Escrivá reconoce que las pensiones subirán con el IPC solo si hay acuerdo en el Pacto de Toledo

Teme que no haya tiempo para aplicarlo. Estima que el coste asociado a los ERTE será de unos 1.000 millones al mes. Recado para los empresarios: “Entre la propuesta que se aceptó y que la que no se aceptó no había mucha diferencia”

Millones de pensionistas siguen pendientes de que el Gobierno determine de una vez cuál será la subida de sus prestaciones para el próximo y parece que tendrán que seguir esperando. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado hoy que las pensiones subirán en función de la inflación esperada si la Comisión del Pacto de Toledo consigue cerrar un acuerdo en breve y hubiera tiempo de trasladarlo a una norma. “Si lo hay, y en lo que queda de año podemos hacer los cambios normativos para una revalorización, la subida del IPC será posible". En su opinión, es “relativamente inminente”, cuestión de semanas, que la Comisión lleve al Pleno del Congreso un acuerdo, que, según ha insistido Escrivá, está “muy cerca” de alcanzarse porque hay consenso en “multitud” de puntos. “Por lo que yo puedo percibir, en cualquier momento se puede llevar al Pleno”, manifestó en RNE.

El ministro ha señalado que lo que persigue el Pacto de Toledo es eliminar la incertidumbre de los pensionistas sobre el futuro de las pensiones y el flujo de ingresos que recibirán durante su retiro. "Se requiere una regla clara de actualización de las pensiones; que no se perciba que la Seguridad Social tiene una situación financiera débil, de ahí la necesidad de descargarla de gastos impropios y desarrollar elementos de la reforma de 2011 para controlar el gasto en las próximas décadas ante las jubilaciones de los ‘baby boomers’.

En cuanto a su propósito de liberar a la Seguridad Social de gastos impropios -más de 22.000 que pretende que sean asumidos por el Estado en sus Presupuestos-, el ministro aseguró que se va a cumplir, aunque sólo en parte, en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Por otra parte, Escrivá anunció que en septiembre se crearon “unos 100.000 empleos”, en términos medios y desestacionalizados, frente a agosto. “Es una muy buena cifra”, gracias sobre todo al tirón de la educación, como suele ser habitual en este mes, pero que también se ve “dinamismo” en el resto de sectores. También apuntó que, según los datos oficiales, del millón de empleos perdidos en los peores momentos de la pandemia, sin contar los trabajadores en ERTE, todavía quedan por recuperar unos 400.000.

Sobre la prórroga de los ERTE recientemente aprobada, reiteró que el coste de las exoneraciones para las empresas que están más afectadas por la pandemia rondaría los 150 millones de euros al mes durante cuatro meses, es decir, 600 millones de euros. El coste inicial, sumando también las prestaciones asociadas a los ERTE, será de unos 1.000 millones de euros al mes. “A partir de ahí, puede haber más coste si la pandemia afecta de una forma más intensa”, ha explicado el ministro, que ha asegurado que este nivel de gasto es financiable y que hay que tener en cuenta que todo esto es temporal.

Aprovechó también para lanzar un recado a la patronal tras su cambio de opinión de última hora. Escrivá ha asegurado que no hubo intervención del presidente del Gobierno y ha apuntado que “entre la propuesta que se aceptó y que la que no se aceptó no había mucha diferencia. Hay una parte de escenografía por parte de todos que hay que descontar".

Ya por la tarde, en la sesión de control al Gobierno, a una pregunta del PP sobre los retrasos en las gestiones de la Seguridad Social, Escrivá les ha recordado que la plantilla de esta entidad se ha visto reducida en 2.000 personas desde 2012, cuando gobernaba Mariano Rajoy y ha reivindicado que, si en un “año normal” la Seguridad Social realiza gestiones con 600.000 personas, este año se ha triplicado, con dos millones de personas, y ha defendido su papel “para conseguir una protección sin precedentes de rentas y al tejido productivo”. Además, ha asegurado que, por ejemplo, se tarda de media 14 días en reconocer una pensión cuando las comunidades tardan cuatro meses.