España deberá enviar a Bruselas un plan de reformas antes del 15 de octubre para optar al plan de reconstrucción

No será un rescate, pero Bruselas vigilará con celo cómo, cuándo y en qué se gastan las ayudas. Este pasado miércoles, el Ejecutivo comunitario desveló su plan de reconstrucción de la economía europea para salir de las tinieblas ocasionadas por el coronavirus. La Comisión Europea ofrece a España un máximo de 140.000 millones de euros, lo que le convierte en el segundo gran beneficiado tan sólo por detrás de Italia. De esta cantidad, 77.324 podrían llegar en transferencias a fondo perdido y el resto en préstamos reembolsables.

Pero, según explicaron ayer los comisarios económicos Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni, si el país que solicita esta ayuda no cumple los criterios establecidos por el Ejecutivo comunitario, Bruselas puede cortar el grifo del dinero con la suspensión del siguiente tramo de la ayuda e incluso cancelar los proyectos de inversiones. «Si un Estado miembro no lleva a cabo las reformas acordadas, si no invierte en los proyectos adecuados, en este caso es difícil proporcional financiación», explicó ayer Dombrovskis. No habrá hombres de negro, pero tampoco cheques en blanco. Se espera que el 60% de las ayudas se desembolse en los dos primeros años 2021-22 y el resto hasta finales de 2024.

Ningún país está obligado a solicitar estas subvenciones y préstamos, pero en caso de hacerlo, debe justificar sus proyectos. Si todo va según lo previsto, se espera que las cancillerías europeas lleguen a un acuerdo por unanimidad, antes de la pausa veraniega, con el objetivo de que el dinero pueda empezar a fluir a partir de enero del año 2021.

Justificación

En aras de poder beneficiarse de este primer flujo de fondos, el Gobierno de Pedro Sánchez debe enviar un plan de reformas e inversiones antes del 15 de octubre, junto al borrador de presupuestos del año 2021 que exige el habitual procedimiento denominado Semestre Europeo. En caso de que no pueda cumplir este objetivo, el siguiente plazo termina en el mes de abril de 2021.

En ese documento, el Gobierno debe justificar qué inversiones quiere financiar a cargo del dinero europeo, cuál es la cantidad necesaria y un plan detallado de gastos y metas, incluido el impacto del plan en el crecimiento económico del país. Las inversiones y reformas deben ser acordes a las prioridades establecidas por Bruselas -digitalización y transición ecológica- y coherentes con las recomendaciones que el Ejecutivo comunitario lleva exigiendo a España una y otra vez en los últimos años: luchar contra la fragmentación y temporalidad del mercado laboral, sostenibilidad de las pensiones o la transparencia en las licitaciones.

Mayoría cualificada

Para que los proyectos se ejecuten, Bruselas deberá aprobar estos planes de reforma que, además, también deberán recibir la bendición de los estados miembros por mayoría cualificada. Ningún país tendrá poder de veto, pero los halcones del Norte –Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia- pueden poner piedras en el camino si consiguen aliados.

Una vez aprobados los proyectos y sus cantidades, los estados deberán dar información detallada a Bruselas cada tres meses dentro del procedimiento del semestre europeo. A pesar de esta estricta vigilancia, la Comisión Europea no quiere resucitar fantasmas del pasado. «Esto no es un programa de ajuste con un nombre diferente. Es un instrumento nuevo. Es voluntario y además se basa en las prioridades establecidas a nivel nacional», insistió ayer Gentinoli durante su compare.