El Gobierno amplía el bono social eléctrico a consumidores vulnerables por el coronavirus

Se mantienen activas el resto de ayudas: eléctrica, térmica, telefónica y agua. Los Presupuestos destinan 6.279 millones a política energética

Contadores de la luz en un edificio de viviendas

En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 que esta semana arranca su tramitación parlamentaria, el Gobierno ha aprobado la ampliación de ayudas para familias en situación de vulnerabilidad. En su partida de Política Industrial y Energética destaca la renovación del bonos social energético -al que se ha añadido una nueva figura, la de consumidores vulnerables afectados por el Covid-19- y la nueva dotación para el bono social térmico. Las asignaciones que se incluyen en política energética para el próximo ejercicio ascienden a 6.279 millones de euros, de los que 5.390 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

El bono social eléctrico es una ayuda que permite a los hogares vulnerables que la solicitan obtener un descuento en la factura energética, que puede ir desde el 25% hasta el 40%, dependiendo del grado de severidad de la vulnerabilidad. La nueva actualización realizada en los PGE habilita la disponibilidad de esta ayuda para consumidores vulnerables a causa del coronavirus, que será del 25% de base.

Asimismo, se han renovado otros apartados del paquete social, como el bono de agua, cuya cuantía dependerá del municipio al que pertenezca el solicitante y del tipo de hogar -se tendrá en cuenta número de miembros por hogar, personas mayores de 65 años a cargo, situaciones de riesgo de exclusión social o rentas bajas-. Por su parte, el bono telefónico permite reducir el precio de un contrato de una línea fija de teléfono, especialmente dirigido a jubilados y pensionistas con rentas bajas, aunque se hace extensible a otros colectivos, con descuentos que puede llegar hasta el 95% de descuento en la cuota mensual.

En la actual situación de crisis sanitaria, los beneficiarios del bono social -especialmente el eléctrico- se han ampliado a desempleados, trabajadores en ERTE, los que han reducido su jornada laboral para atender a algún miembro de la familia en esas circunstancias y a empresarios y autónomos que demuestren una pérdida del 75% de sus ingresos. Pese a esta prórroga, los solicitantes reclaman que las solicitudes sean más accesibles y lleguen con más celeridad, ya que en muchos casos la burocracia impide que estas ayudas se abonen en tiempo y forma.

En cuanto al bono social térmico -que debe compensar los gastos de calefacción o financiar actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia de las calefacciones-, los Presupuestos han destinado una dotación prevista de 109 millones de euros. Para acceder a este bono es obligatorio tener concedido previamente el bono eléctrico y cumplir con unos requisitos similares a los del bono social: familias con un nivel de renta por debajo de los 12.000 euros anuales, familias numerosas con bajos niveles de renta o pensionistas con la prestación mínima, entre otros. En este caso, los descuentos no se aplican mensualmente, sino que se abonan en un único pago anual, cuya cuantía máxima se eleva hasta los 130 euros. esta bonificación es compatible con otras ayudas provenientes de administraciones regionales o locales. Durante el pasado año, cerca de 800.000 personas se beneficiaron de esta medida, una cifra que en 2020 puede quedarse corta tras el impacto económico sufrido por la pandemia.