Nuevo choque de trenes entre Calviño y Díaz

La vicepresidenta, alineada con Bruselas, apuesta por algunos retoques y modernizar las reglas del juego del mercado de trabajo español

Yolanda Díaz se reúne con los máximos representantes de los agentes sociales para abordar los planes en materia laboral de los próximos meses.
Yolanda Díaz se reúne con los máximos representantes de los agentes sociales para abordar los planes en materia laboral de los próximos meses.ministerio trabajo la razon

A un año y tres días de la investidura del presidente del Gobierno, su matrimonio con Pablo Iglesias hace aguas por todos sitios. En materia económica, no hay ni un sólo punto de encuentro. No hay día en el que no se produzca un tira y afloja por cualquier cuestión o, lo que es peor, una lucha pública y a cara descubierta. La lista de desavenencias privadas y no tan privadas es larga. Ambos socios gubernamentales no están de acuerdo en casi nada: ni en el momento oportuno de subir el salario mínimo interprofesional, ni en cómo articular el acceso al ingreso mínimo vital, ni en cómo reformar las pensiones, ni en qué impuestos subir y ni en cuáles bajar... La historia de desencuentros es tan amplia en tan sólo un año que da para escribir una relato político novelado.

Sin ir más lejos, la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, hace meses dio por descontado ante Bruselas la congelación de las nóminas de los pensionistas y de los funcionarios. «En un escenario desinflacionista como el actual, un crecimiento cero de sus sueldos equivalía a un mantenimiento de su poder adquisitivo». Pero, al final, en el último asalto, Iglesias derribó de un duro golpe las tesis de Calviño: «si no hay subida no hay Gobierno», amenazó, según fuentes gubernamentales. Sin embargo, meses después, el mismo argumento, el del contexto desinflacionista, ha servido para que el vicepresidente segundo y los suyos se envainen la subida del 0,9% del SMI, que iba a suponer colocar este sueldo en 958,55 euros, frente a los 950 actuales. Fuentes sindicales consultadas por este diario consideran llamativo que no se haya aumentado. Primero, por ser un compromiso de Legislatura entre ambos socios gubernamentales. Y, segundo, y más importante, porque se les ha subido a todos los senadores, diputados, ministros y altos cargos de la administración el sueldo este año el 0,9%, cuando sus salarios multiplican por seis el SMI.

Pues bien, a esta interminable lista de disputas entre ambos socios de Gobierno ahora se suma la de la reforma del mercado laboral, que amenaza con convertirse en un auténtico choque de trenes entre la vicepresidenta económica y la ministra de Trabajo. Calviño, en sintonía con la ministra de Hacienda, ya ganó hace unas semanas el pulso a Yolanda Díaz con la eventual alza del SMI. Al final, el equipo económico socialista impuso sus tesis y en el último Consejo de Ministros del año se prorrogó el actual salario mínimo de 950 euros. Ahora parece que la historia se repetirá. La ministra de Trabajo convocó la semana pasada para este lunes a las 19:30 horas una reunión con los interlocutores sociales al máximo nivel para analizar los retos del año que comienza: las reformas estructurales, la evolución del diálogo social, las mesas que se abrirán en los próximos meses y el uso que pretende dar el Ministerio a los fondos europeos en las políticas activas de empleo y en la formación. Durante el encuentro, han compartido la necesidad de mantener estas reuniones de forma habitual para continuar avanzando en el diálogo social.

Además de esas cuestiones, han comenzado a explorar la modernización del mercado laboral, que no es otra cosa que la reforma de las reglas de juego del mercado de trabajo que rigen en nuestro país. En esta batalla, Díaz está totalmente alineada con las centrales sindicales, partidarias de derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral del anterior Ejecutivo del PP. Sin embargo, tiene enfrente de nuevo a un peso pesado del Gobierno, Calviño, que, en esta ocasión, se encuentra arropada por Bruselas. La UE se opone a derogar las reglas de juego del mercado de trabajo español por su impacto negativo en el mantenimiento de puestos de trabajo y por las dosis de precariedad que introduciría.

Bruselas es partidaria de mejorar y modernizar las actuales normas, pero no de cambiarlas. Por tanto, Calviño en esta batalla cuenta con una aliado de excepción. En este escenario, a Díaz no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y dulcificar su postura. En estos momentos, habla de modificaciones puntuales y de modernización. Además, descarta cualquier cambio de la legislación laboral que no sea fruto del consenso entre sindicatos y patronal. Pese a las públicas discrepancias, este mismo lunes Calviño ha desmentido que hubiera diferentes voces en el Gobierno. Ha recurrido al argumentario usado por el jefe de filas en su comparecencia al término del último Consejo de Ministros del año pasado, celebrado el 29 de diciembre. Así, ha asegurado que el Gobierno tiene una sola voz «la que se plasma en el BOE».

Antes de producirse este encuentro, ha tenido lugar una reunión técnica sobre la prórroga de los Erte hasta el 31 de mayo próximo, cuyo acuerdo está apunto de alcanzarse. Según fuentes del Ministerio de Seguridad Social, ha sido una reunión muy positiva, pero quedan flecos aún por cerrar. Por eso han quedado emplazados este jueves por la tarde para culminar el pacto y prolongar ya este instrumento.

Los sindicatos piden destinar los fondos europeos a solucionar problemas laborales estructurales

La ministra de Trabajo ha informado este lunes a los agentes sociales del destino que se dará a los fondos europeos desde su Ministerio, así como de la documentación que remitirá a la Comisión Europea sobre esta cuestión. En este sentido, los secretarios generales de CCOO y de UGT le han reclamado destinar los fondos europeos a abordar problemas laborales estructurales, como la temporalidad y la precariedad, así como a la necesidad de abordar un cambio de modelo productivo. Además, han resaltado la importancia de acordar nuevas políticas activas de empleo, la garantía juvenil y la formación, con el objeto de aumentar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente, las mujeres desempleadas.