El Pacto de Toledo blinda la subida de las pensiones con el IPC

Después de cuatro años de retraso debido a la inestabilidad política que ha sufrido el país, la Comisión de Seguimiento del Pacto del Toledo del Congreso de los Diputados dio este viernes vía libre al borrador de recomendaciones de cambios en el sistema público de pensiones, encaminado a garantizar su viabilidad a partir de 2023. Este texto, de 37 páginas de extensión, será refrendado, con toda seguridad, este próximo martes por el Congreso de los Diputados prácticamente con la unanimidad de los diferentes grupos parlamentarios. La Comisión introdujo este viernes algún retoque sobre el documento, que recoge 20 recomendaciones al Ejecutivo y que pactaron hace una semana los grupos. Fuentes de los diversos grupos parlamentarias consultadas por LA RAZÓN destacan la unanimidad existente sobre estas 20 recomendaciones realizadas al Gobierno.

Con ellas, el Pacto de Toledo da vía libre al Ejecutivo de Sánchez a seguir revalorizando las pensiones en función del IPC, pese a la polémica suscitada sobre si este indicador es el idóneo o no para ello. Las autoridades europeas se han mostrado más partidarias de vincular su revalorización al crecimiento del PIB o de la productividad en lugar de a la evolución de los precios. No obstante, en estos momentos, con un escenario deflacionista, su subida en función del IPC no tiene excesiva repercusión sobre los Presupuestos. Eso sí, los grupos parlamentarios han querido curarse en salud y para toda revalorización que supere al IPC aconsejan buscarse otra vía de financiación.

El documento consensuado consagra, como todo los anteriores, la culminación de una vez por todas de la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social. En ese sentido, autoriza al Gobierno a dejar de financiar vía cotizaciones a la Seguridad Social lo que considera gastos impropios, que enumera y se refieren a todos aquellos no contributivos y de ayudas a la familia, como las aportaciones por nacimiento o cuidados de hijos.

El Ministerio de Escrivá ha cuantificado ya estos gastos impropios en casi 23.000 millones de euros. La Comisión del Pacto de Toledo bendice su financiación con transferencias del Estado e insta al Ministerio a entrar en número negros en 2023. En este contexto, el ministro de Seguridad Social aprovechará los Presupuesto del Estado de 2021 para comenzar a sacar de sus cuentas estos gastos impropios. Concretamente, casi 14.000 millones se financiarán en 2021 con transferencias del Estado. En 2022, el resto hasta completar los 23.000 millones de gastos impropios, que incluyen casi 4.000 millones de funcionamiento de la Seguridad Social, incluidas las nóminas de sus funcionarios.

El Pacto de Toledo da vía libre también al Gobierno para que se financien con transferencias del Estado y no con cargo a las cotizaciones a la Seguridad Social las pensiones de orfandad y las de viudedad, salvo las que sean contributivas, tal y como adelantó LA RAZÓN este viernes 23 de octubre. Las nóminas de estas dos prestaciones supusieron en septiembre pasado unos gastos con cargo a las cuotas sociales de unos 1.850 millones de euros,

Además, el Pacto de Toledo da su visto bueno a que se exploren otras vías de financiación complementarias a las cotizaciones a la Seguridad Social. Según fuentes socialistas consultadas por LA RAZÓN, estas nuevas fórmulas de financiación se podrían incardinar en la reforma fiscal que prepara el Departamento de Montero. Mientras, los populares se muestran satisfechos con la modificación introducida al texto para que las cotizaciones de los autónomos por ingresos reales sean una meta, nunca una imposición.