Montero anuncia una subida récord del techo del gasto

El Gobierno ya ha esbozado los primeros pilares de lo que serán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, que el Ministerio de Hacienda dirige con discreción. Y para cumplir con su objetivo de presentar las cuentas a las vuelta de la vacaciones prepara ya el paso previo: la presentación de la nueva senda de estabilidad y del techo de gasto para su aprobación por el Congreso. En principio lo hará a finales de septiembre -aunque podría retrasarse incluso a primeros de octubre- y lo elevará de una forma “inédita” para adaptarlo a la nueva situación económica derivada de la pandemia, advirtió hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en una entrevista en Efe. “No ha habido ninguna serie histórica que nos permita comparar” la inyección de recursos por “una cantidad tan importante, que puede estar por encima de los 20.000 millones de euros, procedente de esos fondos europeos”.

El Gobierno se había planteado presentar las cuentas inmediatamente después de la vuelta a la actividad parlamentaria, pero ha decidido echar el freno y hacerlo cuando su tramitación ya esté avanzada y los apoyos parlamentarios “bastante acordados” con los grupos políticos. Será en ese momento cuando se envíe a Bruselas el plan presupuestario, en una fecha que no sobrepasará el 15 de octubre. El objetivo es que las cuentas de 2021 puedan incorporar ya la primera anualidad de las transferencias del fondo europeo de recuperación y resiliencia -en torno a 59.000 millones durante los próximos tres años-, lo que permitirá elevar holgadamente el techo de gasto.

Junto a ello, también se incorporarán los 140.000 millones del plan de ayuda europeo, que permitirá articular los Presupuestos de 2021 como “un plan nacional de reformas”, que serán “gestionables por las diferentes administraciones públicas”. Los proyectos presupuestados se incluirán en el plan de inversión y reformas que enviará a Bruselas en octubre, tras reunir en septiembre a la Comisión de Política Fiscal y Financiera y a la conferencia sectorial porque los proyectos serán “compartidos” con comunidades autónomas y ayuntamientos. Además de las transferencias, el Gobierno definirá el objetivo de los préstamos previstos en el plan, que se destinarán a “iniciativas que no se puedan financiar con transferencias”, y contará con el sector privado para lograr “una reconversión económica”, explicó la ministra.

Junto con la presentación de las nuevas cuentas públicas, el Gobierno actualizará sus previsiones macroeconómicas con los últimos datos disponibles. Todo apunta a que empeorará las estadísticas. Y la primera de ellas será el déficit público, del que Montero ya admite que cerrará el año “algo por encima” del 10,38% del PIB que se comunicó a Bruselas en abril. El dato final dependerá en gran medida del momento en el que se entreguen las ayudas comunitarias, si finalmente se realiza una entrega previa o se hace por tramos a los proyectos presentados. De esta decisión depende que el Tesoro tenga que recurrir a la financiación externa. Este endeudamiento se liquidaría una vez recibidos los fondos prometidos.

Montero abre la puerta a establecer objetivos de déficit diferenciados para las comunidades autónomas, pero aún no tiene definido cómo. Las suspicacias entre las diferentes regiones continúan siendo enormes y el Ejecutivo no quiere tensiones añadidas ni “penalizar” a las regiones más saneadas en detrimento de las más endeudadas. “Haremos un esfuerzo muy importante para equilibrar todas sus cuentas”.