El Gobierno suspende las reglas fiscales y los objetivos de déficit para 2020 y 2021 a todas las administraciones

La medida permitirá a los ayuntamientos gastar sus 14.000 millones de euros de sus remanentes, pone fin a la rebelión en la FEMP y permitirá al Gobierno votar la nueva senda fiscal para 2021

Los números no cuadran, las necesidades financieras se han disparado y la pandemia no da tregua. Con este escenario, el Gobierno ha decidido que cancelar los objetivos de déficit y deuda fijados hasta ahora tras suspender las reglas fiscales de todas las administraciones públicas para 2020 y para 2021 -con ampliación hasta 2023 si fuera necesario- aprobados por las Cortes Generales en marzo y que habían quedado desfasados por culpa de la crisis sanitaria. Y lo ha hecho con las bendiciones de la Comisión Europea, que ya recomendó la suspensión extraordinaria del pacto de Estabilidad. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha confirmado en el Congreso, en el que ha defendido que deben alcanzarse unos “niveles de déficit de referencia” que deben permitir el “funcionamiento presupuestario ordinario durante ambos ejercicios”.

Las comunidades autónomas conocerán de primera mano la nueva situación el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), tras el cual tanto los gobiernos autonómicos como las corporaciones locales podrán elaborar sus presupuestos generales para 2021. Montero les informará -como ha hecho en el Congreso- de que para los consistorios no habrá límite para que puedan utilizar todo su remanente en inversiones o gastos derivados de coronavirus durante 2020 y 2021, de unos 14.000 millones de euros. De este modo, Montero intenta matar dos pájaros de un tiro y poner fin de paso a la rebelión de los consistorios de la FEMP que forzaron su derrota en el Congreso sobre el uso por parte del Ejecutivo de estos remanentes. Por tanto, la exigencia de que el superávit sirva únicamente para reducir deuda quedará en suspenso hasta finales de 2021, por lo que “los objetivos de estabilidad ya no actuarán como límite en el destino del superávit” -tanto de las autonomías como de los ayuntamientos-.

Eso sí, les ha advertido de que la suspensión de las reglas fiscales no significa que se dé una carta blanca, sino que el Gobierno vigilará que estas administraciones cumplan con su responsabilidad “para cumplir en el futuro con el Pacto de Estabilidad presupuestaria y financiera” e hizo un llamamiento a la responsabilidad de todas las administraciones. “Es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”. Por ello, quiso recordar públicamente que seguirán vigentes reglas esenciales que “no podrán saltarse”, tales como el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores para evitar que se produzca un aumento de la morosidad y se mantenga activo el tejido empresarial “de los que suministran bienes y servicios al sector público”.

La suspensión de las reglas fiscales supone que los Planes Económicos Financieros (PEF) presentados por comunidades autónomas y entidades locales para ambos ejercicios como consecuencia del incumplimiento de los objetivos establecidos para 2019 “deben considerarse superados”, defendió Montero.