Las pensiones no ganarán poder adquisitivo al subir lo mismo que el IPC

El Gobierno liga esta subida a la previsión del deflactor del PIB, cifrado en torno al 1%. El Ejecutivo deberá asumir un coste superior a los 1.400 millones de euros

Los pensionistas ya saben lo que subirán sus pensiones: lo que suba el IPC. Así lo ha hecho oficial el Gobierno a través de su Plan Presupuestario para el próximo año que ha remitido a la Comisión Europea. Ha apurado hasta el último momento, pero Bruselas ya tiene completo el armazón sobre el que el Ejecutivo negociará a partir de la próxima semana los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno recoge en el texto que aprobará una revalorización para el próximo ejercicio de las pensiones públicas “según la inflación prevista”. Esto significa que aumentarán por encima del mínimo legal previsto en el índice de revalorización de las pensiones (IRP), establecido por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en el 0,25%, y que aún sigue vigente al no haberse derogado.

Sin embargo, los pensionistas no ganarán poder adquisitivo, sino que solo se igualará a la inflación prevista. En la actualidad el IPC se encuentra en terreno negativo, en el -0,4%, pero la previsión para 2021 es que se sitúe en torno al 1%. Según marca el Plan, esta subida se corresponderá con la previsión del Ejecutivo del deflactor del PIB, el índice más aproximado al IPC, que está situado sobre ese 1% -el 0,9% en la actualidad-, a la espera de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo presente su recomendación de que las revalorizaciones se liguen por ley al IPC. Hasta que eso ocurra se tendrá que seguir negociando entre el Gobierno, el Parlamento y los agentes sociales, por lo que esta subida queda en suspenso hasta que sea aprobada en el Congreso. Lejos quedan la subida aprobada en 2019, cuando las pensiones se incrementaron un 1,6% con carácter general y un 3% en el caso de las mínimas y de las no contributivas.

Esta medida tendrá un impacto directo en las más de 9,8 millones de pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.000 pensiones no contributivas y 195.000 pensiones por hijos a cargo con discapacidad mayor. Con esta revalorización, el Ejecutivo deberá asumir un coste superior a los 1.400 millones de euros, en la misma línea de los 1.406 millones de este año.

Asimismo, el Plan Presupuestario también recoge el aumento gradual del permiso de paternidad que se eleva de 12 a 16 semanas, lo que permite la equiparación con los permisos de maternidad. Esta medida supone “un avance más hacia la igualdad real” -reza el texto- e implica que, por primera vez, los padres y las madres tendrán derecho a las mismas semanas de permiso. Asimismo, el documento recoge el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una prestación prevista en el acuerdo entre los socios de Gobierno y que fue acelerada por la pandemia.

Respecto al sueldo de los empleados públicos, finalmente su revalorización no se ha incluido en el Plan Presupuestario, aunque todo apunta a que será la misma que la de las pensiones, entorno al 1% -el 0,9%, casi con toda probabilidad-, como ya adelantó la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, siguiendo el mismo indicador del deflactor del PIB. Así, esta revalorización sería 1,1 puntos inferior a la de 2020, y 1,6 puntos menor que el incremento del 2,5% del año 2019, cuando a la parte fija del 2% se añadió un 0,25% de fondos adicionales y otro 0,25% derivado de la evolución del PIB de 2018.

La subida salarial de los empleados públicos, por regla general, siempre se ha incluido en el Plan Presupuestario que se remite a las instancias europeas, pero no ha sido este caso. Según fuentes ministeriales, “no hay decisión tomada sobre este asunto”, por lo que habrá que remitirse a lo adelantado por Calviño. Esta revalorización ha abierto un encendido debate entre los ministros del PSOE y los de Podemos, lo que parece haber impedido que se incluyera finalmente en el plan, al tener posturas divergentes socialistas y morados. Mientras los primeros apuestan mantener una postura conservadora, los segundos quieren que se apruebe ya.

Los incrementos salariales estipulados durante el último trienio (2018-2020) estaban acordados en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público, suscrito por el Ejecutivo de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de Función Pública (CSIF, CC OO. Y UGT). En él, se estipulaba una subida del 2%, más un 0,3% de fondos adicionales ajustado a la evolución del PIB, aunque finalmente este último no se aplicará. Pero ese acuerdo finaliza el 31 diciembre y no se ha pactado otro, por lo que debe negociarse un nuevo convenio. Según el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones públicas, de enero de 2020, en España hay 2.597.712 empleados públicos, de los que más de la mitad, 1.514.126, corresponden a la administración de las comunidades autónomas -1.357.761 en consejerías y sus organismos autónomos y 156.365 en universidades-. El resto se reparte entre la administración del Estado (512.767) y la administración local (570.819).