España se encamina a un sistema de pensiones de capitalización

La economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030

La situación financiera de España y la crisis generada por el impacto del Covid-19 puede generar cambios sustanciales que podrían hacer necesario un sistema mixto de reparto y de capitalización de las pensiones, según el informe “El reto del envejecimiento desde una perspectiva integral”, realizado por el Consejo General de Economistas. Así lo ha defendido en la presentación del documento Pilar González Frutos, presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), quien además ha afirmado que el sistema de pensiones español es “opaco” y dificulta a conocer los costes de los servicios que financia y las cuantías de las que se dispondrá en el futuro.

El coordinador del estudio, el economista Javier Santacruz, ha asegurado que “la estrategia para afrontar el envejecimiento tiene dos vertientes: por un lado, las políticas públicas y, por otro lado, las decisiones de familias y empresas, a partir de cuatro variables de control: ahorro, stock de capital, productividad y `cuña fiscal´. El informe denuncia que el sistema complementario de empleo choca con la presión fiscal que ejercen las cotizaciones a la Seguridad Social sobre el salario –una media del 36,25% sobre el salario bruto–, haciendo difícil su generalización por los altos costes que tiene sobre la empresa”.

Por eso, los expertos del Consejo General de Economistas demandan la colaboración público-privada para reducir la “cuña fiscal” en los trabajadores en edad laboral madura (un trabajador dedica 3,65 de cada 10 euros de coste laboral bruto a pagar Seguridad Social e IRPF), lo que permitiría a estos poder destinar más recursos a planes de empleo; establecer mecanismos de conversión en liquidez de bienes como la vivienda (rentas vitalicias, hipotecas inversas…) al objeto de conseguir liquidez para complementar la pensión y poder financiar los gastos propios del envejecimiento, especialmente en situación de dependencia.

El análisis recuerda que la economía española afronta compromisos financieros por envejecimiento por un importe del 24,6% del PIB hasta 2030, lo cual obliga a la creación de “colchones anticíclicos” que cubran los excesos de gasto en cada momento del ciclo económico sin recurrir a una dinámica acelerada de endeudamiento.

Ante esta situación, con el hundimiento de la rentabilidad del activo sin riesgo (bono español a 10 años) y el incremento de los salarios, los expertos indican que hasta principios de 2020 el sistema público de reparto fuera socialmente más óptimo que el sistema de capitalización. Esta situación puede darse la vuelta en 2021 si se mantiene la tendencia alcista en la prima de riesgo de España y la destrucción temporal de empleo y salarios derivada del ‘coronavirus’ se convierte en permanente.

Asimismo, los economistas consideran positivo potenciar la “jubilación activa” eliminando barreras a la entrada como habilitar su uso antes de la edad legal de jubilación y por menos del 100% de la base reguladora. También sería conveniente desincentivar el retiro temprano (basado en prejubilaciones, bajas incentivadas o EREs) para cerrar la brecha de 1,3 años de edad efectiva de jubilación española frente a la media de la Eurozona.

El documento subraya que el envejecimiento ha provocado una pérdida de hasta 6 décimas anuales en el crecimiento de la PTF (productividad total de los factores) en la economía española por lo son necesarias reformas en los mercados y estructuras productivas para incrementar la productividad total de los factores, basadas en sistemas de transferencia del conocimiento intra-empresa de los trabajadores mayores a los jóvenes, digitalización y automatización de procesos productivos que generan escaso valor añadido, flexibilización del mercado de trabajo y rebaja de la “cuña fiscal” a los trabajadores más mayores.