo a cargo, respectivamente.

Con la concesión de estos dos nuevos créditos, el Gobierno se ha visto ya forzado en lo que va de año a inyectar liquidez al sistema social tres veces. El pasado 14 de abril, el Consejo de Ministros ya aprobó otro préstamo de 13.830 millones de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones, con lo cual la aportación extraordinaria de fondos a la Seguridad Social suma ya 44.332 millones en apenas cinco meses. En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que supone casi 20.000 millones de euros que, en las actuales circunstancias –tras las medidas excepcionales tomadas por la pandemia– puede generar tensiones de liquidez al Sistema, algo que se ha querido corregir con esta aportación extraordinaria.

Según aclaró posteriormente el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, la concesión de esta liquidez extra asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social «planificar con suficiente antelación la disposición de recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios».

Lo que no recuerda el Ministerio es que la Tesorería de la Seguridad Social multiplicaría por tres el déficit de caja respecto al año pasado, que llegará al 5% del PI B y superará los 60.000 millones de euros –según las previsiones de la Airef–. Esto significa que habrá acumulado una descomunal deuda con el Estado, que no tiene visos de que sea solventada. Esta deuda concon la Administración estaba ya casi en los 69.000 millones de euros y ahora, con estas dos nuevas transferencias, el saldo negativo de la Seguridad Social se situará en torno a los 100.000 millones de euros.

Pese a este panorama, el ministro Escrivá ha reiterado en sus últimas apariciones públicas que el Gobierno no realizará ningún tipo de recorte en las pensiones y garantiza su revalorización con el IPC, pese a que el gasto anual supera ya ya los 134.000 millones, que sumado a los gastos derivados de la pandemia y a la caída de los ingresos, hará muy difícil que el sistema aguante en el tiempo.

Moratoria al pago de intereses

Por otro lado, Montero también anunció que se va a prorrogar un mes más -de tres a cuatro meses- el plazo para ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los aplazamiento tributarios motivados por el impacto de la Covid-19. La ministra recordó que el Gobierno ya aprobó el aplazamiento de impuestos de hasta 30.000 euros para pymes y autónomos durante seis meses, los tres primeros sin pago de intereses, que ahora se amplían a cuatro. “Se trata de una medida de alivio importante”, indicó la ministra. A continuación, aportó los últimos datos oficiales sobre este aplazamiento. Hasta el lunes se habían presentado 1.016.688 solicitudes de aplazamiento de impuestos, que han beneficiado a 638.652 autónomos y pymes, por un importe conjunto que supera los 3.031 millones de euros.

El decreto también contempla que las sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de acabar el plazo como consecuencia del Covid-19, lo puedan presentar con las cuentas anuales disponibles en ese momento. En este sentido, se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin recargos por la presentación fuera de plazo, cuando las cuentas anuales de la sociedad se hayan podido aprobar, cuyo plazo expira el próximo 30 de noviembre.