Laboral

Díaz convoca esta tarde a los agentes sociales para abordar la reforma laboral

UGT y CCOO urgen a llegar a un acuerdo sobre la prórroga de los Erte hasta el 31 de mayo

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla por teléfono en los alrededores del Congreso.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla por teléfono en los alrededores del Congreso.MariscalAgencia EFE

Gobierno y agentes sociales volverán a reunirse este lunes, a partir de las 17.30 horas, para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (Erte), encuentro en el que, según fuentes sindicales consultadas por LA RAZÓN, no es previsible que se cierre un acuerdo para prolongar este instrumento, al menos, hasta el 31 de mayo. Después de este encuentro de carácter técnico, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado una reunión con los interlocutores sociales al más alto nivel para abordar la reforma del mercado laboral, reforma que enfrenta en el Ejecutivo de Sánchez al equipo económico, capitaneado por Nadia Calviño, con los ministros podemitas, liderados por Pablo Iglesias.

La primera reunión para prorrogar los ERTE es continuación del encuentro técnico, celebrado el viernes pasado y que concluyo sin tan siquiera con un preacuerdo. Si, al final, se pacta la prolongación de los Erte hasta el 31 de mayo, estarían vigente hasta más allá del día 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido que la prórroga de los ERTE dure por lo menos hasta junio y que se permita a las empresas ajustar plantillas sin tener que devolver las exenciones correspondientes a todos los trabajadores del Erte, sino sólo las correspondientes al trabajador que se despida.

Actualmente, las empresas acogidas a un Erte están obligadas a mantener el empleo durante los seis meses posteriores al reinicio de su actividad. Si incumplen este compromiso deben devolver las exenciones a la Seguridad Social recibidas por todos los trabajadores del Erte y no sólo por los que sean despedidos. Lo que plantea Garamendi es que sólo tengan que devolverse las ayudas del trabajador que sea despedido. Esta idea no cuenta con el beneplácito de los sindicatos, que piden que se mantenga el actual compromiso de empleo.

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