La COVID-19 amenaza a 350.000 empresas en España

Comercio, hostelería y servicios profesionales, auxiliares y personales serán los sectores más golpeados. Los expertos advierten de que preservar su supervivencia con todo tipo de ayudas será fundamental para acelerar la recuperación y salvar un millón de empleos

Los negocios pequeños son los que más sufrirán las consecuencias de la crisis
Los negocios pequeños son los que más sufrirán las consecuencias de la crisisJ.J.GuillenEFE

Más de 133.000 empresas cerradas en apenas dos meses. Ése es el triste balance que, de momento, deja la crisis de la COVID-19, según el registro de códigos de cuenta de cotización de la Seguridad Social. Unas bajas que dan idea de la gravedad de la situación. No obstante, la destrucción de tejido productivo puede ser mucho mayor.

¿Con qué intensidad sufrirán el impacto y cuántas empresas pueden desaparecer en total? Pues todo dependerá de las medidas adoptadas para apoyarlas y de no ponerles excesivas «zancadillas» en forma de impuestos o retrocesos significativos en el marco de relaciones laborales. En la anterior recesión, entre 2008 y 2013, 355.000 compañías se quedaron en el camino en términos de saldo neto (la diferencia entre el nacimiento y defunción de empresas), según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque hay ciertas semejanzas con la situación actual, los expertos apuntan también a notables diferencias que pueden hacer cambiar el devenir de los acontecimientos.

La primera de ellas, según las fuentes consultadas por este periódico, es que la crisis del SARS-CoV-2, previsiblemente, será más dura en intensidad que la anterior, pero menos prolongada en el tiempo. Teniendo en cuenta la evolución de la destrucción de empresas en el periodo comprendido entre 2008 y 2013, así como las previsiones de caída de la actividad, han hecho sus estimaciones sobre la afectación en el tejido empresarial. El director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo, calcula que, con una caída del 11% PIB y del 15% de la facturacion empresarial, España puede perder hasta 350.000 empresas y un millón de empleos. No obstante, el agravamiento de la situación dependerá de la promoción de iniciativas proempresariales, pero especialmente de la no adopción de medidas contraproducentes, sobre todo en materia fiscal y laboral. Comercio, hostelería y servicios profesionales, personales y auxiliares serán los sectores más golpeados en términos de destrucción de empresas. Y entre los tres concentrarán dos tercios de los negocios que desaparecerán.

Empresas en riesgo
Empresas en riesgo FOTO: M. Roselló

Anticipación

Otra diferencia importante con la anterior crisis han sido las medidas gubernamentales adoptadas, que han permitido cierta anticipación. Los ERTE o las líneas de avales ICO pueden amortiguar la desaparición de empresas. En concreto, el IEE estima un impacto positivo sobre la actividad del 3,2% del VAB en el caso de los avales y del 0,7% en los ERTE. Si bien Izquierdo cree que las iniciativas podrían ser de mayor calado, sí las valora. «Es esencial articular mecanismos que permitan compensar la caída de las ventas y actividad. Si se destruyen empresas, se frena la capacidad de recuperación, por lo que no podremos salir de la crisis en la famosa V», explica.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha alertado del alud de casos que llegarán a los juzgados como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia y ha estimado que los concursos de acreedores alcanzarán los 50.000 el próximo año, lo que supone multiplicar por seis los 7.000 que se produjeron en 2019.

Carlos Perelló, administrador concursal, socio de Perelló & Biosca & Cabrera, y profesor del Programa de Especialización en Derecho de los Mercados Financieros del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), cree que, a diferencia de la anterior crisis, se ha reaccionado más rápido, con las medidas excepcionales que se han introducido en la Ley Concursal. En virtud de las mismas, hasta el próximo 1 de enero un actor no podrá declarar el concursos de acreedores, como tampoco las empresas tendrán la obligación de solicitarlo –hasta ahora, las sociedades, en caso de insolvencia, tenían un plazo de dos meses para hacerlo–. Otra novedad es que, en caso de que la empresa haya recibido préstamos por parte de las personas vinculadas a la misma (créditos subordinados), se modifica la prelación para que sean los primeros en recuperar el dinero en caso de que finalmente se produzca la disolución de la misma. Asimismo, no se tendrán en cuenta las pérdidas de este año a la hora de declarar el concurso. Las compañías podrán también renegociar los convenios de acreedores (reconvenir). Tampoco Trabajo exigirá a las empresas con ERTE en riesgo de quiebra mantener los empleos.

«Todas estas medidas, que no se adoptaron en la anterior crisis, pueden evitar que muchas compañías se vean obligadas a liquidarse. Además, los bancos están en una mejor situación que en 2008 y, por lo tanto, podrán otorgar crédito», explica Perelló.

Se puede hacer más

Pese a los esfuerzos, tanto administraciones como sociedades y entidades financieras tienen que poner toda la carne en el asador para evitar que el cierre de la economía de dos meses se lleve por delante todo lo logrado en los últimos cinco años. Así, desde el IEE, proponen medidas de tipo fiscal, como la compensación de la base imponible negativa, de manera que las pérdidas se puedan equilibrar con los beneficios anteriores y no futuros como sucede hasta ahora. De esta manera, Hacienda devolvería parte del dinero que el empresario ya le ha pagado al fisco, lo que equilibraría la caída de la facturación. Además, hay que tener en cuenta que el desplome de los ingresos no se debe a una mala gestión del negocio, sino a un hecho puntual como es la COVID-19. Esta medida ya se está aplicando en países como Reino Unido, Alemania, Francia o Irlanda.

«La iniciativa, que debería tener carácter extraordinario, aumentaría el déficit, aunque solo este año, pero, a cambio, reforzaría mucho los recursos de nuestras empresas. Además, se haría en un momento en el que hay una mayor comprensión del déficit estructural, y contribuiría a que las ayudas llegasen a negocios viables, que se han visto en una situación de dificultad por el parón de la actividad, y no por una mala gestión. La muestra de que una empresa está bien gestionada es que genera ingresos tributarios, ya que paga impuestos», añade Izquierdo.

Carlos Perelló también destaca la importancia de la negociación de los empresarios con sus proveedores. «Las empresas deben tratar de renegociar los pagos con ellos, con fórmulas imaginativas que permitan minimizar las pérdidas a ambos. Se pueden ofrecer pagos instantáneos a cambio de pactar una quita que se descontaría de la cantidad adeudada o sustituir los salarios variables de los empleados por entradas en el capital de las compañías», señala.

Pese a que la destrucción del número de empresas va a depender, y mucho, de la gestión que se haga de la crisis, es inevitable que se produzca destrucción del tejido empresarial, especialmente por la propia idiosincrasia de la empresa española. Y es que el tamaño de una compañía determina en gran medida su capacidad para aguantar una crisis. Los últimos datos sobre estructura y dinamismo del tejido empresarial en España, publicados por el INE, a 1 de enero de 2019, revelaban que existían 3,36 millones de sociedades, de las que el 65% tenía menos de 11 empleados. Sin duda, poco músculo para aguantar el chaparrón. A ello se une que esta crisis afecta a sectores muy concretos, como el turismo, el comercio y el transporte, lo que conduce a pensar a que las empresas más pequeñas y los autónomos que se dedican a esta área de actividad serán los que más sufran las consecuencias.

«La anterior recesión afectó mucho a las medianas y grandes empresas. Sin embargo, ahora, este segmento afronta en una mejor posición la situación que se avecina. Por el contrario, son las más pequeñas y los autónomos los que peor lo pasarán en esta ocasión», asevera Perelló. Crear un clima de confianza entre los emprendedores será, pues, fundamental para que el menor número posible de empresas se queden por el camino y, de esa manera, salir cuanto antes de la crisis. «Hay que crear un entorno favorable para que se recupere el ritmo de creación de empresas y mantener el empleo», concluye Izquierdo. De todo ello depende que España salga de la crisis en un tiempo prudencial o, por el contrario, que ésta se alargue convirtiéndose en estructural. Salvar empresas es hoy una prioridad.

Disolución y creación

Los concursos de acreedores se elevaron a 150 en mayo, lo que supone un incremento del 178% en relación al mes anterior, según el último Radar de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de Axesor. En cuanto a la creación de empresas, el mes pasado se dieron de alta 3.302 nuevas sociedades, un 63,49% menos que hace un año. El capital social suscrito para la constitución también se contrajo (un 52% con respecto a abril). «Los datos reflejan la complicada situación por la que pasa la economía española tras la pandemia», señalan desde Axesor.