Calviño propone la constitución de empresas con un euro y eliminar los 3.000 que se exigen ahora

El Ministerio de Asuntos Económicos ha abierto una consulta pública para la elaboración del Proyecto de Ley de impulso a la creación y crecimiento empresarial y de mejora del clima de negocios, que facilitará la creación de empresas de responsabilidad limitada con un euro, en un plazo de 10 días y de manera digital. Asimismo, ha propuesto la mejora de la normativa concursal y propone un sistema de incentivos para luchar contra la morosidad comercial, un sistema de infracciones y sanciones o un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

El proyecto se enmarca en el componente 13 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de establecer un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. Esta propuesta responde a las recomendaciones específicas realizadas por los diferentes organismos internacionales en los últimos años para mejorar el clima de negocios y aumentar el tamaño y productividad de las empresas mediante la eliminación de los obstáculos a la creación y crecimiento empresarial derivados del marco regulatorio, del desigual acceso a la financiación y de las barreras al buen funcionamiento del mercado interior.

De esta forma, el Ministerio pretende eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada, permitiendo su constitución con un euro de “capital funcional”. El documento aboga por establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea, algo que ya recoge la directiva europea de digitalización y que hay que transponer a la legislación nacional.

También apuesta por una mayor reducción de cargas administrativas para las empresas, con una mayor sustitución de autorizaciones o sistemas de control “ex ante” de la actividad económica por declaraciones responsables. Para acabar con el incumplimiento del plazo legal de pago para las operaciones entre empresas (60 días) propone profundizar en la implementación de medidas adicionales.

Economía subraya también que “en un contexto crecientemente digital, resulta preciso establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital”. Así, señala que la directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) “obliga a los Estados miembros a que una SRL pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días”, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.

Adicionalmente, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades mercantiles puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al registro mercantil en formato electrónico, o la obligación de que los registros estén en disposición de responder al requerimiento del registro de otro Estado miembro sobre la inhabilitación de un particular para ejercer como administrador, o medidas destinadas a facilitar el suministro de información por parte de los registros mercantiles a terceros sobre las empresas en formato electrónico. Al respecto, Economía ha constatado un desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas, ya que las más pequeñas se ven obligadas a aceptar unos plazos de pago más largos, impuestos por empresas más grandes, ante el temor de perder esos clientes.

Para apoyar financieramente el crecimiento empresarial, baraja también medidas de acceso a fuentes de financiación diversificadas que no dependan únicamente de fondos propios o financiación bancaria, por lo que ve “especialmente relevante” el papel que puede jugar el capital-riesgo y los mercados alternativos. Asimismo, Economía implementará medidas financieras para impulsar la financiación privada para la creación de ‘startups’ y el proceso de ‘scale up’, así como de impulso de las plataformas de financiación participativa (crowdfunding), de mayor interés para las pymes.

Por último, otras reformas conllevarán la eliminación de barreras regulatorias para el crecimiento empresarial y la creación de incentivos para que las pymes y los autónomos decidan apostar por el crecimiento de su negocio. El Gobierno también abordará la modernización del régimen aplicable a la reestructuración empresarial y, en particular, la normativa concursal, con el fin de disponer de procesos ágiles para los procesos de transformación inherentes al buen funcionamiento de la economía. Lo acometerá mediante otros proyectos de reforma normativa para la trasposición de Directiva de insolvencia (Directiva 2019/1023), que tiene por objeto incrementar la eficacia de los instrumentos preconcursales y del procedimiento de segunda oportunidad.

La consulta pública tiene como finalidad recabar las opiniones y aportaciones de los operadores económicos hasta el próximo 19 de marzo y servirá para configurar una propuesta de anteproyecto de Ley que se elevará a audiencia pública.