El Gobierno no podrá utilizar los 14.000 millones de superávit de los ayuntamientos si no llega hoy a un acuerdo con la FEMP

El Gobierno de Pedro Sánchez puede marcar hoy un hito que hasta ahora parecía imposible: romper el consenso que siempre ha marcado la toma de decisiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Este lunes se votará la última propuesta del Ministerio de Hacienda para el uso por parte de los ayuntamientos del remanente acumulado con los superávits de años anteriores, un objetivo que trae de cabeza al departamento de María Jesús Montero ante la falta de consenso institucional y por la imperiosa necesidad que tienen la arcas públicas de fondos extra que contribuyan a la recuperación tras la crisis del Covid-19.

Hacienda ha tenido que improvisar esta nueva propuesta en tiempo récord, tras constatar el pasado viernes -cuando estaba convocada inicialmente la junta de gobierno de la FEMP en una reunión extraordinaria-, de que no disponía de los suficientes apoyos para su aprobación, por lo que tanto los representantes de los municipios como los portavoces del Ministerio decidieron aplazarla hasta hoy. Las reuniones y contactos han sido intensos durante el fin de semana, pero fuentes de la negociación explicaron a LA RAZÓN que, “aunque han acercado posturas, el Gobierno aún no tiene asegurada su aprobación. Hay demasiados flecos sin cerrar”.

La propuesta presentada inicialmente por Hacienda consistía en que las entidades locales constituyan voluntariamente un préstamo a favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería, que representan unos 14.000 millones de euros . Con este importe, Hacienda realizaría un ingreso no financiero en 2020 y 2021 que como mínimo representaría el 35% de los fondos aportados y que llegará hasta 5.000 millones. De este modo, Hacienda se comprometía a transferir a los ayuntamientos 2.000 millones en 2020 y 3.000 millones en 2021, mientras que el importe restante del préstamo se devolvería en un plazo de 10 años, y que podrían ser utilizados sin incurrir en déficit.

Esta posibilidad no convenció a las entidades locales y Hacienda se ha visto forzada a hacer una contraoferta, a la que ha sumado otros 5.000 millones extra para los ayuntamientos, procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, y los otros 5.000 millones los entregará a fondo perdido bajo la misma fórmula de 2.000 millones este año y 3.000 en 2021. Entre los puntos más importantes del nuevo texto presentado, las entidades locales podrán usar el superávit de 2019, suprimir la regla de gasto para ese año, prorrogar el superávit de 2018; mantener las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018 -que ascienden a 600 millones favorables a los ayuntamientos-; añadir 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliables hasta los 400 millones, y la garantía de que las corporaciones locales recibirán fondos europeos.

Sin embargo, esta mejora sigue sin convencer. PP y Ciudadanos mantienen en este momento su negativa porque entienden que solo beneficia a los consistorios con las cuentas saneadas y deja fuera a los que peor situación presentan, “los que más lo necesitan”, apuntan fuentes populares, es decir, a los que tienen mucha deuda y no cuentan con remanentes acumulados. Este punto es clave y el Gobierno prepara ya la posibilidad de que estos municipios puedan también beneficiarse.

Ahora mismo, la propuesta solo cuenta con el “sí” de los ayuntamientos socialistas y depende de un voto afirmativo más. La Junta de Gobierno de la FEMP está formada por 25 miembros, de los cuales 12 pertenecen al PSOE (los alcaldes y alcaldesas de Vigo, Toledo, Pineda de Mar, Huelva, Calahorra, Gijón, Lorquí, Castellón, San Andrés y Sauces, Valladolid, Mérida y Zumárraga); 10 al PP (Estepona, Diputación de Palencia, Zaragoza, Murcia, Diputación de Ourense, Alicante, Teruel, Almería, Santander y Pozuelo de Alarcón), y uno a IU-Unidas Podemos (Rivas Vaciamadrid), Junts per Catalunya (Canyelles) y Ciudadanos (Granada). De esta forma, en caso de que todos los miembros del PSOE estuvieran a favor de la propuesta, haría falta que sumaran un voto más para que salga adelante, algo que no tienen asegurado.

Esto significa que si se mantienen en contra los votos de PP, Ciudadanos y JxC, todo depende de su socio de Gobierno, agrupado en la FEMP en el Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns que, en este momento, se mantiene en la abstención. “No podemos apoyar este acuerdo porque los ayuntamientos deben avanzar en su derecho a disponer de sus ahorros lo antes posible, frente a las posiciones que únicamente defienden el bloqueo o la simple paralización del acuerdo por intereses partidistas”. Asimismo, han reclamado que el acuerdo se mejore “a su paso por el Consejo de Ministros como en su posterior tramitación parlamentaria”. Las negociaciones continúan.