Acuerdo placebo en el Pacto de Toledo

Queda corto. Pero queremos creer que las flamantes «recomendaciones» del reciente acuerdo del Pacto de Toledo son una especie de placebo que reuniendo a las principales fuerzas parlamentarias fuerza el compromiso de revertir el déficit estructural creciente de 18.000 millones de euros que afecta a la Seguridad Social y que la actual crisis puede agravar hasta los 25.000 millones. Incluye clásicos: alargamiento de la vida activa y desincentivar prejubilaciones; cuando el Banco de España señala que un 40% de los trabajadores se prejubilan. Rechazan los incrementos de cotización a las rentas más altas y reinstauran por ley la vinculación anual de las pensiones al IPC, sin trascendencia visible por lo negativo de este en los próximos años. Más trascendente es cómo financiar los 1.400 millones extras de gasto sólo en 2021 por el alza del 0,9%; la incógnita del nuevo sistema de cotización de los autónomos, la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más, y los planes privados.

Pero inconsistente nos parece la propuesta de «separar» del sistema algunos «gastos impropios» supuestamente no contributivos trasladando a Presupuestos hasta 22.871 millones de euros: un 1,6% del PIB en 2023. Esto supone simplemente cambiar el déficit de lugar. Y no considerar, por ejemplo, las pensiones de viudedad como gananciales, de igual forma que son para la mujer los activos adquiridos durante el matrimonio o equivalente; como gozan y han gozado millones de viudas sin trabajar fuera del hogar. Se justifica por «clarificar las fuentes de financiación», ya muy «clarificadas» en nuestras estadísticas. Distintas son las reducciones por tarifas planas de los autónomos, que son más una «medida activa» de ayuda al empleo; incluso los complementos por maternidad, nacimiento, etc. No así los gastos de gestión del sistema, que deben ser también asumidos por este como ente «asegurador», al que exigimos eficiencia máxima.

Hoy la edad oficial de jubilación está en 65 años y 10 meses; la real en 64 y 6 meses. Mantener la oficial en 67 desde 2027, como se acordó en 2011, supone reducir un cuarto del déficit por cada año ganado a la edad real de jubilación, ingresando 4.500 millones más al año. Recordemos que la Ley de Retiro Obrero (1916) fijó la jubilación en 65 años, cuando hoy la esperanza de vida supera los 80.