Oficial y públicamente, el Gobierno no se ha pronunciado a favor de implantar peajes en todas las vías de alta capacidad para sufragar sus gastos de conservación. Pero la realidad es que cuando se suscita el debate, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no dejan de deslizarse argumentos que dan a entender la inevitabilidad de una medida muy controvertida. Ayer mismo, fue el secretario de Estado del ministerio, Pedro Saura, el que habló del asunto advirtiendo al resto de partidos de que las autopistas, o las pagan los que las usan, o las terminarán pagando todos los contribuyentes.

Durante su intervención en un acto «online» organizado por el Consejo General de Economistas, Saura afirmó que una medida de este tipo, dado su calado, debe contar con el consenso de todos los partidos. «De lo contrario, no se producirá o no será sostenido en el tiempo, como ha pasado con otras políticas tan importantes como la reforma de las pensiones», argumentó. De momento, según el número dos de Transportes, ese consenso no existe. Pero en un mensaje que parece dirigido a esos partidos que no están por la labor, Saura emplazó al resto de fuerzas políticas a que tengan en cuenta que, una vez las autopistas pasan al control del Estado, los gastos de conservación de las carreteras también pasan a formar parte de los gastos incluidos en las cuentas públicas, según advirtió. La reversión de las concesiones de autopistas de peaje supondrá en 2021 un alza del déficit público de 286 millones y de 478 millones anuales a partir de 2022, según datos de Seopan, la patronal de las concesionarias. El Gobierno está recuperando la gestión de las concesiones que vencen porque, según argumenta, Bruselas no permite su prórroga y no hay alternativa hasta que no se tome una decisión sobre qué hacer para financiar la conservación de las grandes vías.

El argumento de Saura de la carga extra del mantenimiento de las carreteras de gran capacidad sobre los Presupuestos que supondría el levantamiento definitivo de todos los peajes ha sido ya usado en otras ocasiones por el propio José Luis Ábalos. En más de una ocasión, el ministro ha deslizado que hay partidas como las pensiones o la sanidad que detraen muchos recursos públicos y que el dinero podría no dar de sí para tantos gastos. Pero tras esta apelación al consenso hay no sólo un deseo de alcanzar un acuerdo perdurable en el tiempo sino también una búsqueda de protección política. Como argumentan desde el sector, la introducción de los peajes tendría un alto coste para el Gobierno de turno que tomase esa decisión. Una decisión consensuada con el resto de fuerzas políticas redistribuiría el coste entre las formaciones.

Los peajes son una de las cuestiones sobre las que se ha interrogado en el proceso de consulta pública del anteproyecto de Ley de Movilidad. La respuesta que el Gobierno ha obtenido en este sondeo es que mientras para la implantación de peajes para acceder a las grandes ciudades hay mayor consenso, en lo referente a su implantación en las grandes vías no lo hay tanto. No obstante, Transportes asegura que, entre los que han participado en la consulta, hay un amplio respaldo al principio europeo de que “el que contamina, paga”, uno de los pilares que sustentas estas tasas en otros países.

Seopan calcula que implantar peajes en las autovías gratuitas reportaría unos ingresos públicos anuales de 4.698 millones al año vía impuestos. Su propuesta pasa por una tasa de unos nueve céntimos por kilómetro, un “peaje blando” destinado a sufragar los gastos de mantenimiento dado que los de construcción de las vías ya están amortizados.