¿Para qué quiere Podemos subir el IRPF?

Según ha confesado Podemos, una de las cuestiones que está atascando la negociación de los Presupuestos para 2021 es la subida del IRPF: mientras que el PSOE se opone a incrementar ahora mismo los tipos marginales máximos (o, como mucho, está dispuesto a limitar la subida a los contribuyentes con ingresos superiores a 300.000 euros anuales), Podemos lo considera condición sine qua non para sacar adelante las cuentas de 2021.

El acuerdo de gobierno entre ambas formaciones, y también el anteproyecto de presupuestos para 2019, contenía una subida del IRPF para todas las rentas superiores a 130.000 euros. Sin embargo, con la crisis, tanto unos como otros parecían haber aparcado temporalmente sus aspiraciones extractivas para dejar algo de espacio a la recuperación. Pero no. Ahora Podemos la reclama como seña de identidad y el PSOE se resiste a abrazarla. Tal como señaló esta misma semana José Luis Ábalos con respecto al alza del IRPF, «los tiempos son los que cabe determinar y los tiempos tienen que ver con la oportunidad política. Ahora, en esta situación de emergencia y de excepcionalidad, pues muchas de las cuestiones que planteamos a lo mejor nos tocará hacerlas en otro momento. Los compromisos se cumplirán pero en el momento en el que el país lo pueda encajar».

Pero, ¿cuál puede ser el propósito de la urgencia de los de Iglesias por incrementar el IRPF? Desde luego no lo es dar un impulso a la recuperación: subir impuestos siempre contrae la economía por cuanto reduce los incentivos a generar aquella actividad que alimenta la base imponible. Con la subida del IRPF se estará desincentivando la prestación de horas de trabajo por parte del personal más altamente cualificado. Y si algo no necesitamos tras la pandemia –que afecta sobreproporcionalmente al personal no cualificado, cuyos empleos no pueden prestarse en muchos casos con teletrabajo–, es penalizar la actividad de los que pueden seguir desarrollándola.

Si el propósito del aumento del IRPF no es el de estimular la actividad, ¿acaso será el de incrementar la recaudación para reducir el déficit? Tampoco. El aumento del IRPF que propone Podemos arrojaría un aumento máximo de ingresos de 220 millones, mientras que si se aplicara la subida que está dispuesto a tolerar el PSOE apenas se lograrían unos ingresos de 120 millones. Estamos hablando de absolutas naderías: 220 millones equivalen al 0,04% del gasto público total o, alternativamente, al 0,27% del déficit esperable para 2021. Otra forma de verlo es que el Gobierno podría ajustar el déficit en esa misma magnitud si, en lugar de revalorizar las pensiones y los sueldos públicos en un 0,9% tal como ha anunciado que pretende hacer, se limitara a hacerlo en un 0,82%: apenas con ocho centésimas de diferencia podríamos limitar el aumento del gasto en 220 millones, ahorrándonos el aumento del IRPF. La subida fiscal que reclama Podemos y que el PSOE podría terminar consintiendo es del todo prescindible. El único propósito real es que Iglesias y los suyos puedan señalizar ante sus votantes que Podemos combate militantemente la riqueza. Pero la alternativa a la riqueza no es el bienestar general, sino la pobreza.

Contrarreforma de las pensiones

El Pacto de Toledo ha llegado a un acuerdo para articular la reforma del sistema de pensiones: penalizar la jubilación anticipada, indexar las pensiones al IPC, transferir gastos impropios de la Seguridad Social al Presupuesto del Estado, gravar fiscalmente a los robots o promover los planes de empresa. Se trata de medidas muy insuficientes para corregir el agujero futuro que se abrirá en las pensiones públicas, y esa es justamente la tragedia. Nuestro sistema de pensiones ya cuenta con un estabilizador automático que garantiza su sostenibilidad: el llamado Índice de Revalorización de las Pensiones. La demagogia política de PSOE y Podemos enterró este mecanismo y ahora pretenden reemplazarlo por otros que no garantizan la viabilidad del sistema. Lo que necesitábamos no era una reforma, sino evitar la contrarreforma.

Crisis en forma de W

Aunque el Gobierno apostó en todo momento por una recuperación en forma de V asimétrica, la realidad parece empujarnos a una crisis en forma de W. Cada vez son más los analistas que pronostican que, tras un fuerte rebote en el tercer trimestre de 2020, en el cuarto volveremos al estancamiento o incluso a la contracción. Por ejemplo, BBVA Research ha rebajado su previsión de crecimiento entre octubre y diciembre desde el 6% al 2%, mientras que Euler Hermes ya se atreve a vaticinar que nuestro Producto Interior Bruto (PIB) caerá un 1,3% en el cuarto trimestre como consecuencia de la segunda ola del coronavirus y las consecuentes restricciones a la actividad. Lo peor de todo este asunto es que, cuanto más se prolongue la pandemia, mayores serán los riesgos de daños permanentes sobre la economía española.

Los jóvenes vuelven a sufrir

El colectivo de los jóvenes es, desde un punto de vista laboral, uno de los que ha sido peor tratado dentro de nuestro mercado de trabajo. No sólo acumulan tasas de paro que en muchos momentos superan el 50% de su población activa, sino que también concentran las mayores tasas de temporalidad. Las razones cabe buscarlas en nuestra pésima legislación laboral, la cual erige enormes barreras regulatorias a la contratación de los jóvenes por hiperproteger a los trabajadores con contrato indefinido con muchos años dentro de su empresa. Y, por desgracia, no parece que la situación vaya a cambiar tras esta crisis económica: según un reciente informe realizado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, durante la pandemia del coronavirus, los jóvenes en España han perdido un tercio de sus empleos. Desolador.