Los municipios no socialistas se unen para acabar con el acuerdo que permite al Gobierno usar su superávit

El Gobierno ha conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas con representación en el Congreso de los Diputados, incluido Unidas Podemos, en su contra, a cuenta del acuerdo aprobado entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por la que se daba acceso al Ejecutivo a los remanentes y superávit de las corporaciones locales. Convocados por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, los alcaldes de nueve ciudades españolas, pertenecientes a distintas formaciones políticas, plasmaron en un documento conjunto su rechazo frontal al acuerdo y exigieron su “rectificación de forma inmediata” y el inicio de unas nuevas negociaciones.

Así consta en un comunicado conjunto emitido tras la reunión telemática mantenida por los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto Rique (PNV); de Cádiz, José María González Santos (Adelante Andalucía); de Granada, Luis Salvador García (Ciudadanos); de Lérida Miquel Pueyo (ERC) y de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), a los que se unieron los de Murcia, José Francisco Ballesta Germán (PP); de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG); de Reus, Carles Pellicer (Junts); de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza (Coalición Canaria); y de Zaragoza, Jorge Azcón Navarro (PP). Incluso contaron con el apoyo del alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), que se adhirió al contenido del comunicado posteriormente.

Este documento -que se remitirá a los alcaldes de las capitales de provincia y a los de ciudades de más de 100.000 habitantes- se enviará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que se revierta el acuerdo y se deje a los ayuntamientos disponer íntegramente de sus ahorros: “Que esos ahorros no estén condicionados a gastarlos en lo que diga el Gobierno. Queremos que aquellos ayuntamientos que tienen remanentes, puedan gastarlo en los que necesiten y que no están incluidas dentro del decreto. También vamos a incorporar todas las aportaciones que han hecho los alcaldes en la reunión telemática, entre ellas la flexibilización de la regla de gasto de 2021”, expuso Azcón. “Las cuestiones que hemos aprobado se destinan a defender a los ciudadanos sin colores políticos, sin ideologías, sin partidos que lo sustenten”, dijo tomando palabras expuestas por el alcalde de Lérida durante la reunión.

El objetivo de la reunión fue el de analizar las consecuencias económicas que sobre estos municipios tendrá el real decreto y las acciones a adoptar conjuntamente “para garantizar un reparto justo de los 5.000 millones de euros de fondos estatales anunciados esta misma semana”. En el comunicado conjunto manifiestan que rechazan el acuerdo porque “vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Además, critican que los criterios para la distribución de esos fondos “no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

Por ello, exigieron a la FEMP y a Hacienda la “rectificación de forma inmediata” del acuerdo y el inicio de nuevas negociaciones que posibiliten el establecimiento de unos criterios de reparto de los fondos fundamentos en la “igualdad y en la solidaridad”, en la línea de lo realizado con las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno. También reivindicaron los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno que “arbitre un sistema de ayudas” a todos los ayuntamientos para afrontar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia, y que se pueda “disponer libremente” de los remanentes acumulados durante los últimos años para destinarlos “a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”.

También se comprometieron a seguir defendiendo la “igualdad” y la “solidaridad” en el reparto de los fondos estatales entre los municipios y a “preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos”. De este modo, los alcaldes solicitaron a los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado que rechacen el acuerdo y que “defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente del municipio en el que habiten”.

Por último, reclamaron una “reunión inmediata” al Ministerio de Hacienda para “replantear las ayudas estatales a los municipios”, “reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021”, “avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual” y “definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros”, explicaron en el documento que se remitirá con la rúbrica de todos los alcaldes reunidos y de sus diferentes partidos.